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La Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Julio Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a empresas concesionarias de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y confort exigidas por contrato. La investigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), había sido archivada por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral. Ahora cambiará de juzgado.
En su fallo, los camaristas de la Sala II declararon la nulidad de la resolución por la cual el expediente había sido enviado al archivo. El tribunal explicó en dos carillas que cuando un fiscal no impulsa una causa –algo poco frecuente, pero que ocurrió en este caso– es obligatorio por ley dar intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, un paso que se omitió. También advirtió que Canicoba Corral “adelantó opinión” al cerrar el caso dando como un hecho la inexistencia de delito sin antes haber ordenado pruebas clave. Por eso dispuso apartarlo y sortear un nuevo magistrado.
La primera denuncia sobre el tema la hizo el ex coordinador de Transporte Ferroviario Pedro Cóndori. Fue a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, cuando elaboró un informe alarmante sobre los trenes: puertas, pisos, vidrios y asientos destruidos en la línea Sarmiento, limpieza nula en el mismo ramal, fallas en el sistema de ventilación de la línea Mitre, falta de iluminación y disminución de los servicios en el tren San Martín, en la línea Roca se detectaron coches que circulaban casi a oscuras y con ventanillas de madera, contra las normas de seguridad. A pesar de que las concesionarias no hacían nada por revertir el pésimo estado de los ferrocarriles seguían cobrando los subsidios públicos. En junio del 2003, el Gobierno entregó algo más de 13 millones de pesos.
En un principio, Montaña recomendó por escrito suspender el pago de la ayuda estatal, pero según denunció la OA el subsecretario enseguida reformuló y suavizó su planteo: lo sustituyó por una intimación para mejorar los defectos del servicio. Jaime –cordobés, pero santacruceño por adopción– aprobó la ejecución del pago y Cóndori fue despedido. Este ex funcionario atribuyó su desplazamiento a que se negó a un pedido de sus superiores de modificar el informe lapidario que había confeccionado.
En el expediente penal se juntaron dos presentaciones: una del abogado Juan Carlos Iglesias, que apuntaba al empresario Sergio Taselli, como accionista de Transportes Integrados Metropolitanos, y otra posterior de la OA, el organismo que actualmente conduce Abel Fleitas Ortiz de Rozas. El organismo anticorrupción, que es querellante, pidió que se investigue a los funcionarios por violación de documentos, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación. Son delitos excarcelables. Pero lo que complica, sobre todo a Jaime, es la sumatoria de causas: arrastra otras por sobreprecios, contrataciones directas y pagos dudosos.
Mientras tramitó la causa nunca hubo llamados a indagatoria. Sólo declaraciones espontáneas, testimoniales, de algunos de los personajes involucrados. En mayo Pollicita y Canicoba Corral coincidieron en mandar las actuaciones al archivo. La OA apeló y acaba de ganar la pulseada con el fallo de los jueces Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun.
Cuando se presentó ante la Cámara Federal, la OA sostuvo que la actitud del fiscal y el juez implicaba “avalar el incumplimiento de cláusulas contractuales asumidas voluntariamente por las partes, beneficiar económicamente de manera ilegal a quienes violan aquellas normas contractuales y tolerar que los funcionarios públicos en pos de garantizar la artificial ‘operatividad del sistema’ incurran en conductas delictuales graves”. El texto de la apelación también decía sin rodeos que “el Sr. secretario y el Sr. subsecretario son responsables de que subsidios improcedentes hayan sido deliberadamente abonados a sabiendas de su ilegalidad”. “Lo que se estaría autorizando es que las concesionarias detransporte ferroviario pasen directamente a beneficio empresarial los fondos que deben destinarse a la prestación del servicio”, advertía.