EL PAíS › HABLAN LOS QUERELLANTES POR MEMORIA ACTIVA EN LA CAUSA AMIA

“El encubrimiento fue una decisión política de los tres poderes”

Los abogados del grupo que logró que se juzgue el encubrimiento, y que Menem, Corach, el juez Galeano, sus fiscales y varios agentes de Inteligencia y policías vayan al banquillo, explican su estrategia.

 Por Ailín Bullentini

Los abogados Rodrigo Borda y Alejandro Rúa, representantes de la querella de Memoria Activa en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, consideran que el inicio del debate es “alentador”, a pesar de que transcurrieron quince años desde que la caja de Pandora en aquella investigación sobre la explosión que dejó 85 muertos y cientos de heridos se abrió en la cara de la Justicia Federal. Con la colaboración de Soledad Ribeiro del Centro de Estudios Legales y Sociales, la querella intentará demostrar al Tribunal Oral Federal Nº 2 qué rol jugaron los trece imputados –el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, ex fiscales federales, funcionarios de Inteligencia, policiales y de la comunidad judía, entre otros– en la confección de la invención de una versión falsa que “resolviera” las culpabilidades en el atentado. “No sólo pasó el tiempo después del atentado, sino que hubo maniobras para entorpecer y encubrir. Costó mucho, pero acá estamos”, determinó Borda.

–¿Cuáles son las dificultades de enfrentarse a un juicio como éste cuando pasaron quince años del inicio de la investigación que lo generó y casi veinte de los hechos juzgados?

Rodrigo Borda: –Sin duda el paso del tiempo genera efectos nocivos en cualquier investigación, sobre todo en la de hechos complejos, como éstos. En este caso, el paso del tiempo tiene que ver con la dificultad para determinar qué rol tuvieron los acusados en el encubrimiento debido al lugar que ocupaban en el Estado, al poder que ostentaban. Las tramas de impunidad que sustentaron las maniobras delictivas también. Fueron 21 años en donde no sólo pasó el tiempo después del atentado, sino que hubo maniobras para entorpecer, encubrir, y en este caso también las hubo. Costó mucho, pero acá estamos. Hubo al principio una actuación vergonzosa de (el juez federal Claudio) Bonadio, hubo muchas dilaciones.

Alejandro Rúa: –Sí, estuve al frente de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia entre 2001 y 2006, un momento rico en cuanto a la investigación sobre la construcción de la pista falsa del atentado ya que fue contemporáneo al juicio que acabó anulado (que desarrolló el Tribunal Oral Federal Nº 3). Gran parte de lo que estamos juzgando fue lo que detectó entonces el tribunal en el desarrollo de aquel juicio, gracias a la desclasificación de los archivos de la ex SIDE, al relevamiento de la obligación de los agentes de Inteligencia de guardar secreto y de la actitud activa del tribunal para detectar las irregularidades de la investigación de Galeano y dejarlas bien expuestas.

R. B.: –El trabajo de Alejandro y el de (Daniel) Morín en la Oficina Anticorrupción permitió darle un impulso importante a la investigación en un momento complicado, cuando Bonadio no terminaba de dejar la causa, que había cajoneado durante cinco años, y existían condicionamientos a quienes querían avanzar, obstáculos de todo tipo. Desde ya que Memoria Activa tenía las mismas dificultades. Alejandro tuvo que dejar la unidad...

–¿Cuáles son los obstáculos?

A. R.: –Decimos que el encubrimiento del atentado es una decisión de política de Estado en la que participaron los tres poderes. En gran parte, el hecho que se enjuicia ahora se hizo público en 1997, así que los hubo de todo tipo. Bonadio no nos dejaba ver el expediente (cuando el entrevistado estaba a cargo de la Unidad AMIA). Además de no avanzar en ella, tampoco respondía a los requerimientos del tribunal durante el juicio. Pero el Ejecutivo hacía lo mismo en cuestiones de Inteligencia: los gobiernos de Menem y De la Rúa no accedieron a brindar información de esa naturaleza. En su sentencia, el TOF 3 destaca esa voluntad obstaculizadora, como la de la Comisión Legislativa de Seguimiento de la investigación sobre el atentado, que tampoco denunció nada. Estaba encima de la causa del atentado, pero blindó el caso para que siguiera con todas esas deficiencias delictivas y así llegara a juicio.

R. B.: –El rol de la Cámara Federal es reprochable, porque si bien lo apartan a Bonadio en 2005 no bien el juicio termina como terminó, y en duros términos, lo dejó hacer la plancha durante cinco años.

A. R.: –El TOF 3 en su veredicto también la cuestionó por haberlo dejado seguir a Galeano con la investigación irregular durante años y años. Fue apartado a fines de 2003, casi sobre el final del juicio.

R. B.: –La defensa que hicieron AMIA y DAIA de Galeano también fue un obstáculo. Y la connivencia de otros jueces federales para proteger todas las maniobras delictivas que ocasionó durante su instrucción. La investigación sobre el video en el que se muestra a Galeano negociando con (Carlos) Telleldín el pago de los 400 mil dólares para que mienta en la causa, a muy poco tiempo de haber ocurrido el atentado, quedó en manos del entonces juez federal Gabriel Cavallo, amigo íntimo de Galeano, que lo sobreseyó. Ese sobreseimiento fue apelado por Memoria Activa. La cámara estuvo casi siete años para analizar ese pedido. Siete. Finalmente la Corte lo declaró nulo, cuando Memoria Activa fue en recurso de queja. Memoria Activa insistió en la demora e inacción de los fiscales de esa cámara, de (el titular de la unidad fiscal AMIA hasta enero pasado, cuando falleció, Alberto) Nisman, años antes de su fallecimiento. Y nuestra insistencia fue en soledad, sin apoyo siquiera del Gobierno, que en ese momento no lo cuestionaba a Nisman y no se enfrentaba con los fiscales de Cámara, Germán Moldes y Raúl Pleé; aún no habían organizado la marcha en contra del Gobierno en febrero. Ellos también obstaculizaron la investigación. Todo esto explica los 15 años.

–La carátula de la causa que, en parte, está enjuiciándose desde el jueves es “irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA”. ¿Qué estrategia tiene la querella de Memoria Activa?

R. B.: –Las irregularidades del caso fueron determinadas cuando el caso se juzgó en 2004. Entonces, el TOF 3 detectó un sinnúmero de ellas que llevaron a que se anulara la acusación. Ese fallo fue confirmado por la Corte. No caben dudas de que esas irregularidades existieron, este asunto está fuera de discusión. Lo que tenemos que probar es la responsabilidad penal de cada uno de los que intervinieron en la maniobra.

–La elevación a juicio se dio en dos tramos, uno por el desvío de la “pista siria” y otro el pago de 400 mil dólares a Telleldín para instalar la pista falsa. ¿Es necesario probar su vínculo?

R. B.: –Cuanto más clara queda esa relación, más se va a fortalecer la acusación. Pero opino que las acusaciones de los imputados no van a perder peso si eso no ocurre. En las indagatorias que comienzan la semana que viene (el juez a cargo de la investigación, Ariel) Lijo indagará a secretarios y colaboradores de Galeano por imputaciones armadas cronológica y causalmente, como lo proponemos en nuestra acusación: que hubo una propuesta del Ejecutivo para desviar la investigación y que en función de eso, el pago y la pista falsa.

A. R.: –El modo en que fueron elevados los tramos pudo haber ocasionado una confusión inicial, pero se trata de hechos que forman parte de una maniobra mucho más compleja, aquella sobre la que se echó luz. Procuraremos iluminar más allá, sobre las demás fichas necesarias para el desarrollo de la maniobra, encontrar más actores, pero aún si eso no ocurriera, lo que estamos juzgando estará probado.

R. B.: –Leer que el encubrimiento de la AMIA sólo sucedió porque Menem quería despegar allegados a su entorno es desarrollar una visión miope. Que lo hizo, no hay duda. Ahora, dudamos de que sea sólo porque haya querido despegar a allegados y familiares, se trató de una situación más grave y amplia, sobre la que esperamos que en este juicio surja información que permita desarrollarla.

–Las defensas desplegaron pedidos y actitudes que fueron calificadas por las querellas como dilatorias: Menem ausente, pedidos inconsistentes de Galeano y Beraja... ¿Es un desafío para el TOF 2 neutralizarlas rápidamente?

R. B.: –Para el TOF y también para el Ministerio Público Fiscal. La dilación es una práctica que se volvió sistemática a lo largo del trámite del expediente. No les ha ido tan mal. La inercia de la Justicia Federal tiene prácticas y lógicas que en vez de desalentar estas prácticas las termina fomentando. No son tiros al aire, por lo que exigen de una actitud que quizá vaya más allá de lo que los jueces y fiscales están dispuestos a hacer en casos comunes. Durante la instrucción, nuestra batalla fue en soledad. Una de las quejas que elevamos a la Procuración apuntó a que no nos no nos acompañó el Ministerio Público, sino que fue funcional a esas prácticas dilatorias, y la queja comprendió a Nisman, al fiscal de esta instrucción, Ramiro González, a Moldes, a Pleé. La actitud de las defensas no va a cambiar, ya lo demostraron. El tema pasa por si el TOF va a poner límite y si la Fiscalía esta vez nos va a acompañar. Tenemos expectativas ya que hubo un cambio en la integración de esa parte.

A. R.: –En los intentos durante la primera audiencia el TOF fue contundente y no dio lugar a divagues. Deberá seguir siéndolo, porque estas personas no quieren ser juzgadas porque no quieren ser condenadas. No quieren ni asistir al juicio.

R. B.: –La verdad los perjudica. Les pesa además la mirada social, sobre todo a Menem. Su ausencia el jueves pasado, me atrevo a decir, se debió a evitar el escrache de estar sentado entre los acusados en una causa de esta naturaleza.

A. R.: –Por todo esto, y a pesar del paso del tiempo, es importante que haya empezado el juicio, porque sabemos que de ahora en más iremos avanzando. Es alentador.

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Rúa, Ribeiro y Borda, representantes del grupo de familiares en la causa.
Imagen: Bernardino Avila
 
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