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Será el primer juicio masivo por corte de ruta: un tribunal de Bahía Blanca reactivó un proceso contra 52 personas que en el 2002 bloquearon a una empresa petrolera pidiendo trabajo genuino. Los manifestantes son todos desocupados, excepto un maestro que durante el reclamo acompañó a los padres de sus alumnos. Les aplicaron el artículo 194 del Código Penal, que castiga con tres meses a dos años de prisión a quien interrumpa la circulación del transporte.
Roberto Gavilán, el docente imputado, recordó a Página/12 cómo se desarrolló la protesta. En febrero del 2002 un congreso del Bloque Piquetero había resuelto un plan de lucha nacional con cortes a petroleras. Los piquetes se harían un día cada semana; en Bahía Blanca se extendieron por 48 horas, el 26 y 27 de ese mes, en una planta de EG3. Participaron integrantes del Movimiento Territorial de Liberación, el Polo Obrero, la Federación Juvenil Comunista y una organización nacida por entonces (eran los meses de ebullición social inmediatos a diciembre del 2001) llamada Bahía en Lucha y conformada por militantes barriales, sindicales, el Partido de Trabajadores Socialistas y la agrupación En Clave Roja.
Para cumplir con la medida, los piqueteros encendieron neumáticos en los tres accesos de la empresa, haciendo un cerco que impidió la entrada y salida de camiones con combustible. Dejaron en cambio pasar libremente al personal y a los otros vehículos. Por ejemplo, permitieron que un camionero sacara un tanque cisterna para llevarlo a arreglar y que los autos atravesaran el piquete instalado el ingreso principal, incluidos varios patrulleros.
En el segundo día de la protesta, los trabajadores de planta se sumaron con un quite de colaboración. La empresa dispuso entonces que el personal jerárquico se hiciera cargo de mantener la actividad y los piqueteros decidieron frenar el paso de todos los vehículos. Al mismo tiempo, integrantes del sindicato de petroleros se acercaron a la puerta principal para controlar las entradas de cada turno y garantizar que no pasara personal contratado para romper la huelga.
El clima se tensó al tiempo que los manifestantes perdían fuerzas. De las 250 personas que habían iniciado los piquetes, al atardecer quedaron solamente ochenta. Discutieron qué hacer en una asamblea y decidieron mantener el bloqueo, aunque pudieron sostenerlo sólo en dos de los tres accesos. A la noche se les terminaron las cubiertas para los piquetes y buscaron troncos para alimentar el fuego. A la madrugada, la policía los desalojó. Hubo 55 detenidos, 52 de los cuales fueron llevados a juicio.
El tribunal compuesto por los jueces Raúl López Camelo, Pablo Soumoulou y Daniela Castaño los citó a una audiencia para el próximo martes, en la que los piqueteros deberán optar entre cumplir una probation o ir a juicio oral, donde el caso se debatirá en audiencias públicas. Un importante número de imputados se inclinaría por esta última opción.
Con la reactivación del proceso, en Bahía Blanca se creó un comité contra la criminalización de la protesta. La dirigente de Suteba Monserrat Gayone es integrante de éste. “Los piquetes se hicieron para pedir trabajo”, señaló. “Históricamente estas empresas tenían horarios de trabajo reducidos, de 6 u 8 horas diarias, pero pasaron a turnos de 12 horas con lo que despidieron a mucha gente. Bahía Blanca es la segunda o tercera ciudad del país en desocupación, se habla de que tenemos un 17 por ciento de desocupados. De 300 mil habitantes, según el Indec 110 mil son pobres. Sin embargo, estamos en una ciudad rica. Estamos rodeados de empresas que tienen enormes ganancias.”
El comité ha impulsado actividades para difundir la situación, como la junta de firmas y la organización de paneles sobre la judicialización del conflicto social. El secretario de Derechos Humanos de la CTA, Ricardo Peidro, participó días atrás de uno de ellos. “La Central sostiene que los reclamos de ninguna manera pueden ser considerados delito. Por eso buscamos que se sancione una ley de desprocesamiento para todos estos casos.”
Gavilán anticipó que en su caso optará por seguir adelante con el juicio oral para plantear su inocencia. “Queremos demostrar que pedir trabajo no puede ser motivo de una acusación penal.” Los 52 acusados son todos varones, algunos de ellos ex trabajadores de la planta donde se hizo el bloqueo. El número plantea una situación inédita, ya que hasta ahora estos procesos habían tenido, en situaciones excepcionales, 6 o 7 imputados.