EL PAíS › EN SESIóN ESPECIAL, LA OPOSICIóN FORZó QUE JUAN JOSé ARANGUREN VAYA A DAR EXPLICACIONES POR LOS AUMENTOS

Cita en el Congreso para el ministro del tarifazo

La oposición reunida consiguió quórum para tratar los proyectos que derogaban los tarifazos en sesión especial, pero necesitaba de los dos tercios para aprobarlos. El oficialismo, que bajó al recinto, no pudo evitar la interpelación a Aranguren para la semana próxima.

 Por Miguel Jorquera

Pese a que evitó que la oposición aprobara en la Cámara de Diputados algunos de las decenas de proyectos contra el tarifazo en los servicios públicos esenciales (agua, luz y gas), Cambiemos no pudo esquivar una derrota política en el recinto. El oficialismo esgrimió argumentos reglamentarios para impedir el tratamiento de las iniciativas, luego de que la oposición alcanzó el quórum para sesionar. En cambio, no pudieron resistir la embestida contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien será interpelado el martes próximo en un plenario de comisiones. Una salida que conformó al Frente Renovador de Sergio Massa, mientras que el Frente para la Victoria insistirá con su proyecto de ley para suspender el tarifazo como “solución política” para los usuarios antes de que la Justicia termine dirimiendo el conflicto.

No fue una jornada feliz para la alianza Cambiemos en la Cámara baja. Primero, especuló con que las diferencias opositoras no lograran conciliar una propuesta común, pero el grueso del arco opositor logró el quórum para sesionar. La decisión del FpV fue “no entrar en una guerra de egos” y participar de la sesión especial solicitada por Victoria Donda (Libres del Sur) con el respaldo del massismo, dejando de lado su propia convocatoria. Esto obligó a Cambiemos a bajar al recinto para que la oposición no reúna los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de los proyectos, que no contaban con dictamen de las comisiones legislativas.

Tampoco pudo lograr que el debate reglamentario tapara la discusión sobre las tarifas. Cambiemos buscó clausurar la sesión y el debate con la votación en la que sabía que la oposición no lograría el número necesario de los dos tercios, pero la airada reacción opositora obligó al oficialismo a pedir un cuarto intermedio. Allí, el presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, decidió no cerrar la lista de oradores pese a la resistencia de su socio político, el radical Mario Negri, y la oposición cargó todos sus dardos contra el tarifazo y a favor de la interpelación del ministro Aranguren ante el malhumor de los diputados oficialistas.

La reacción oficialista llegó por la tarde cuando ya había concluido la sesión especial confirmando una estrategia que Negri había comenzado a esbozar en el recinto. Cambiemos prefirió conceder a la oposición “amigable” la convocatoria para hacer sentar al ministro frente a los diputados antes que su resistencia terminara empujando la unidad del arco opositor para aprobar un proyecto de ley que derogue el tarifazo.

Monzó, Negri y el jefe de los diputados macristas, Nicolás Massot, fueron hasta el despacho de Massa para pactar un acuerdo con la venia de la Casa Rosada. Le propusieron al líder renovador arriesgar una pieza en el tablero aceptando la propuesta de interpelar a Aranguren, como exigía el massismo. La convocatoria fue pactada para el martes a las 14 ante un plenario de comisiones (Asuntos Constitucionales, Energía, Obras Públicas, Presupuesto y Defensa del Consumidor, que sería presidida por el macrista Pablo Tonelli). Un ámbito que el oficialismo considera menos hostil que el recinto de sesiones.

Massa le allanó el camino al oficialismo y se encargó de anunciar ante los periodistas parlamentarios el acuerdo, que en su propia tropa buscaban mostrar como un “triunfo político”. De todas maneras, Massa dejó en claro que su bancada no acompañaría un proyecto de ley para derogar el tarifazo y que buscará aprobar un proyecto de resolución (que no es vinculante) para solicitarle al Ejecutivo que suspenda el aumento de los servicios. “Fijar tarifas es una facultad del Gobierno”, sentenció el jefe renovador.

En el FpV consideran que la interpelación a Aranguren, al que también le exigirán respuestas, “no soluciona el problema que sufre la población con el aumento brutal de las tarifas”, como definió el jefe del bloque Héctor Recalde. El kirchnerismo insistirá en “buscar consensos” para lograr dictamen y aprobar una ley que suspenda el tarifazo, que quieren llevar al recinto de la Cámara baja la semana próxima.

“Debemos buscar una solución política y no que esto los resuelva la Justicia. Fijar tarifas es una facultad del Ejecutivo, pero la reforma constitucional del ‘94 habilita al Congreso a actuar cuando estos sean anticonstitucionales y abusivos como lo son ahora. Nosotros queremos una ley para suspenderlos”, dijo Recalde. Y advirtió: “No olvidemos que ahora a los usuarios se le junta la retroactividad de las facturas con un 400 por ciento de aumento y ya aparecieron avisos de cortes de servicios por falta de pago. Queremos que tarifazo se suspenda, que se realicen las audiencias públicas como marca la ley y se fijen tarifas razonables que rijan desde ese momento y no antes”, concluyó.

Desde el Peronismo para la Victoria (el bloque del Movimiento Evita), redoblaron la apuesta y pidieron el juicio político de Aranguren. Recordaron que el ministro “fue CEO de la empresa Shell, y actualmente posee un importante caudal de acciones de la petrolera transnacional. Esto ha despertado numerosas denuncias luego de que Aranguren firmara siete de ocho licitaciones a su favor”. “Hemos pedido el juicio político debido a su incapacidad en la gestión, reconocida por el propio ministro en el Senado, diciendo que estaban aprendiendo sobre marcha. Tremenda inoperancia a la hora de modificar las tarifas está generando profundas dificultades y angustia en nuestro pueblo”, sostuvo el diputado Remos Carlotto.

El oficialismo, en tanto, busca una estrategia para intentar blindar al ministro más cuestionado de la gestión macrista cuando el martes tenga que enfrentar a los diputados opositores.

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El oficialismo esgrimió argumentos reglamentarios para impedir el tratamiento de los proyectos.
Imagen: DyN
 
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