EL PAíS › RICARDO JAIME FUE TRASLADADO DESDE LA CáRCEL PARA DECLARAR

Oleaje sobre la moto

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, el ex secretario de Transporte, preso desde el sábado, negó haber sabido que su hija mayor tuviera una moto de agua.

El detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime negó ante la justicia haber sabido que su hija mayor poseía una moto de agua, en la causa por enriquecimiento ilícito en que se investiga si ese vehículo le perteneció y él lo puso a nombre de su familiar. Así lo informó su abogado defensor Andrés Marutian a la salida de la audiencia de declaración indagatoria en que Jaime compareció frente al juez federal Sebastián Casanello y que este mediodía se aprestaba a tomar declaración como imputada a Julieta Jaime, hasta ahora la única familiar del ex funcionario sin pedido de juicio oral por parte del fiscal. “Incluso le dijo al juez que nunca había visto una moto de agua en poder de su hija”, agregó el letrado. En tanto, luego de declarar y tras haberse negado a hacerlo en la causa que lleva el juez Sebastian Ramos, el ex funcionario volvió a quedar detenido en la cárcel de Ezeiza por orden del juez federal Julián Ercolini, quien ayer rechazó excarcelarlo, en sintonía con la fiscalía, en la causa por la compra de vagones para el Belgrano Cargas.

Desde 2014 Jaime está procesado y embargado en 40 millones de pesos porque supuestamente habría acumulado 12 millones 500 mil pesos durante sus seis años como funcionario de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y Casanello le atribuye la posesión de un avión Lear Jet, un yate, 13 autos, ocho inmuebles, un hotel, y acciones en empresas.

Sin embargo, la moto de agua SSP matrícula TIGR0165 marca Rotax hasta ahora había quedado fuera del inventario de los bienes atribuidos a Jaime, por lo que el fiscal federal Carlos Rivolo pidió la indagatoria realizada ayer con el argumento de que el verdadero dueño es Jaime porque su hija no posee permiso de conducir ese vehículo y para hacer la transferencia usó una boleta de impuesto inmobiliario a nombre de su padre.

Bien temprano el ex secretario se había presentado a la audiencia de declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Ramos en la causa en que se investiga si controlaba a los concesionarios de las líneas ferroviarias y renovaba sus contratos, pero se negó a declarar y pidió más tiempo para tomar conocimiento del expediente. El magistrado accedió a esa solicitud y fijó una nueva audiencia para el martes 12, a las 10, por lo que Jaime coincidirá ese día en los tribunales de Comodoro Py con el diputado nacional y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que deberá declarar como imputado en la causa por la venta del dólar futuro, y con el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, citado a indagatoria en la causa por el Fútbol Para Todos.

Jaime deberá enfrentar el banquillo por enriquecimiento ilícito junto a 16 personas, entre otras su pareja, Silvia Reyss, y las hijas de ésta; su hermano Eduardo Jaime, como así también su ex asesor Manuel Vázquez y el hijo de éste, además del empresario del transporte Néstor Otero, titular de la concesionaria de la estación de ómnibus de Retiro.

El ex secretario de Transporte afronta ya una condena unificada a seis años de cárcel, que aún no se encuentra firme, por destrucción de pruebas en un allanamiento dispuesto en la investigación sobre sus bienes, por haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y por su responsabilidad en la tragedia de Once.

Tanto Jaime como su ex mano derecha Manuel Vázquez seguirán detenidos por decisión del juez Ercolini, quien dispuso que queden alojados en un pabellón de “baja conflictividad” en el penal de Ezeiza. El magistrado rechazó sendos pedidos de libertad formulados por las defensas de ambos acusados, en el marco de la causa en la que se investiga si hubo corrupción en las compras de trenes usados a Ezeiza y Portugal.

El fiscal federal Federico Delgado había recomendado mantener a los imputados en prisión y el juez coincidió con ese criterio ante “la presencia de genuinos riesgos capaces de frustrar el futuro de la investigación penal en curso”. Al denegar las liberaciones, y específicamente sobre Jaime, el juez recordó que “registra antecedentes condenatorios, motivo por el cual, en caso de recaer una condena a su respecto en los presentes actuados, es de presumir que la misma sería de efectivo cumplimiento”.

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Ricardo Jaime tiene una condena apelada a seis años de prisión por destrucción de pruebas.
Imagen: Gustavo Amarelle
 
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