EL PAíS › LA JUSTICIA TERMINA SUS VACACIONES Y VUELVEN LOS CASOS MEDIATICOS Y FALLIDOS

Fin de la feria, vuelta del blooper

Pérez Corradi, Mallo, la hermana Celia Inés, Gutiérrez, López, Báez: algunos de los nombres de los casos con que el Gobierno quiere que la Justicia cumpla su misión, mandar a la ex presidenta a la cárcel.

 Por Raúl Kollmann

Cuando mañana se reinicie la actividad judicial, el abanico de novedades será amplio pero hasta el momento, son numerosísimos los casos en que el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados hacen mucho ruido y las nueces son muy pocas. Ibar Pérez Corradi ya es, para la jueza María Romilda Servini de Cubría, un testigo decepcionante. No aporta nada concreto y no involucra a ningún funcionario del gobierno anterior, como adelantaba exultante la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Pérez Corradi ya declaró, con show incluido, seis veces y volverá a hacerlo el martes. El segundo dolor de cabeza para Bullrich ya se produjo la semana pasada con la pericia que determinó que el arma que tenía Marcelo Mallo, el ex dirigente de Hinchadas Unidas, no es la que usaron los narcos en el doble crimen de Unicenter. Pasada la feria, el abogado de Mallo pedirá su libertad, aunque no está preso por lo de Unicenter, sino por depositar un cheque producto de una estafa en la que él –según sostiene– no intervino.

Bullrich y Elisa Carrió intentaron, con el arma de por medio, vincular a Mallo y el kirchnerismo con la triple fuga de los Lanatta y Schillaci en diciembre, la efedrina, el triple crimen de General Rodríguez y los narcos colombianos. “Mallo proveía las armas para que Aníbal Fernández y Néstor Kirchner mataran”, se despachó Carrió el 25 de junio. Mañana, con el regreso de la actividad plena en Comodoro Py, irá a declarar la hermana Celia Inés, imputada por encubrimiento en el caso de los nueve millones de dólares de José López. No será la única que esté ante el juez Daniel Rafecas: esta semana tendrá que declarar como acusado Eduardo Gutiérrez, el dueño de la empresa constructora Farallón, asociada con Angelo Calcaterra y Nicolás Caputo en varios proyectos. En la indagatoria de Gutiérrez se buscarán los primeros indicios de qué empresarios le pagaron coimas o dádivas a López, una investigación que, si avanza, chocará con las grandes constructoras. La actividad judicial se iniciará también con novedades en el caso AMIA, Lázaro Báez y los Panamá Papers (ver aparte) y con la consigna que invariablemente aparece cuando hay movimiento de Comodoro Py: “La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ir presa”. El análisis de los expedientes no permite, al menos por ahora, hacer ese pronóstico (ver aparte).

Casco

A principios de julio, la ministra Bullrich concurrió personalmente al Aeroparque para recibir al promocionado prófugo Pérez Corradi: para la ocasión hasta inventaron un doble para bajarlo del avión, porque seguramente consideraron que si iban a atacar –no se sabe quién– mejor era que fueran contra un efectivo de las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, el show continuó, esta vez con francotiradores, otra vez cascos, chalecos y centenares de efectivos. Nadie intentó disimular que se trató de armar un show político, orientado contra el gobierno anterior.

Este diario está en condiciones de adelantar que la juez Servini de Cubría considera un fiasco las declaraciones indagatorias del prófugo estrella. Se dice que lo mismo opina el fiscal Juan Pedro Zoni. Tal vez lo más trascendente hasta ahora fue que Pérez Corradi se involucró él mismo en el tráfico de efedrina, es decir que admitió ser parte de la cadena que, a través de laboratorios y droguerías, trajo el precursor desde la India y China y la proveyó a cárteles mexicanos.

Como es obvio, la gran pregunta a Pérez Corradi fue a qué cartel le dio las toneladas de efedrina, dónde y a quién le entregó el precursor. Y nuevamente en este terreno, el ex prófugo evadió las respuestas concretas. Dio un nombre de un mexicano, pero nadie sabe si existe. Y también mencionó a un supuesto traficante argentino, sin aportar ni una sola prueba. El juzgado ordenó una serie de medidas en la investigación, pero se mantienen en reserva para ver si se puede avanzar.

Hasta el momento, Pérez Corradi no aportó nada de nada respecto del gobierno kirchnerista. En la causa de la efedrina ya hay varios funcionarios de la administración anterior procesados, empezando por el ex titular de la Sedronar, José Ramón Granero, un archi-enemigo de Aníbal Fernández. En la mira también está el número dos de Granero, Gabriel Abboud, uno de los más comprometidos. Pero Pérez Corradi no pudo sumar absolutamente nada a la evidencia existente y a la investigación que se hizo durante el kirchnerismo.

Un dato curioso es que Pérez Corradi, al referirse a la trama de las droguerías que traficaban efedrina, apuntó contra José Luis Salerno. El Gordo Salerno fue aquel testigo estrella que Elisa Carrió llevó al living de su casa para que hable ante las cámaras de canal 13.

Pistola

La jueza Sandra Arroyo Salgado, en su fallo del viernes, no sólo le dictó la falta de mérito a Marcelo Mallo por el doble crimen de Unicenter, sino que le dijo a la ministra Patricia Bullrich que explique cómo puede ser que dos peritos hayan dicho que la pistola de Mallo se usó en el shopping y luego se haya determinado que eso es falso.

Según cuentan en off the record los balísticos, la mano de los políticos –en especial de la ministra– fue decisiva en el caso. Los proyectiles que pasan por el cañón de una pistola Tanfoglio calibre 40 no dejan estrías nítidas, de manera que la comparación de dos de esas pistolas no es tan fácil. Cuando los peritos de la Policía Federal hicieron trascender que los disparos de la pistola de Mallo se parecían a los de Unicenter, Bullrich levantó el perfil y, curiosamente, el dato se filtró de inmediato en la radio del grupo Clarín. El Ministerio de Seguridad, bajo el mando de Bullrich, no tomó la más mínima precaución: dio por bueno el dictamen cuando no había salido de una pericia hecha con todas las de las de la ley, sino por una comparación realizada dentro de la Policía Federal. Los peritos oficiales no quisieron contradecir a la ministra y dejaron que el espectáculo continúe.

El inicio de la acusación contra Mallo fue igualmente irregular y grave. Un informe de la Bonaerense indicó que los tres prófugos de General Alvear –los hermanos Lanatta y Schillaci– se habían refugiado en lo de Mallo. El fiscal Mariano Sibuet ordenó el allanamiento y concluyó que los prófugos no estuvieron ahí y que no existía ningún vínculo entre Mallo y ellos. Sin embargo, de ese allanamiento, producto de un armado policial grotesco, se llevaron la pistola Tanfoglio calibre 40 que le sirvió después a Bullrich para unir todo: la triple fuga, el triple crimen, la efedrina, los narcos colombianos y el gobierno anterior.

Durante la semana que se inicia mañana, la jueza Arroyo Salgado seguramente va a decretar el sobreseimiento de Mallo –cuando reciba el informe definitivo de la pericia– y el abogado José Novello pedirá su libertad en otra causa, muy anterior, instruida por el juez Luis Rodríguez, quien lo declaró prófugo porque huyó cuando lo querían meter preso por lo de Unicenter.

La mega-causa por estafa está vinculada con una banda que, supuestamente, tenía certificados de créditos falsos con la AFIP. Esa banda le vendía los certificados a empresas que le debían dinero a la AFIP y con esos certificados achicaban sus deudas. Una de las empresas, por ejemplo, era Crónica, que compraba los certificados al 80 o 90 por ciento de su valor. En total hay unas 200 maniobras de ese tipo. A Mallo lo imputan por haber depositado en su cuenta un cheque proveniente de una operación de ese estilo. El dirigente sostiene que nunca vendió ningún certificado de nada y que sólo depósito, en su propia cuenta, un cheque que le dio otra persona.

Por este caso, Mallo estaba excarcelado, pero cuando lo quisieron acusar por lo de Unicenter, el ex líder de Hinchadas Unidas huyó porque, según dice, tuvo miedo de que lo maten. Al final terminó entregándose. Sin embargo, el juez Luis Rodríguez consideró que su huida violó los términos de la excarcelación anterior, la de la causa por estafa. Todo parece poco razonable e influido por la política: la justicia le dictó una detención trucha por lo de Unicenter y a raíz de eso le quitó la excarcelación que ya tenía. Esta semana se pedirá su libertad, aunque seguramente Bullrich no querrá verlo hablando en todos los micrófonos sobre la maniobra de la que fue víctima.

Convento

Durante la mañana de este lunes, declarará ante el juez Daniel Rafecas la hermana Celia Inés, la monja a la que se ve ayudando a José López a ingresar los nueve millones de dólares al convento. La religiosa será asistida por la defensora oficial, Perla Martínez de Buck. Está claro que en cualquier caso, Celia Inés o cualquiera de las monjas no tuvieron ninguna complicidad en el delito –seguramente coimas– que llevó a que López junte los nueve millones de dólares. El delito será encubrimiento, o sea ayudarlo a tapar las cosas, un delito que, en todo caso, le permitirá la excarcelación.

El martes será el turno de la esposa de López, María Analía Díaz, que posiblemente se niegue a declarar, entre otra cosas porque es difícil que acuse a su marido y, por otro lado, la ley se lo impide.

El miércoles y jueves prestarán declaración indagatoria Andrés Galera, un contador que según los acusadores era un nexo entre las constructoras y López, y después le tocará al empresario Eduardo Gutiérrez, propietario de Farallón. El punto clave de la indagatoria será la casa en el Río Luján en la que vivía López en la época en que tiró las bolsas en el convento. Supuestamente, el ex secretario de Obras Públicas le alquilaba la casa a Gutiérrez, quien construyó la edificación en un terreno de Galera. La cuestión es que el arquitecto que diseñó la casa declaró judicialmente que las instrucciones las dio en todo momento el propio López, es decir que la hipótesis es que el ex funcionario es el verdadero dueño. La sospecha, entonces, es que Galera y Gutiérrez fueron testaferros o que aportaron el dinero –tal vez como coima– para construir la casa de Río Lujan.

La aparición de empresarios es un punto importante en el expediente. Si se supone, con lógica, que los nueve millones de López están originados en coimas, alguien debió pagarlas. Todo indica que el cohecho lo pagaron algunas de las grandes empresas constructoras que se adjudicaron obra pública en la época en que López fue funcionario. Un dato llamativo es que Gutiérrez, que construyó por ejemplo el Museo de Malvinas en la ex ESMA, en sociedad con Nicolás Caputo, el amigo de Macri, mientras que con Angelo Calcaterra, el primo del Presidente, estuvo en la construcción de algún barrio o ruta. El Negro Gutiérrez, como le dicen, también figura como aportante de la fundación de Gabriela Michetti.

Por último, el viernes va a declarar el propio López, acusado por el juez Rafecas por el mismo hecho de la propiedad de la casa. Sus nuevos abogados, Fernando García y Diego Sánchez no adelantaron nada, pero es muy probable que insistan en que el imputado no está en condiciones de declarar.

Cámaras

Todo indica que, aunque haya más ruido que nueces, el fin de la feria traerá nuevamente una nube de cámaras de televisión, móviles y cronistas. Hay un reclamo desde el oficialismo y sus correlatos en la justicia para que la atención esté puesta ahí y no en los tarifazos, las pérdidas de empleo o la recesión.

Por lo que se ve, los ruidos judiciales seguirán apuntando a Cristina, el verdadero trofeo de los tiempos actuales. Mientras tanto, tampoco les viene mal el desfile de imputados o testigos con el casco y el chaleco antibalas puestos, bajando de los camiones celulares como si fueran el Chapo Guzmán o un Pablo Escobar resucitado. Los jueces dicen que semejante despliegue no está pedido por ellos, sino que es una orden del Ministerio de Seguridad.

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Imagen: Télam
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