EL PAIS

Los caminos de una justicia sin fronteras

Juristas y políticos empezaron a analizar ayer los alcances de la Justicia Universal en un seminario organizado por la Cámara de Diputados.

 Por Adriana Meyer

“Naturalmente la Corte Penal Internacional está renga, pero el hecho de que la hayan suscripto un número de países le permite tener vigencia y funcionar”, expresó el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni al término de la primera jornada del seminario organizado por la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Le habían preguntado sobre la real incidencia de ese organismo, dado que Estados Unidos y China no lo integran. La Corte Penal Internacional (CPI) nació con el Estatuto de Roma en julio de 1998, aunque entró en vigor recién cuatro años más tarde, y la integran 98 Estados. Su competencia se limita a intervenir cuando el Estado en donde se cometió el delito de lesa humanidad, o del cual es ciudadano el imputado, no haya activado su juzgamiento. La Corte, que para 2005 cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros, no juzga a Estados sino a personas que hayan cometido delitos en forma sistemática contra una población.
“El principio de universalidad (sobre el que se sustenta la CPI) no limita la soberanía sino que funciona porque ese Estado no ejerció su soberanía cuando renunció a juzgar delitos de lesa humanidad”, explicó Zaffaroni en su exposición. “En materia internacional las cosas no nacen con los defectos de la coyuntura política internacional. Es el comienzo de un largo camino que no termina en lo penal; espero que haya un día una corte civil internacional para hacerse cargo de las compensaciones a pagar por los genocidios pasados”, agregó el juez de la Corte Suprema. Y admitió que la CPI no puede intervenir en la situación de Irak ni en la de la base de Guantánamo, “pero puede hacerlo en muchas otras”.
El seminario, que se desarrolla en un lujoso hotel de Barrio Norte, había comenzado con las introducciones de Jorge Argüello, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, y el embajador Angelos Pagkratis, representante de la Unión Europea en la Argentina. Durante el primer módulo de la mañana, Jorge Torlasco, ex miembro del tribunal que juzgó a los ex comandantes en 1985, hizo una reseña de aquel proceso histórico y opinó que “nada puede justificar que el Estado se transforme en un delincuente”. A su turno, el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Jorge Taiana, afirmó que “debe existir la CPI porque solos internamente los países no pueden” combatir ese tipo de delitos. Además, destacó la soledad de los organismos de derechos humanos durante aquellos años, y enfatizó que sin ellos no hubiera existido la Conadep, y sin aquella comisión “no hubiera existido el Juicio a las Juntas”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó que durante la represión “se llevaban gente por su barba o por una pollerita corta, porque ‘algo habrán hecho’”. Y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, ex miembro de la Conadep, describió “la cotidianidad del horror” que vivió al realizar aquella investigación.
También participó del seminario el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, quien describió que en este momento la Corte está investigando el caso de Sudán, del norte de Uganda y de los sucesos en el Congo. ¿Qué ocurre con los delitos de lesa humanidad cometidos por las potencias que no integran la CPI?, preguntó Página/12. “Tener 98 países de jurisdicción es suficiente”, respondió el ex fiscal adjunto en el Juicio a las Juntas Militares. Durante su exposición, Moreno Ocampo reclamó que el Congreso “apruebe la normativa que haga aplicable y operativo el Tratado de Roma”. Y aclaró que no es una Corte Suprema Internacional, sino “un sistema de justicia global basado en estados nacionales”.
Al momento de las preguntas, un abogado quiso saber cómo se puede luchar contra la impunidad si aún detentan poder “personas como Carlos Ruckauf, que firmó el decreto de aniquilamiento de la subversión, y el juez Omar Facciuto”, quien, según dijo, “protegió” al represor Miguel Etchecolatz cuando amenazó a periodistas en abril de 2001. Carlotto le respondió que todavía quedan pendientes muchas responsabilidades civiles. Sin embargo, Moreno Ocampo lo reprendió por su “actitud antidemocrática”, indicándole que “los acusados también deben ser respetados”. El participante se había quejado de que Facciuto estaba entre los presentes y se preguntó si le iban a dar un certificado de asistencia al seminario.
Cuando ya no lo esperaban, llegó el ex fiscal del juicio a las juntas militares Julio César Strassera. “Es perfectible, pero es mejor que todo lo conocido”, opinó sobre la CPI en relación con los tribunales de Nuremberg y Tokio, y de los tribunales sobre los delitos ocurridos en la ex Yugoslavia y Ruanda. Acerca de la ausencia de Estados Unidos en el CPI, Strassera aseguró que en Irak se han cometido delitos de lesa humanidad y se lamentó de que estén fuera del alcance de ese tribunal. Pero destacó que esto no le quita peso a la Corte en el contexto mundial.
Por la tarde comenzó el segundo módulo, del que participaron la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay (a quien insistieron en presentar como Argibay Molina), ex miembro del tribunal que juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia, la diputada radical Margarita Stolbizer, el experto alemán Claus Kress y el funcionario francés Pierre Lageze, además de Zaffaroni. Stolbizer destacó la inclusión de los delitos sexuales dentro del alcance de la CPI y elogió la perspectiva de género. Por su parte, Argibay culminó su exposición con un deseo para el destino de la CPI: “Si una guerra se termina en la mesa de negociaciones, mejor empecemos por la mesa de negociaciones para tratar de evitar la guerra”.

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Valerga Aráoz, Torlasco, Arslanian, Argüello, Strassera, Molinari Romero, Ledesma, Ocampo.
 
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