EL PAíS › SOLA DECRETO LA “EMERGENCIA DE SEGURIDAD” EN EL CONURBANO

Para levantar el guante de Blumberg

Entre el paquete de medidas, habrá 1300 policías más en la calle y los estatales serán administrativos en las comisarías.

 Por Carlos Rodríguez

Con el guante que le arrojó Juan Carlos Blumberg, el padre de Axel, todavía colgando de su mejilla, el gobernador bonaerense Felipe Solá salió anoche a anunciar que, por decreto 655, se pondrá en marcha “la emergencia de seguridad en todos los municipios del conurbano” bonaerense, medida que se aplicará “desde ahora” y hasta el 31 de diciembre próximo. En las cuestiones operativas, lo que se dispone es la movilización de 1000 agentes, ahora dedicados a tareas administrativas, y de otros 300, éstos pertenecientes a la fuerza de elite conocida como Marea Azul, para incrementar la vigilancia en las “zonas más calientes” del Gran Buenos Aires. El gobierno provincial le pedirá a la Nación el envío de “otros 1400 efectivos federales”, se destinarán a los operativos 1000 nuevos móviles que se irán incorporado en forma gradual y el sistema de cuadrículas vigente será modificado para que cada una de las patrullas tenga un recorrido menos extenso, a fin de “mejorar la eficacia de la prevención”, explicó a Página/12 una fuente oficial. En forma paralela, tanto a nivel provincial como nacional, se impulsarán leyes más duras para acelerar las condenas y para trabar las excarcelaciones. Nada se dijo, en cambio, sobre qué se hará para poner en orden a la Bonaerense, que aparece cada vez más cuestionada en relación, precisamente, con el caso Blumberg.
El presidente del bloque de Diputados del justicialismo, José María Díaz Bancalari, quien acompañó a Solá en la rueda de prensa ofrecida en la Gobernación, dijo que el miércoles, en el Congreso nacional, se tratará un viejo proyecto suyo que pretende poner coto a la venta indiscriminada de celulares a los llamados bolseros. Ese comercio, abiertamente ilegal, tiene influencia directa para facilitar el accionar de las bandas dedicadas a los secuestros extorsivos. Por otro lado, Díaz Bancalari dijo que su bloque propicia la modificación del Código Penal para que la pena de reclusión o prisión perpetua “se aplique hasta el último día”, es decir hasta los 25 años que marca la ley.
Esto significaría privar a los detenidos del derecho que hoy tienen a la libertad condicional o a las salidas transitorias, tema que seguramente desatará una fuerte polémica entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. A nivel de la Legislatura provincial, este martes se analizarán distintos proyectos que, según anticipó Solá, pretenden “agilizar los procesos judiciales, agilizar la aplicación de condenas y ponerles trabas a las excarcelaciones que no corresponden”.
“No soy el mismo y ninguno de ustedes puede ser el mismo después de la noche de ayer”, dijo Solá en tono dramático al abrir la conferencia de prensa. Aludió así a la marcha realizada el jueves en el Congreso, convocada por Juan Carlos Blumberg para proponer medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas para que no ocurran más crímenes como el sufrido por su hijo Axel. De lo que también se habló, aunque sin anunciar ninguna medida concreta, fue sobre cómo poner en caja a la Policía Bonaerense, habida cuenta de las sospechas sobre la participación de uniformados en el caso Blumberg.
“Control y trabajo, de arriba para abajo, que el jefe Departamental controle a los comisarios, que los comisarios controlen a los jefes de calle, que los jefes de calle controlen al personal de calle”, aseguró Solá, repitiendo el abecé propio de una fuerza de por sí verticalista. “Los policías no pueden delinquir ni omitir, no pueden dejar de estar donde deben estar y no pueden dejar de responder cuando deben responder”, siguió el gobernador en la misma línea de pensamiento, pero sin especificar ninguna medida concreta que extreme los controles sobre una fuerza que nunca termina de sacudirse su fama de “maldita”.
Solá también impulsó una vieja idea que propicia el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Matías de la Cruz, la “desfederalización” de la investigación sobre delitos vinculados con el tráfico de drogas. “Lo que pretendemos es que los fiscales provinciales puedan intervenir ante las denuncias sobre la venta cotidiana de drogas, al menudeo, porque muchas veces es imposible denunciar esos casos por la distancia que existe para llegar a los tribunales federales.” El gobernador hizo una relación directa entre droga y delito, al afirmar que “hoy es cotidiano que la droga llegue a lugares donde hasta hace poco ni soñábamos”.
En el decreto, firmado por el gobernador y nueve ministros del Poder Ejecutivo provincial, se declaró al territorio bonaerense “en estado de emergencia la seguridad de los municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2004” a los efectos de “implementar todas aquellas acciones necesarias para intensificar el nivel de seguridad vigente”. Los fiscales deberán reducir “al mínimo posible” la delegación de “actos procesales” al personal policial, para que puedan ellos desempeñar tareas de prevención y represión. Unos 1000 agentes que cumplen tareas administrativas serán asignados “a tareas operativas, suspendiéndose para ello toda actividad ajena a la labor estrictamente policial”. Esos efectivos serán reemplazados en su función administrativa por agentes civiles que trabajan para el Estado.
En su momento, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Graciela Giannettasio en forma interina, informará en un plazo que no se especifica “sobre las demás acciones y emprendimientos considerados esenciales para el logro de los objetivos definidos” en el decreto. En el marco operativo, unos 300 efectivos de elite de la fuerza denominada Marea Azul, compuesta por efectivos de Infantería y de Caballería, reforzarán la vigilancia en las “zonas más calientes” del conurbano, junto con otro 1000 efectivos liberados de tareas administrativas o judiciales y unos 1400 agentes de las fuerzas de seguridad federales que podrían ser aportados por decisión del gobierno nacional.
En su discurso ante los medios de prensa, Solá deslizó también una tibia autocrítica: “Lo que hicimos hasta ahora, aunque nos hayamos esforzado, no ha sido suficiente de parte nuestra ni de parte de los funcionarios nacionales (...) en muchos casos hay que admitir eso, hay que admitir que uno se ha equivocado”.

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El gobernador Felipe Solá dijo que pedirá al gobierno nacional que le envíe 1400 efectivos.
 
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