EL PAíS › EL INTERVENTOR DESACTIVO EL
CENTRO DE ESPIONAJE QUE SUPO ARMAR MUSA AZAR

Adiós a la Gestapo del matrimonio Juárez

Fue la primera medida, más que simbólica, que tomó la administración Lanusse. El edificio donde funcionaba la Subsecretaría de Informaciones, también conocida como D-2, es uno de los que irán cerrándose en los próximos días. La Gendarmería se hará cargo. Destituyeron a los jefes de policía.

 Por Alejandra Dandan

El centro de detenciones ilegales, base de espionaje y operativa del siniestro ex comisario Musa Azar quedó finalmente desactivado. Fue la primera medida ejecutiva y al mismo tiempo profundamente simbólica del gobierno de la intervención. Fue el primer decreto firmado ayer a la mañana por Pablo Lanusse. El edificio conocido formalmente como Subsecretaría de Informaciones es sólo uno de los que irán cerrándose y anulándose en los próximos días. “Desactivaremos toda las estructuras de espionaje que funcionaban al margen de la ley”, dijo el ex fiscal, que hizo otra apuesta simbólica a la hora de escoger el escenario donde lanzaría el anuncio: la sede de la policía provincial, la cueva ubicada frente a la plaza Libertad donde anidaron durante todos estos años los hombres de la Gestapo santiagueña. La excusa fue el recambio formal de las cabezas del organismo, a partir de ahora controlado por dos hombres de la Gendarmería.
La entrada de Lanusse al mausoleo policial fue otro golpe de fuerza del nuevo gobierno contra la herencia de los Juárez. A las cuatro de la tarde, el nuevo interventor atravesó las diez cuadras que separan la casa de gobierno del viejo edificio policial para poner en funciones a los nuevos jefes de la fuerza: el comandante general Oscar Ramón Londra, director de la Escuela e Instituto de la Gendarmería Nacional, y a Juan Outilio Sainz, especializado también en educación y formación de las tropas.
El acto de posesión tuvo varios efectos, políticos y simbólicos al mismo tiempo. Los gendarmes asumieron con una sala poblada de periodistas pero despoblada de policías. Ninguno de los seis integrantes de la plana mayor que aún sigue en funciones dentro del organismo se hizo presente. Sólo había funcionarios vestidos de verde. Las juras se hicieron sobre una Biblia y sobre la Constitución, un dato especialmente llamativo para los policías que daban vueltas sin rumbo en el interior del edificio. Hasta ahora nadie se había ocupado de usarlos o de pedirlos. La ceremonia se retrasó durante una hora completa: simplemente porque el edificio dejado por el régimen no poseía tales símbolos.
De allí en más, los efectos políticos y simbólicos de la asunción corrieron por parte de Lanusse. El interventor puso en disponibilidad sólo a los dos jefes de la policía: el comisario mayor Jorge Daniel Escobar y el subjefe Aníbal Tejeda. No dejó cesante a la tropa, sólo apuntó a las cabezas: “El hilo siempre se corta por lo más delgado –aclaró–; acá empezamos por los jefes”.
Aunque la purga policial de una de las estructuras vertebrales del régimen de terrorismo implementado por los Juárez continuará, Lanusse sabía que el acto de ayer era su primer acto político. El anuncio no sólo lo observaría atentamente la tropa policial. Sería seguido de cerca por empleados de la Justicia, por jueces, por ex diputados, intendentes, concejales. La gente de una provincia donde el 86 por ciento de la población depende directa o indirectamente del Estado. Su discurso en ese escenario era la voz de la intervención. Una voz extranjera que aún despierta sospechas en ese bastión de administrados.
Por eso hizo anuncios, pero los hizo con cuidado. La intervención revisará cada legajo policial, dijo. Y una vez hecho el diagnóstico avanzará sin miramientos con uno de los objetivos más claros de su mandato: “Los que tengan denuncias por violaciones a los derechos humanos pasarán a disponibilidad”, dijo. Y aclaró con un mensaje destinado a ese 86 por ciento que sigue de cerca cada uno de sus pasos: “No queremos una caza de brujas: aquellos que estén bien tendrán espacio para quedarse”.
Los escuadrones de la policía provincial fueron el corazón operativo de los Juárez. Eran una de las garras con los que el régimen se abastecía de mano de obra denunciada por todo tipo de delitos: abigeato, narcotráfico, robo, delación, espionaje, implementación sistemática de torturas y hasta desaparición de personas. “Violación sistemática de los derechos humanos”, aclaraba después del acto Fernando Rinaldi, el nuevo secretario de Derechos Humanos. Musa Azar se había convertido en el paradigma de esa estructura. Y la desactivación de sus oficinas se convirtió ahora en el vector simbólico que se dispone a tomar el nuevo gobierno.
Con el desguace del imperio de Musa, Lanusse anunció la destrucción de otro de los pilares simbólicos del régimen del terror: la D-2 o Subsecretaría de Informaciones, el ámbito donde operaba el aparato de espionaje del gobierno. Una estructura que saltó al desnudo el último 5 de marzo cuando se descubrieron los 40 mil legajos de espionaje ordenados por el régimen sobre todo y sobre todos: las carpetas contenían información del obispo Juan Carlos Maccarone, de sacerdotes, de políticos juaristas y opositores, de jueces adeptos o independientes. De periodistas, de maestros. Los archivos en este momento están en manos de la Justicia, recordó el propio Lanusse cuando le preguntaron sobre la herencia.
El final de la Gestapo santiagueña recién comienza. Y en esa zaga quedó incluida la mismísima ex jefa de gobierno. Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez, a esta hora prisionera en su residencia, volvió a poner en marcha el 6 de febrero pasado uno de los mecanismos típicos de la dictadura: un edicto policial que prohibía manifestaciones públicas o eventos de esas características en los alrededores de la casa de gobierno. El edicto también fue barrido. Justamente ayer, cuando por primera vez llegaban hasta la casa de gobierno los miles y miles que desde febrero del año pasado acompañan a los familiares de las víctimas del llamado doble crimen de La Dársena en marchas silenciosas que cada viernes atraviesa once kilómetros de la ciudad para detenerse en el centro.
Olga y Juan Domingo Villalba y Jounes Bshier, los padres de Patricia y de Leyla, anoche entraban por primera vez al despacho del interventor acompañados por los caminantes. El régimen, sus consecuencias, sus activistas y militantes aún no se acabaron. Pero el proceso empezó. La recuperación de la casa de gobierno parece el resultado de esa okupación de espacios que empezó en la calle. Tal vez por eso, los organizadores de las marchas decidieron repetirla ayer y anunciaron la continuidad. También están alertas. De aquí en más las marchas se transformarán en otro de los símbolos en emergencia: el control social sobre el gobierno.

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Los padres de Patricia y de Leyla entraron por primera vez al despacho del interventor acompañados por los caminantes.
 
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