EL PAíS › PARA DARLE FUEROS, LA GOBERNADORA
DE SANTIAGO NOMBRO MINISTRO A SU MARIDO

Juárez, ahora a prueba de citas judiciales

Es la última sorpresa santiagueña. Nina Aragonés despidió a su ministro de Economía para designar allí a su marido. La jugada busca aventar el riesgo de las causas federales por las desapariciones ocurridas cuando él era gobernador. Debate sobre el alcance de los fueros para el cargo de ministro.

 Por Alejandra Dandan

¿Macondo? No, pura filosofía juarista. Carlos Juárez tardó sólo quince minutos en conseguirse un escudo de hierro contra la avanzada de la Justicia Federal que lo tiene en la mira. Hasta ayer a las 12.30 de la mañana era apenas un asesor político de la Casa de Gobierno. Quince minutos más tarde, su esposa, la imbatible gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés, lo convertía en el nuevo ministro de Economía. Un cargo que le otorgaría el mismo tipo de fueros por los que ella hace apenas tres días consiguió librarse de dos causas federales. La declaración de uno de sus ex ministros en el juzgado federal aceleró el nombramiento que al cabo del día se convirtió en el primer error de cálculos del flamante ministro: de acuerdo con la Constitución provincial, sólo los funcionarios elegidos por voto directo son poseedores de fueros. El dato de color de una jornada negra fue un habeas data que consiguió dar por primera vez con 40.000 carpetas de espionaje que ponen al desnudo documentos de la Gestapo santiagueña (ver aparte).
El Plan Fueros Especiales es parte de las estrategias que cocina un reducidísimo grupo de colaboradores de la Casa de Gobierno de Santiago, la otra Casa Rosada. El jueves a la tarde, sobre la mesa de un bar, un abogado que forma parte de aquel grupo, le detalló a este diario parte del plan de resistencia. Entre los datos incluyó los fueros: “Si nos siguen apretando ¿sabe qué vamos a hacer? –preguntó totalmente exaltado–; lo nombramos ministro, y a la mierda!”.
Los “aprietes” en cuestión son en realidad, una sucesión de causas federales que en este momento impulsa el juzgado de Angel de Jesús Toledo. Desde allí partieron hace una semana los dos pedidos de desafuero para la gobernadora, imputada por defraudación al fisco en la causa Anses y como presunta autora ideológica del atentado contra la casa del diputado José Figueroa en julio de 2002. Los pedidos fueron rechazados por la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Un día después, el juez Toledo volvió a la carga: esta vez en una causa donde se investiga la responsabilidad de Carlos Juárez en la desaparición forzada de personas durante los años previos al golpe militar.
Ayer era el día clave en esa causa. A las diez de la mañana se presentó en el juzgado federal Robin Zaiek, ministro de gobierno de Carlos Juárez antes del ‘76. El ex comisario Musa Azar había disparado su nombre en una declaración periodística primero y luego ante el juez, cuando se autoincriminó por la desaparición de Emilio Abdala, un concejal de la localidad de Clorinda “chupado” en la Casa de Gobierno en setiembre de 1975. Según la declaración, él mismo lo había retirado del despacho del ministro antes de entregarlo al Batallón 141 del Ejército donde desapareció.
Zaiek ayer hizo su descargo. Horas antes de la nueva designación de Carlos Juárez, dejó atado al ex gobernador en la causa Abdala. “Juárez tenía conocimiento de la desaparición del concejal”, les dijo Zaiek a los periodistas locales que lo esperaban en el juzgado. Poco después, en el despacho de Toledo repitió lo que “vine diciendo desde hace veinte años”, contó a Página/12. Lo que viene diciendo es que Juárez le dio la orden a él y a Musa Azar para hacerse cargo del concejal Abdala cuando fue citado en la Casa de Gobierno y que durante todos estos últimos años, “la Justicia no investigó: estuvo encubriendo a los verdaderos responsables”.
El ex ministro fue convocado en el juzgado como testigo y no como imputado porque en 1988 obtuvo una “falta de mérito” por la misma causa. Aun así, Toledo consideraba que su testimonio es clave para profundizar, ahora, la investigación sobre la “cadena de mandos” y las responsabilidades de Carlos Juárez, por entonces gobernador de la provincia.
Ahora Toledo deberá evaluar si tiene elementos para convocar a Juárez en calidad de testigo, imputado o detenido. Por las dudas, los bastonerosdel caudillo lo convirtieron en ministro para salvarlo: una jugada política y legalmente errada.
“Los únicos que tienen fueros en la provincia son quienes fueron elegidos por el voto directo”, le decía ayer a Página/12 Manuel Antonio Yorbandi, ex juarista y ahora diputado del nuevo bloque kirchnerista. Esa definición surge de la Constitución provincial pero, como siempre, en tierras de los Juárez, existen excepciones. Según un artículo del Código Procesal del Derecho Público de la provincia, los ministros gozan de inmunidad sólo en el ámbito provincial. Esa enmienda lo protegería a Juárez ante causas tramitadas en la justicia ordinaria, pero no en una instancia federal.
Aun así, a las 12.30 del mediodía, su esposa lo convirtió en ministro. Entre las 12.30 y la 13.00, Nina Juárez le exigió la renuncia al ahora ex ministro Pedro Martínez, firmó el nuevo decreto de designación y preparó al jefe de Gabinete, Carlos Penna, para que le tomara juramento. A su estilo, vértice de un sistema donde anida una Gestapo (ver aparte).
La nueva treta de los Juárez aún no se conocía cuando despegó del aeropuerto de Santiago un avión que trasladaba de regreso a Buenos Aires a los secretarios de Derechos Humanos y de Justicia, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse, después de tres días de gira en la provincia. En varias ocasiones, los funcionarios ya habían criticado con dureza a los diputados del juarismo por “impedirle a la Justicia” la indagatoria a Nina Juárez. Hablaron de impunidad, de crisis orgánica de las instituciones y, a bordo del avión, uno de los integrantes de la misión federal mencionó la palabra “Macondo” cuando un llamado acercó la noticia.

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El anuncio era que Carlos Juárez asumiría a las 18.30, pero lo hizo al mediodía, urgido por las noticias que llegaban de Tribunales.
 
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