EL PAíS › SE APROBO LA CONVENCION CONTRA LAS DESAPARICIONES

Un avance para el mundo

Con el impulso de la Argentina, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU definió como delito universal las desapariciones.

 Por Santiago Rodríguez

La Argentina consiguió ayer el objetivo que se había propuesto junto con Francia para el debut del flamante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: la aprobación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento jurídico que, además de establecer que es un delito de “lesa humanidad”, obliga a los países signatarios a prevenirlo y castigarlo penalmente y también a buscar a los desaparecidos y otorgar reparaciones a las víctimas. “Es un avance contra la impunidad en todo el mundo”, destacó el canciller Jorge Taiana. Marta Vázquez, integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, estuvo en el momento en que la iniciativa fue aprobada y recibió la ovación de todos los presentes.

La Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas resultó aprobada en forma unánime y por aclamación por los 47 países que integran el nuevo Consejo de Derechos Humanos, entre los que se cuenta la Argentina –Estados Unidos no está en el Consejo–. Fue el broche de oro para el debut de ese cuerpo, que viene a reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La aprobación de la Convención fue producto del trabajo conjunto de la Argentina y Francia: ambos países se asociaron con ese objetivo y formaron un “grupo de presión” al que se sumaron Bélgica, Chile, España y México. Taiana y el canciller francés, Philippe Douste-Blazy, se erigieron en referentes de ese grupo, que al término de las dos semanas de deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos en la ciudad suiza de Ginebra consiguió su propósito.

La desaparición forzada es tipificada como un crimen de “lesa humanidad” en la Convención y reconoce el derecho de todas las personas a no ser víctimas de ese delito, a la vez que reafirma el derecho a la verdad, la reparación y la justicia. Los países que la suscriban tendrán, por consiguiente, la obligación de buscar a los desaparecidos y reparar a las víctimas. Deberán, además, prevenir y sancionar penalmente las desapariciones.

“Esta resolución constituye un momento histórico para la causa de los derechos humanos”, subrayó Taiana y agregó que “significa un progreso tangible en la lucha contra la impunidad, así como representa una herramienta muy útil en nuestra tarea de prevenir las violaciones a los derechos humanos”. El canciller remarcó también que el Consejo “no podría comenzar de manera más provechosa y honrosa, dando aprobación a este nuevo instrumento jurídicamente obligatorio que viene a completar los esfuerzos ya desarrollados por nuestros países”, y recordó que la Convención fue elaborada “con el concurso de las organizaciones no gubernamentales, en particular las asociaciones de familiares y víctimas de violaciones de los derechos humanos que hoy nos acompañan”.

Eso mismo enfatizó Taiana en su discurso previo a la aprobación y destacó la presencia de Vázquez, a quien presentó como “luchadora incansable contra la impunidad”. Entonces, todos los presentes la ovacionaron de pie.

“Estoy muy emocionada. Nos llevó 23 años obtener la aprobación de esta Convención”, contó a Página/12 Vázquez –madre del viceministro de Defensa, José María Vázquez Ocampo– y celebró que “se va a terminar la impunidad y la desaparición forzada de personas porque los países se van a sentir observados y obligados a responder por ese delito”.

Taiana relató que la presencia de Vázquez “fue muy emocionante” y explicó a este diario el motivo: “En 1981 hubo un coloquio en París en el que por primera vez se planteó la necesidad de contar con un instrumento jurídico internacional referido a las desapariciones forzadas. Allí había abogados, estaba Julio Cortázar y Marta fue una de las Madres de Plaza de Mayo que participaron del encuentro”.

La Convención debe ser aprobada ahora por el plenario general de Naciones Unidas, trámite que está asegurado por el respaldo unánime que obtuvo enel Consejo de Derechos Humanos. Quedará entonces a la firma y entrará en vigencia una vez que veinte países la ratifiquen.

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