EL PAíS › ACUSAN AL SUPREMO TRIBUNAL DE “AMENAZAR” AL GOBIERNO CON EL CORRALITO

Corte con una denuncia de extorsión

Un grupo de abogados presentó una denuncia contra los supremos por no definir la constitucionalidad del corralito. Los acusan de usar el tema para “contraamenazar” y tratar de frenar el juicio político en su contra.

 Por Adriana Meyer

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados por presunta extorsión. Un grupo de prestigiosos abogados acusó a los nueve miembros del Alto Tribunal de mantener su indefinición respecto del corralito financiero como “contraamenaza” en relación a la suerte que tenga la definición del juicio político en su contra que está congelado en el Congreso. El fiscal federal Miguel Angel Osorio impulsaría en las próximas horas la causa. Pero antes pidió la declaración de la diputada del ARI Elisa Carrió y de algunos periodistas que reflejaron en sus notas el escenario descripto por los denunciantes, que no se privaron de solicitar que sea llamado como testigo el presidente Eduardo Duhalde.
Con una serie de recortes periodísticos como aporte al impulso de la investigación, los abogados Ricardo Monner Sans, Pedro Kesselman, Luis Ramírez y Beinusz Szmukler se presentaron a principios de julio ante la Justicia. Ramírez ya ratificó la denuncia ante el juez federal Jorge Luis Ballestero, quien dio intervención a Osorio para que haga el correspondiente requerimiento para que la causa exista como tal. “El juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, con motivo del enjuiciamiento del cuerpo al que pertenece, dijo no estar en condiciones de administrar justicia ni poder trabajar por la existencia del trámite constitucional públicamente conocido”, escribieron los abogados. Recordaron, además, que al pedir licencia Vázquez dijo no poder trabajar “por la presión que ejercen los legisladores”.
En la denuncia describen que la Corte no se volvió a pronunciar sobre el corralito desde el caso Smith y trascendió que estaría dispuesta a avalar un criterio gubernamental de “antirrecupero de fondos”, pero mientras se sienta “atacada y carezca de garantía de continuidad, no va a hacer nada”. Los textuales pertenecen a las artículos periodísticos anexados. Entre otros hechos que sucedieron a posteriori, mencionaron que “ni el Poder Ejecutivo ni las autoridades del Congreso desmintieron que haya ‘negociaciones abiertas entre el Ejecutivo y la Corte’”, y que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, se comunicó con la Corte Suprema para saber anticipadamente de alguna sentencia que pudiera ‘tranquilizar’ al Fondo Monetario Internacional”.
Los abogados concluyeron que “el Gobierno ha presionado para que los maltratados ahorristas reciban de la Corte Suprema un nuevo maltrato. La Corte mantiene la indefinición como ‘contraamenaza’ respecto de su suerte en el trámite de juicio político”. Y señalaron que los jueces del Supremo Tribunal podrían haber incurrido en los delitos de amenazas, violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento por omisión de denuncia y retardo de justicia. Pero aclararon que la investigación también debe abarcar a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, a las autoridades de los bloques justicialista y radical y al Poder Ejecutivo. En tal sentido señalaron que es “imprescindible” la declaración del Presidente, “en tanto en su inicio alentó el juicio político a la Corte Suprema llamando ‘chantajistas’ a sus integrantes con motivo del fallo Smith, y ahora lucen sus ministros en posición diametralmente opuesta”.
En tanto, el tratamiento del enjuiciamiento de los cortesanos está en el freezer. Este martes la Comisión de Labor Parlamentaria iba a fijar la fecha para que el asunto sea analizado en el recinto pero la decisión quedó postergada hasta el próximo martes. Si la votación se produjera en estas semanas quienes impulsan la remoción de los nueve jueces no contarían con los dos tercios necesarios para lograrlo. El dictamen de la minoría fue elaborado por los legisladores que aún responden a Carlos Menem, mientras que el de la mayoría pretende la depuración total de la Corte. Pero de esa posición se bajaron los duhaldistas llevándose el apoyo necesario que hizo soñar al ARI y otros sectores con un nuevo Tribunal. Ahora el justicialismo insiste en el tratamiento, mientras que los partidarios del juicio político prefieren ganar tiempo porque mientras no sean tratadas las nueve acusaciones no tienen fecha de vencimiento.

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Los abogados basaron su denuncia en trascendidos y frases de los supremos jamás desmentidas.
En rigor, piden una decisión judicial sobre un tema que se maneja como negociación política.
 
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