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Juárez quiere prisión en Capital y la nueva intervención también

La prisión del caudillo y su esposa en Santiago genera un foco de conflicto extra al nuevo gobierno, que prefiere verlos presos en Buenos Aires. El ex gobernador y sus abogados intentarán la mudanza apelando a cuestiones de salud.

Por A. D.
Desde Santiago del Estero

Un bumerang. Una bomba de tiempo. En la calle Los Andes está encerrado en este momento uno de los asuntos más críticos para el nuevo gobierno: Carlos Juárez y Nina Aragonés. Después del primer día de furia provocado por el anuncio de la detención, los alrededores de la casa de los Juárez se calmaron. Ya no hay vallas ni opositores gritando. Sobre la calle permanecen sus fieles, que han establecido una guardia. Por esa pura presencia la gran casona se ha trasformado en un espacio minado, por ahora inactivo, pero que preocupa a las nuevas autoridades. “Juárez tiene que estar preso”, le confió a Página/12 una de las voces centrales de la Intervención. “Si está preso en Buenos Aires, para nosotros es mejor”, aclaró.
Entre los autoconvocados al equipo de asamblea permanente organizado en torno a la casa del juarismo, ayer a la tarde estaban las columnas santiagueñas del partido, las mujeres, parte del poderoso aparato de la rama femenina controlado por la ex gobernadora. Como bastoneras de una imagen que se desintegra a pedazos, unas treinta mujeres permanecían ahí haciendo nada; paradas, calladas, sentadas sobre la vereda. Acompañaban con pava y mate a la guardia de la Federal que ahora reemplaza a los policías provinciales de la carpa VIP que desde hacía años vigilaban la casa desde la vereda de enfrente. Mirna Juárez Reuter, una de las diputadas de la provincia, ahora desempleada, era una de las que estaba allí. También estaba Elizabeth Torres de Díaz, una de las concejales de la ciudad de Santiago, parte de la estructura de Concejos Deliberantes municipales que seguirán activos durante los próximos seis meses.
Los jefes políticos del viejo régimen están detenidos con prisión domiciliaria desde el jueves pasado por disposición del juez Federal Angel de Jesús Toledo. El martes próximo, Carlos Juárez será indagado por la desaparición del ex concejal Emilio Abdala, detenido en la Casa de Gobierno en diciembre de 1975. En aquel momento Juárez llevaba adelante su segundo período de gobernador en la provincia con una estructura en la que participaban dos hombres de la SIDE lopezrreguista, José Marino y Oscar Nis, el ex comisario Musa Azar a cargo de la Subsecretaría de Informaciones o SIDE provincial y su mujer, por entonces joven Subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad.
Aunque por entonces, sobre el resto del país las huestes de la Triple A anticipaban las metodologías del Terrorismo de Estado, y la llamada ley Luder lanzaba un manto de protección sobre las cabezas civiles de los gobiernos provinciales, Santiago del Estero promovió sus propios ejércitos, sus propios detenidos, sus propias torturas y desaparecidos. El ex concejal Abdala fue uno de ellos. La siniestra huella dejada es el camino que en este momento tomó la Justicia para comenzar a investigar otras tres desapariciones de la democracia y la prisión de unos treinta detenidos ilegales. También las cuentas pendientes de Juárez y la vía judicial, abierta por la Nación el año pasado, para dictaminarle la expulsión del gobierno y ahora el encierro.
Con la imputación por crímenes de lesa humanidad, el juzgado tiene garantizado la no excarcelación del caudillo. Pero no tiene garantizadas las cuestiones de pax social o de seguridad pública. Toledo lanzó la orden el jueves. A la misma hora que en Buenos Aires el gobierno nacional anunciaba oficialmente la intervención de Santiago y cuando Pablo Lanusse hacía lo propio con su próximo gabinete. Un movimiento de Juárez aceleró la decisión del juzgado. El viejo caudillo se había tomado un respiro durante la mañana de su último día de trabajo para hacerse una escapada a la seccional de la Policía Federal: quería actualizar pasaporte y cédula. Para evitar una fuga repentina, el fiscal federal Alberto Pravia pidió la detención, refrendada más tarde por Toledo. En ese mismo momento, a la legión de interventores que se aproximaba desde Buenos Aires se les originó el primer gran tropiezo: “Fue un problema –confirma una de las fuentes consultadas–: no porque Juárez no debía estar preso sino porque nos generaba un nuevo foco de conflicto”.
Dicho y hecho. Durante toda la tarde del jueves la casa de los Juárez se trasformó en un campo de box. Para los interventores, Juárez en Santiago no es exactamente un foco de tensión candente, pero es un escenario atendible. De acuerdo con las fuentes del juzgado federal consultadas por este diario, nadie se comunicó con Toledo para pedirle algún tipo de salida o de cambio del sitio de detención. La estrategia de desarraigo, si es que la hay, llegó formalmente del lado de sus abogados. En este momento ellos mismos preparan un pedido para trasladarlo a Buenos Aires. El viejo caudillo fue operado del corazón, tiene un marcapasos que, supuestamente, debería ser controlado en los próximos días en la clínica Sagrado Corazón de Buenos Aires, donde los Juárez cuentan con otro refugio: un departamento en la calle 3 de Febrero, en el barrio de Belgrano.
Los abogados de Juárez ayer pasaron por el juzgado de Toledo. Estuvieron chequeando detalles de la indagatoria del próximo martes. Anunciaron que el viejo caudillo “está en condiciones de presentarse”. La misma fuente judicial consultada por este diario aseguró, en cambio, que no hicieron ninguna presentación para pedir el traslado. Y agregó: “Si lo hacen como ocurre normalmente en estas circunstancias se necesitará el dictamen de algún otro médico, un perito, que avale la necesidad del chequeo y del traslado”.
De momento y con los datos que permanecen en pie, la Intervención tendrá a Carlos Juárez alojado en Santiago del Estero al menos hasta el próximo martes. Toledo no ha decidido ordenar la prisión preventiva con domicilio en Buenos Aires. Aún así, existe acuerdo y el destino de Juárez podría encaminarse hacia el exilio aspirado secretamente por la Intervención: “La Justicia es consciente –explicó la fuente judicial de referencia– de que una detención como ésta puede tener consecuencias negativas o que existen cuestiones de seguridad que pueden estar amenazadas”. En ese caso, agregó, “no habría inconvenientes para trasladarlo”.

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Anoche una nueva marcha, en repudio al viejo régimen, se realizó en Santiago del Estero.
 
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