EL PAIS › PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR

Pro y contra de un seguro

Esta semana se pondrá en marcha el Plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, subsidio de 150 pesos para familias sin trabajo con hijos en edad escolar. En mayo van a cobrarlo un millón 50 mil beneficiarios. Los que lo apoyan saludan que no haya intermediarios y se pague en efectivo. Los críticos lo ven como un parche con serias consecuencias. Una discusión entre economistas.

 Por Laura Vales

JOSE LUIS CORAGGIO.
Tarde, pero correcto

Para José Luis Coraggio, rector de la Universidad de General Sarmiento, el plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados es “una respuesta tardía, pero que va en la dirección correcta”. El economista defiende el efecto reactivador que tendrá volcar en los barrios mil doscientos millones de pesos... “si la sociedad controla, si el Estado apoya el desarrollo de microemprendimientos, si los subsidios se pagan con recursos de los grandes monopolios y no de la clase media, si no hay corrupción, si la gente se organiza para resolver sus necesidades de manera productiva”. Las razones de un economista inmune al desencanto.
–¿Qué le parece el plan?
–Viene a atender a hogares donde el jefe de hogar está desocupado, tiene menores a su cargo y no tiene ningún ingreso significativo. Desde este punto de vista va en la dirección correcta, hay que partir de que la situación social es horrible y para esas familias 150 pesos es algo, aunque a la vez haya que decir que no sacarán a nadie ni siquiera de la indigencia. Será además una transferencia en efectivo, lo que es mejor que si se tratara, por ejemplo, de bolsas de comida.
–¿Aunque haya inflación y el precio de los alimentos esté en aumento?
–Si fueran bolsas de comida llegarían con mucho más condicionamiento: serían entregadas por personas, en cambio esto es mucho más neutral, porque la gente va a estar en un listado y con su número de documento va a retirar en un banco el dinero. Sin duda, en una economía inflacionaria la cifra del subsidio deberá ser revisada. Igual hay que decir que con 150 pesos ningún hogar saldrá de la indigencia, ya que el costo mínimo del paquete básico, elemental, por adulto es por lo menos de 79 pesos. Es positiva la dirección en que va, pero tiene que ser mayor la transferencia y tiene que estar claro de dónde salen los fondos. Porque si esto sale de un mayor ajuste en las provincias y obliga a despedir gente no va ser lo mismo que si sale de las rentas de los sectores monopólicos.
–¿Eso no está claro? La versión del Gobierno es que el subsidio va a pagarse con retenciones a las exportaciones agrícolas y petroleras.
–En este momento eso no está tan claro. Otra cosa es que a la gente hay que darle el dinero en efectivo, porque con efectivo puede hacer compras comunitarias, ir directamente a un mayorista o a un productor y sacar mayor provecho a ese dinero. Si les llegan a dar una tarjeta de débito, en cambio, sólo van a poder comprar en los negocios adheridos al sistema, que son los grandes supermercados, con lo que toda esa masa de dinero va a ir a los bancos y a las grandes firmas. Si se paga en efectivo, el impacto de los mil doscientos millones de pesos que podrían llegar a circular de acá a fin de año se multiplica, porque ese dinero podrá gastarse en pequeños comercios de los barrios, en cooperativas. Si en cambio va a los monopolios se convertirá en ganancias que saldrán afuera. Hay que hacer que toda esa masa de ingresos que va a los sectores de menos poder adquisitivo se canalice en el barrio y movilice la economía, por eso en la provincia de Buenos Aires está diseñando una canasta básica de alimentos que los comerciantes de barrio puedan vender a precios inferiores que en los supermercados.
–¿Qué rol va a tener el Estado provincial en ese caso?
–Está negociando con los grandes mayoristas para que garanticen que van a dar una canasta de 10 alimentos básicos a un precio determinado. Otra manera de multiplicar el efecto de ese dinero es en las redes de trueque, que hoy están teniendo problemas.
–Ya casi no se encuentra comida.
–Es que para llevar comida a trocar hay que tener algo de dinero con el que comprar los insumos. Si de esos 150 pesos un hogar usa 20 para comprar insumos y lleva un producto a la red de trueque, en vez de 20 pesos saca 70, porque le agrega un valor que es su propio trabajo, es decir quemultiplica los bienes a los que puede acceder. Si todo el efectivo se gasta en supermercados no hay que esperar ningún efecto, el negocio va a ir para los grandes monopolios otra vez.
–Los 150 pesos se van a dar, se supone, a cambio de una contraprestación. ¿Cuál sería la manera más eficaz de utilizarla?
–Generando emprendimientos productivos reales. Y organizando a los municipios, y a las organizaciones no gubernamentales, a los que vienen haciendo trabajo social y repartiendo cosas para que ahora aprendan a apoyar a otras formas productivas, de economía social, de cooperativas.
–Ese no es un planteo nuevo. Lo han propuesto todos desde que se crearon los primeros planes Trabajar, y sin embargo parece que nadie logra llevarlo a cabo.
–Porque no hubo una política para hacerlo. Usaron los planes para cortar pasto, pintar edificios, empedrar una calle, o les daban cuadrillas de trabajadores subsidiados a las empresas amigas.
–Bueno, no cambió mucho: los responsables de manejar los planes son los mismos.
–Efectivamente puede volver a pasar. Por eso la sociedad tiene que estar vigilante. Podría pasar que el grueso de esos beneficiarios del seguro vayan a trabajar en empresas.
–¿Y eso sería bueno o malo? Porque el Gobierno muestra tal posibilidad como una de las virtudes del plan.
–Si son empresas que están crisis, que están por quebrar, en las que sus trabajadores perdieron su empleo, quedaron desocupados y entran en el plan de Jefes y Jefas de Hogar para levantar la empresa bajo alguna forma de cogestión, será positivo. También puede ser un recurso importante para pequeñas empresas al borde de la quiebra, siempre que completen la diferencia de los sueldos hasta el mínimo de convenio y paguen las cargas sociales. Claro que en ese caso debe ser algo temporario, si no se va a terminar en un reparto de favores.
–Evitarlo parece difícil.
–No podemos tener una visión absolutamente negativa de esta política y decir que va a ser un negociado para alguien. Yo lo que digo es que si se cuida de que no sea una tarjeta que les deje el dinero a los bancos y a los supermercados, si se cuida de que haya control social en la asignación de los planes de jefes y jefas, si se cuida de que no les hagan hacer ningún trabajo improductivo y pongan en marcha emprendimientos que después se puedan sostener solos, entonces esa será una buena política.
–Sólo que habría que estar en otro país.
–No pierda las esperanzas. Los países también cambian.
–Imaginemos que sí. Los desocupados plantean que 150 es poco y que, para peor, las familias numerosas que antes accedían a dos planes ahora sólo podrán acceder a uno.
–Es cierto. Es mucho mejor la propuesta del Frenapo, que pone una cifra más alta para el subsidio, 380 pesos por mes, y agrega una asignación según el número de hijos. Sin duda que la política nacional debería incorporar una asignación por hijo. Otro problema es que, si no cambia la política económica, estaremos transfiriendo recursos desde los sectores medios a los pobres y los indigentes. La pregunta central es de dónde va a salir el dinero para pagar los planes. Si no lo sacan de un sistema fiscal que les cobre realmente a los grandes monopolios, a los 80 conglomerados que se llevaron 30 mil millones de pesos en estos últimos cuatro meses, ¿de dónde va a salir? O de otro crédito que nos endeude más, como el que se está pidiendo al BID, o de la clase media, que es la única que está pagando impuestos. O de un nuevo ajuste a las provincias, que entonces tendrán que despedir más gente.

CLAUDIO LOZANO.
Algo ineficaz e injusto

Ineficaz e injusto. Así califica Claudio Lozano al Plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Para el economista de la CTA “un subsidio de 150 pesos en la práctica consolida el nivel de salario mínimo de la Argentina, al que coloca en 46 dólares. Además “es poco”, si las cosas siguen así “lo va a terminar pagando la sociedad” y lo más probable es que ni siquiera pueda financiarse. Dicho esto, Lozano defiende la participación de la central sindical en el Consejo que administrará, controlará y ejecutará los planes. En esta nota, sus argumentos.
–Usted dice que el plan será ineficaz. ¿Por qué?
–En primer lugar porque confunde pobreza con desempleo, que no es lo mismo. No todos los desocupados son pobres ni todos los pobres están desocupados. La función que cumple el otorgamiento de un seguro al jefe de hogar es, desde una perspectiva integral, colocarle un piso salarial al mercado laboral y consecuentemente nivelar también el salario de los que están ocupados. En cambio aquí, al fijar el valor del subsidio en 150 pesos, en la práctica el gobierno está consolidando el nivel del salario mínimo de la Argentina, poniéndolo en 46 dólares. Por otra parte, con este millón de subsidios se discrimina hacia dentro de los pobres: según los datos de octubre del 2001 el total de jefes de hogar con menores a cargo en situación de pobreza era de 2 millones 400 mil, con lo cual ya de movida recibirá el seguro sólo la mitad, sin contar todo lo que se expandió la pobreza de octubre a hoy. Si uno mira el total de jefes de hogar en situación de pobreza sólo el 30 por ciento está desocupado. Hay un 70 por ciento que es pobre no por estar desocupado, sino porque está mal ocupado, por lo tanto el vehículo de asignar el subsidio por vía del jefe de hogar es también ineficaz.
–¿Qué otro criterio de distribución elegiría?
–Si lo que hay es una decisión, no de resolver el problema de la pobreza (porque no la hay), sino de compensar, sería más eficaz distribuir en función de los menores pobres, porque el 90 por ciento de las familias en situación de pobreza tiene pibes. Sería más eficaz y más justo, porque ahora se va a dar 150 pesos a cualquier familia, tenga un solo hijo, dos o diez. Además es bueno dejar en claro que los 150 pesos de diciembre hoy son 123 pesos, por efecto de la inflación. Y que en la práctica para una persona pobre, para quien la inflación es superior, son 115 pesos, y para un indigente son 110.
–Porque es dinero que los desocupados destinan casi exclusivamente a comprar alimentos, a precios en aumento.
–Por el aumento diferencial que tiene la canasta alimentaria en cada una de las canastas: en la global, en la de pobres y en la de indigentes. Es más, de aquí a diciembre, suponiendo un comportamiento equivalente al que tuvo en este cuatrimestre la inflación, al finalizar el año los 150pesos van a equivaler a 80 pesos, para los pobres van a ser 63 y para los indigentes 54.
–En la actual situación económica, ¿el seguro de empleo y formación de 380 pesos propuesto por el Frenapo tiene modo de financiarse?
–Absolutamente. De hecho, por vía de la devaluación y la pesificación en estos cuatro meses se transfirieron más de 13 mil millones de dólares a los principales grupos económicos. Se hubiera podido plantear una estrategia diferente. Acá en cambio se está inhibiendo cualquier estrategia distributiva, tanto porque no están fijando un piso en el funcionamiento del mercado laboral como en el hecho de que no están modificando el perfil tributario. Lejos de ello, a las retenciones (los subsidios se van a pagar con retenciones a la exportaciones agrícolas y petroleras, en dólares) en un contexto de flotación cambiaria las termina pagando la sociedad con la suba en el tipo de cambio, y porque el impacto sobre los precios te genera que en realidad estás armando un plan para dar un millón subsidios mientras al mismo tiempo estás generando seis millones de pobres nuevos en un año. El consumo total de los hogares en la Argentina, es decir todo lo que gastan en consumir las familias argentinas, equivale al financiamiento necesario para 284 millones de canastas básicas de 651 pesos al año o 23 millones de canastas básicas al mes. Nosotros estamos hablando de una estrategia de redistribución para cubrir algunas familias menos, unos 3 millones y medio de hogares pobres.
–El Gobierno acaba de abrir el registro de empresas que quieran utilizar estos subsidios para contratar. ¿Esto va a ayudar a crear nuevos puestos de empleo o que por el contrario va a generar nuevos despidos?
–Creo que va a ser negativo. Todas las experiencias que se han hecho de este estilo han alimentado el fraude laboral. En una Argentina donde prácticamente el 40 por ciento del empleo está en situación ilegal y donde no hay ningún control por parte del Ministerio de Trabajo, decir que se va a fiscalizar que el plan sea bien utilizado me parece absurdo. En realidad todas esas estrategias se han terminado convirtiendo en subsidios para el sector empresarial. Lo lógico hubiera sido poner estos subsidios para financiar experiencias de economía popular.
–¿Y en el caso de las fábricas que ante el riesgo de cierre fueron tomadas por los trabajadores y puestas a producir? ¿Le parece adecuado que los planes se destinen por ejemplo a cooperativas obreras?
–Sí, porque estaría dentro de lo que sería establecer mecanismos de propiedad social sobre distintas áreas productivas. Si los planes se inscriben en la lógica de la reorganización de una unidad productiva sobre la base de una propiedad social, cooperativa, cogestión o lo que fuere, tendría un sentido diferente. Distinto es subsidiar la actividad privada. Acá habría que poner con claridad que los planes tienen como destino inscribirse en estrategias vinculadas a satisfacer necesidades básicas o a financiar el desarrollo de estrategias de propiedad social.
–¿El plan va a poder financiarse de aquí a fin de año?
–Si no hay una rectificación del rumbo que permita fijar el tipo de cambio y controlar la evolución de los precios no tenemos otro destino que la hiperinflación y en ese escenario no hay posibilidad de financiarlo. En el fondo, lo que hay acá es un vano intento de parte de la práctica política tradicional de encontrar mecanismos para controlar políticamente a los sectores pobres e indigentes, antes que resolver el problema.
–En ese caso, la CTA será parte del intento, ya que va a integrar el Consejo de administración de los planes.
–La CTA se integra para discutir una asignación más eficaz, para evitar que los planes sean asignados generando situaciones de fraude laboral, al menos en lo posible, para tratar de que se destinen a financiar emprendimientos de carácter social. Por todo eso tiene sentido participar, no para decir que está bien sino para señalar sus problemas y para seguirexigiendo lo que corresponde, que es combatir plenamente el tema de la desocupación y la pobreza y poner en marcha una estrategia verdaderamente universal que no es esta.

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