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El lunes próximo los convencionales santiagueños jurarán la versión final de la nueva Constitución. Esto, que sería aparentemente normal para cualquier Estado democrático, para quienes llegan del antiguo reinado del juarismo es casi un milagro. El proceso auspiciado por el gobierno radical y consensuado por el kirchnerismo concluye, sin embargo, con buenas y malas noticias. Entre las buenas, la reforma le devuelve funciones al cargo de vicegobernador que habían sido suprimidas por la excéntrica Nina Juárez, prohíbe la delegación de funciones del Legislativo en el Ejecutivo e impide el acceso a cargos públicos de condenados por crímenes de lesa humanidad. La oposición critica, en cambio, el recorte del número de diputados y el sistema de elecciones que acota la representación de las minorías y del interior.
La reforma de la Constitución era uno de los temas pendientes de la intervención federal. Bajo la iniciativa de las organizaciones sociales de Santiago, Pablo Lanusse se había puesto a la cabeza del proyecto que quedó frenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proceso finalmente se inició el 27 de julio, luego de las elecciones ganadas por el radical Gerardo Zamora, hoy alineado entre los gobernadores con buen diálogo con el gobierno nacional.
A lo largo de los últimos cuatro meses, la convención atravesó momentos complejos. Fue blanco de críticas desde varios sectores, entre ellos del obispo Juan Carlos Maccarone. Antes de la renuncia cuestionó el acuerdo político entre los partidos mayoritarios –radicales, peronistas, ex juaristas y diputados ligados al poder económico– que promovió la reforma. Por ese acuerdo, 45 de los 50 convencionales constituyentes alcanzaron sus bancas a través del Frente Unidad de Santiago (FUS), una alianza variopinta que se partió en dos apenas comenzó la Convención.
En ese contexto se decidieron los artículos del texto que será votado el lunes próximo. De la jura participarán el gobernador, el vice, el presidente de la Legislatura, del Poder Judicial y los convencionales. Aquí, los cambios principales:
- Legislatura provincial: La composición de la Cámara pasó de 50 a 40 diputados, elegidos cada cuatro años. La Cámara no será renovada por mitades y cada dos años como sucede en otras provincias, sino cada cuatro años junto al gobernador. El período de sesiones ordinarias se extenderá de febrero a diciembre.
- Representación electoral: Hasta ahora el sistema electoral contemplaba una mixtura de distrito único y cinco circunscripciones electorales con un número fijo de 4 diputados: tres por la mayoría y uno por la primera minoría. El sistema garantizaba la representación parlamentaria de los lugares de poca población, pero fue duramente criticado porque beneficiaba al partido gobernante y eliminaba la representación de las minorías. A partir de ahora, las circunscripciones se reemplazaron por el sistema de distrito único, y aunque aún no está definido el piso electoral se calcula un diputado cada 18 mil electores.
- Vicegobernador: Vuelve a presidir la Legislatura.
- Consejo de la Magistratura: La composición pasó de 7 a 9 miembros, 3 de la Legislatura, 3 del Poder Judicial y 3 del Colegio de Abogados. Los representantes del Poder Legislativo no necesariamente serán diputados.
- Atribuciones del Ejecutivo: La reforma del artículo 7 prohíbe expresamente la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo, excepto en situaciones excepcionales y por tiempo determinado.
- Designación de jueces: La designación corre por cuenta del Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura. El Poder Judicial contará con presupuesto autónomo.
- Derechos Humanos: No podrán obtener cargos públicos los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Buena parte de estos puntos halló objeción en los bloques de la oposición. Las críticas atañen esencialmente a los cambios en la Legislatura, la representación en el Consejo de la Magistratura y los alcances de la delegación de funciones del Legislativo.
Para Luis Garay, de Memoria y Participación, la reforma logró pocos puntos a favor. La caída del número de diputados, dice, “es demagógica, porque sigue garantizando el bipartidismo: como los diputados se elegirán de acuerdo con la cantidad de habitantes, la pérdida de 10 bancas restringe el acceso de las minorías, porque se necesitan más votos por diputado”. Partidos como el suyo obtuvieron unos 3000 votos en promedio para entrar a la Convención. En ese contexto un piso de 18 mil votos por diputado parece una cifra inalcanzable. El dato, sin embargo, es evaluado de otro modo por el oficialismo: “El piso de 18 mil aún no está definido, eso será una decisión posterior de la Legislatura”, explicó Ricardo Daives, ministro de Justicia de Santiago y presidente de la Convención.
Fuera de ese punto, otro aspecto objetado es la eliminación del régimen mixto por el distrito único. Según la oposición, recorta la representación del interior: “Como un 33 por ciento de los votantes está concentrado en Capital y La Banda, los departamentos de baja densidad de población no tendrán garantizada una mínima representación”, dice en este caso Manuel Yorbandi, presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados.
El otro punto en discusión es el recambio de diputados cada cuatro años, unificado al mandato del gobernador. Aunque el radicalismo sostiene que el modelo “garantiza la gobernabilidad”, la oposición cree lo contrario. “En lugar de garantizar la gobernabilidad, han encontrado el camino para seguir adelante con un mecanismo que le permite al Ejecutivo controlar a la mayoría durante todo el período y sin el sometimiento al testeo en la mitad del mandato”, dice Luis Garay. El oficialismo tiene una posición distinta, como en buena parte de los casos. Los resultados empezarán a verse el lunes próximo, con la jura de la Constitución reformada.