[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Estamos probablemente en presencia del inicio de una nueva etapa de la historia argentina. La crisis previa fue transformada en un nuevo sendero de normalización, recuperación y crecimiento de la economía y consolidación de las instituciones de la democracia. El cambio permitió recobrar la gobernabilidad del presupuesto, la moneda y el balance de pagos, abrir espacios de rentabilidad para la inversión y el empleo, encuadrar el problema de la deuda y ubicarlo en un contexto compatible con el crecimiento.
La coalición de intereses diversos que sustentó el pacto neoliberal, bajo la conducción política del gobierno del presidente Menem, colapsó con la crisis. Los acontecimientos recientes sugieren la formación de una coalición alternativa de sectores asociados a la producción y al trabajo y a expresiones políticas diversas, cuyo componente mayor es el movimiento liderado por el presidente Kirchner. Se trata de ver, ahora, si esa coalición, aparentemente en formación, puede formular un consenso que articule un conjunto de ideas y propuestas para sustentar un proceso de crecimiento con equidad, en el mediano y largo plazo. Esto parece necesario para fortalecer las tendencias actualmente prevalecientes en el sistema económico.
El comportamiento reciente de la economía argentina es, en verdad, notable. En los meses transcurridos desde el segundo trimestre del 2002 hasta la actualidad, el PBI creció más del 30 por ciento, el producto industrial más del 50, con la creación de 2.500.000 puestos de trabajo y una rebaja sensible del desempleo. A su vez, los indicadores sociales revirtieron la tendencia previa al continuo deterioro, en un contexto de moderado aumento del nivel general de precios. Estos hechos prometen no ser efímeros porque se sustentan en la creación de excedentes en el presupuesto y el balance del comercio internacional que han permitido pagar deuda por cerca de U$S 15 mil millones de dólares, aumentar las reservas internacionales del Banco Central en otro tanto y casi duplicar la inversión hasta su actual nivel, del orden del 20 por ciento del PBI. Todo, con recursos propios.
El país se está demostrando a sí mismo y al resto del mundo que en cuanto las reglas del juego son favorables a la producción y el trabajo, el sistema responde con aumentos notables de la oferta de bienes y servicios. Es una buena base para enfrentar la agenda de problemas pendientes que es en verdad inmensa. Incluye la existencia de una todavía elevada tasa de desempleo y fracturas en el mercado de trabajo y consecuentemente niveles de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso, inaceptables en una economía del potencial de la argentina. La equidad requiere, como condición necesaria, un ritmo de crecimiento sostenido, del orden del 6 por ciento anual y una tasa de inversión del 25 del PBI, metas alcanzables si se considera que la tasa de ahorro interno alcanza actualmente al 26.
Son todos objetivos realizables si se compatibilizan las políticas de ahorro interno y ritmo de desendeudamiento externo y, sobre todo, consolida un escenario, institucional y macroeconómico, según el cual el lugar más rentable y seguro para invertir el talento y ahorro disponibles sea la Argentina misma. Las tendencias actualmente prevalecientes en el mercado mundial son favorables a los mismos fines.
En la actualidad, diversos indicios revelan que la coalición de intereses asociados a la producción y al trabajo busca expresarse en algún tipo de acuerdo. En estos días así lo indican los contactos, de los cuales informan los medios, entre representantes de la UIA y la CGT. Los mismosque, a principios de año, no contaron con las simpatías del Gobierno, parecen, ahora, navegar con viento a favor.
Hace casi un año, en noviembre del año pasado, un grupo de dirigentes industriales y del cooperativismo agrario formularon un proyecto de pacto entre el campo y la industria para erradicar viejos malos entendidos y respaldar políticas favorables a todo el campo, toda la industria y todas las regiones. El proyecto contó, en su momento, con el respaldo de la conducción económica. Contingencias internas de los grupos patrocinadores impidieron que la iniciativa prosperara, pero sus ideas fundacionales reaparecen ahora en el nuevo escenario.
La coalición representativa de la producción y el trabajo tiene, naturalmente, su correlato en el sistema político. Si bien se mira, el reciente resultado de las elecciones legislativas del 23 de octubre último revela que, en la sociedad argentina, existen expresiones políticas asociadas a una visión nacional del desarrollo con equidad, que incluyen pero exceden al actual oficialismo. Representan una clara mayoría del electorado. El nuevo Congreso revelará si es posible que, manteniendo las individualidades partidarias y las respectivas aspiraciones de acceso al poder, esenciales al mismo sistema democrático, es posible alcanzar consensos que expresen, en el plano político, la existencia de la coalición potencial entre quienes comparten un paradigma de desarrollo e inserción en el mundo afianzado en la defensa de los intereses de la Nación y sus mayorías.
Al mismo tiempo que la política hace lo que le corresponde, en primer lugar, en los órganos legislativos de las esferas federal, provincial y municipal, los actores sociales pueden hacer lo suyo en la formulación de entendimientos, consensos, acuerdos, como el actualmente en curso entre la UIA y la CGT. Un eventual pacto entre la producción y el trabajo tendría como objetivo inmediato establecer un marco de referencia para orientar la puja por la distribución del ingreso y evitar que prospere la idea que la única forma de frenar la inflación es con las recetas ortodoxas de aumentos de la tasa de interés, apreciación del tipo de cambio y contracción del gasto público. No existen actualmente restricciones de oferta de recursos internos ni de la capacidad de pagos externos, que impongan deprimir la demanda y la competitividad de la producción, para frenar el aumento de precios. Este, en la actualidad, se mantiene dentro de los límites previstos y manejables. El acuerdo contribuiría a que las discusiones sobre precios y salarios se ubiquen en el marco de las tasas esperadas de crecimiento del PBI y los precios, la productividad, el empleo y las metas deseables de redistribución del ingreso. Esto último incluye el aumento del salario real promedio y los básicos y el aumento de la oferta y calidad de los bienes públicos, incluyendo educación, salud y seguridad. Ese marco de referencia ayudaría en las negociaciones a niveles de sectores y en los compromisos que asumirían empresarios y trabajadores para proteger el crecimiento y la estabilidad, en un sendero de redistribución progresiva del ingreso.
El Gobierno puede o no involucrarse en las negociaciones. Sin embargo, en cualquier caso, sus mensajes deben ser suficientemente claros sobre la orientación general de sus políticas para consolidar la gobernabilidad de la economía, fortalecer la competitividad de todo el campo, toda la industria y todas las regiones a partir de la gestión de la política cambiaria y de otros instrumentos (como el crédito y la defensa de la producción argentina en las negociaciones internacionales), aumentar la oferta y calidad de bienes públicos y los contenidos de la política impositiva en términos de equidad distributiva e incentivos a la inversión y el cambio tecnológico.
Suele argumentarse que las experiencias de pactos económicos-sociales, que fueron exitosas en otros países, como, por ejemplo, en España e Irlanda, aquí han revelado ser un fracaso. Sucede, sin embargo, que los acuerdos intentados en el pasado operaron sobre inadecuadas condiciones macroeconómicas e institucionales, que impidieron la formación de coaliciones estables entre la producción y el trabajo, por una parte, y el sistema político, por la otra. En la actualidad se verifican en cambio condiciones propicias en ambos terrenos: el político-institucional y el macroeconómico. Parece así factible la formación de una coalición que llene el vacío dejado por el derrumbe del pacto neoliberal, consolide un paradigma asociado a la defensa y movilización del potencial argentino para el crecimiento con equidad, sustente un entendimiento operacional entre la producción y el trabajo y amplíe y fortalezca sus canales de convergencia con el sistema político, tanto en la esfera ejecutiva como legislativa.

* Profesor titular de Estructura Económica Argentina. UBA.