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Desde la cárcel, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, señaló ayer que el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, “en lugar de alentarnos en la causa, nos desalentaba. Nos decía que estábamos perdiendo el tiempo y que nunca íbamos a descubrir nada”. Beraja, con diez años de atraso, denunció que un hombre clave del gobierno de Carlos Menem, que además tenía bajo su órbita a la Policía Federal –una de las fuerzas que investigaba el caso–, decía que todo iba camino a la impunidad, que no había nada que hacer y al mismo tiempo tiraba para atrás a los dirigentes de la comunidad judía, sugiriéndoles que no hicieran nada porque era una pérdida de tiempo. Por la noche, Corach salió al cruce de esas declaraciones diciendo que nunca había desalentado la pesquisa, aunque admitió que muchas veces reconoció lo difícil que fue, en otros atentados de ese tipo, encontrar a los responsables.
A guisa del discurso que le achaca, Beraja debería haber denunciado en su momento a Corach. Pero hizo exactamente lo contrario, al punto de que su relación con el ministro siempre fue la de carne y uña; uno de los hijos del ex ministro trabajó para Beraja y fue Corach quien convenció a los dirigentes de la comunidad judía de que fueran a la Casa Rosada, con la cabeza gacha, a pedir perdón por las críticas y denuncias que hicieron los familiares en un durísimo discurso que leyó Laura Ginsberg en el acto-aniversario del 18 de julio de 1997.
Las declaraciones de Beraja constituyen la primera rajadura en un frente que fue muy sólido durante años: el tándem Menem-Corach-Anzorreguy-Beraja comandaba todo lo relacionado con la investigación del atentado. Así lo entendieron los jueces del tribunal oral que ordenó que se los investigara a todos por su responsabilidad en la trama política que estuvo detrás del armado de las pistas falsas en el caso AMIA. En el comunicado que emitieron los magistrados Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, dice que “el juez Juan José Galeano construyó una hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.
Según lo declarado en el juicio oral, el armado político de las pistas falsas tuvo un momento clave cuando, en septiembre/octubre de 1995, el juez Galeano volvió de una reunión con Corach con un papel en el que había un punteo de lo que sería la pista policial. El juez les dijo a sus secretarios y a los empleados del juzgado: “Desde ahora, ésta es la pista que hay que cerrar y hay que tener todo listo para el segundo aniversario del atentado”. Varios integrantes del juzgado –según declaró uno de sus ex secretarios– dijeron que la pista policial no coincidía del todo con lo que había en el expediente, pero Galeano se mantuvo firme en que ésa era la hipótesis a consagrar antes del segundo aniversario. En la cúspide de esta trama estaba Menem, quien hacia abajo operaba sobre Corach, Anzorreguy y el propio Beraja. Pero las alianzas más intensas eran las de Corach-Beraja por un lado y la de Anzorreguy-Galeano por el otro.
Según dejó trascender el fallo y el comunicado de los jueces, ejemplos de cómo operó ese entramado fueron las dos visitas que la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo –muy cercana a Corach– realizó a la cárcel de Devoto en donde estaba alojado Telleldín. Riva Aramayo volvió con un papel en el que había un croquis de las manzanas aledañas a la casa de Telleldín y ahí se ubicaban, con nombres, a los hombres de la Bonaerense, a quienes después se los sindicaría cómo cómplices del atentado porque en ese día –el 10 de julio de 1994– supuestamente se llevaron la Trafic que estalló frente a la AMIA ocho días más tarde. Riva Aramayo le dijo entonces a Galeano que el mapa había sido confeccionado por Telleldín y que los nombres también los había puesto El Enano, como llaman a Telleldín. Se comprobó que no se trata de la letra del Enano y tampoco de Riva Aramayosino de uno de sus colaboradores. Los elementos de la pista falsa se empezaron a armar temprano.
Después se convino el pago de 400 mil dólares a Telleldín y éste aceptó declarar, incluyendo un reconocimiento fotográfico falso del subcomisario Raúl Ibarra, cercano a Ribelli. La trama –según los magistrados– operó de esa manera: una jueza ligada a Corach hizo los primeros tanteos, el juez Galeano arregló y autorizó el pago clandestino e ilegal y Hugo Anzorreguy sacó los fondos de la SIDE. Según sugieren los jueces, Beraja estaba al tanto de toda esta operación –en algún testimonio se habla de un sponsor, en clara referencia a Beraja– y por ello se pide el sorteo de un juez para que lo investigue por falso testimonio, justamente porque dijo que no sabía nada del pago. Los magistrados sugieren que el cuarteto Corach-Beraja-Anzorreguy-Galeano concretó el armado de la pista falsa.
Ayer, el ex presidente de la DAIA negó la imputación. “En ese momento ni a mí ni a toda la gente que estaba alrededor mío, que eran muchos, nadie advirtió que estábamos frente a un hecho de las características que describe el tribunal. Niego toda participación en cualquier operativo del Estado destinado a incriminar a personan inocentes. De haber existido esa circunstancia, estaríamos ante un hecho de gravedad institucional.” La íntima relación que existía entre Beraja y Corach sugiere que difícilmente el Gobierno hubiera puesto en marcha el operativo sin el visto bueno de Beraja. Habrá que esperar que los magistrados den a conocer los fundamentos del fallo, el 29 de octubre a las 20, pero seguramente allí se mencionará que Beraja tuvo tres reuniones con Telleldín y su abogado, Víctor Stinfale, dos en forma secreta y otra en el juzgado de Galeano, pero sin la presencia del juez.
El dueto Beraja-Corach funcionó a pleno en el momento de mayor crisis. Los familiares de las víctimas, que por entonces estaban unidos, denunciaron con singular dureza la falta de voluntad de encontrar a los culpables. En el acto del 18 de julio de 1997, los ministros de Menem –entre ellos Corach– fueron silbados e incluso pasó un enorme sofocón el propio Beraja, también abucheado largamente. Aquella tarde, tras un llamado de Corach en el que le dijo a Beraja que Menem estaba muy enojado, el ex titular de la DAIA, junto a otros dirigentes de la entidad y el presidente de la AMIA concurrieron a la Casa Rosada, desautorizando de hecho tanto el discurso de los familiares como el repudio espontáneo del público. Aquel cruce de la Plaza de Mayo hacia la Rosada siempre se interpretó como una humillación. Beraja cumplió con el pedido de Corach-Menem esa misma tarde.
En el juicio oral quedó claro que no había voluntad de investigar. Uno de los secretarios de Seguridad de Menem, Andrés Antonietti, declaró que el ex presidente nunca le preguntó por la investigación y que el tema nunca fue tratado en una reunión de gabinete. Los dichos de ayer de Beraja exhiben una vez más ese cuadro: el ministro del Interior decía que no había nada que hacer y que todo era perder el tiempo.
Según dejan entrever los integrantes del tribunal oral, todo el armado de la pista falsa tuvo como objetivo darle culpables a la sociedad y “satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Esta última referencia induce a que no se quiso avanzar en la pesquisa por aquellos oscuros intereses. Por ejemplo, podía quedar expuesto el hecho de que Menem recibió fondos de países árabes para financiar su campaña electoral y que incluso hizo promesas de transferirles tecnología nuclear y triangular armamentos, algo que después no cumplió. En Medio Oriente se lo veía como un traidor y si se investigaba con eficiencia hubiera salido a la luz aquel financiamiento oscuro. Respecto de Beraja, siempre estuvo la sospecha de que no quería enfrentarse demasiado al Gobierno porque a la vez era el titular del Banco Mayo que requería de asistencia oficial para subsistir. Es más, poco antes de caer, el Mayo recibió 380 millones de pesos/dólares para salvar el banco. Ayer, Beraja sostuvo: “Esa es una infamia que instalaron sectores opositores interesados, porque los hechos hablan mejor que las palabras. El banco fue cerrado por el gobierno de Menem después de un intenso hostigamiento”. El ex titular de la DAIA asegura que el entonces presidente del Banco Central, Pedro Pou, hostigó al banco por tratarse del banco de la comunidad judía. No es la versión que sostienen los ahorristas que mencionan que la clave estuvo en que Beraja tomó los 380 millones y –por ello está con prisión preventiva– utilizó el dinero para entregarle la gran parte, en forma de autopréstamos, a sociedades integradas por socios y amigos de Beraja.
El ex ministro acusado ahora por Beraja, en varias declaraciones periodísticas, se defendió de la acusación. “En ningún momento desalenté la investigación”, dijo. Sin embargo, admitió que “en algunas conversaciones con gente vinculada a la comunidad” judía les aclaraba lo difícil que es llegar a los responsables de un atentado, “algo probado en numerosos casos internacionales”. El ex ministro no contabilizó para afirmar eso que, tras el atentado a los trenes de Atocha, en sólo 16 días la policía española atrapó a todos los responsables materiales e intelectuales del brutal atentado.