EL PAíS › PANORAMA POLITICO

MOÑITOS

 Por J. M. Pasquini Durán

Néstor Kirchner está despidiéndose de la presidencia –unos dicen que pronunciará “adiós”, mientras otros quisieran oír “hasta pronto”– con una sucesión de actos referidos a sus compromisos con las víctimas del terrorismo de Estado, que no terminan de cerrar las trágicas historias de las víctimas ni las impunidades de los verdugos derivadas de aquellos años, pero al menos entibian los corazones heridos de los sobrevivientes. A la inauguración del Parque de la Memoria y al traspaso formal de las instalaciones de la ESMA a los organismos que las administrarán en el futuro, además de acuerdos particulares con Abuelas y Madres de la Plaza sobre proyectos específicos, hay otros hechos que son ajenos a la voluntad directa del Poder Ejecutivo pero contribuyen en el mismo sentido. La condena al cura Von Wernich y ahora la prisión de Luis Abelardo Patti en el penal de Marcos Paz, desde la noche del jueves, acusado por secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos, tiene un valor adicional al del trámite judicial. Ninguno de los dos ocupó posiciones en la cúpula del régimen terrorista, pero ambos son parte de un tétrico grupo de figuras emblemáticas. El recién detenido pasó de cazar zurdos durante la dictadura a reciclarse en la democracia como cazador de delincuentes. Fundó un partido propio después que el peronismo menemista le abrió las puertas de la política, fue electo dos veces intendente de Escobar con la promesa de guardar las espaldas de los vecinos y en 2005 llegó a la Cámara de Diputados amparado por las boletas de Chiche Duhalde, pero sus pares rechazaron el diploma con dos tercios de la totalidad de los miembros y al momento de ir a prisión estaba esperando que la Corte Suprema dictaminara un veredicto sobre si eran válidos los fueros ganados en las urnas.

Evocar la trayectoria del fallido diputado no viene a cuento para reiterar evidencias sobre los delitos cometidos que están en trámite judicial, sino para considerar las grietas en la conciencia de los votantes de Escobar y luego de peronistas bonaerenses que aplicaron el código del olvido a cambio de la presunta seguridad que le ofrecía el especialista. A pesar de los obvios avances en la comprensión ciudadana sobre los crímenes de lesa humanidad, es notable lo que consigue la oferta de “mano dura” cuando logra cabalgar sobre los miedos sociales. Sin comparar debido a las notorias diferencias existentes, ¿no fue el pánico causado por el atentado contra las Torres Gemelas en Manhattan el mejor argumento para que un personaje de la talla de George W. Bush fuera encargado dos veces consecutivas de manejar a la mayor potencia económica y militar de Occidente?

Hay que señalar, por cierto, que la relación del miedo con la ultraderecha no es mecánica ni infalible, como lo acaban de probar, entre otros, Juan Carlos Blumberg y Jorge Sobisch en las elecciones de octubre último, también Patti que naufragó con su candidatura a gobernador bonaerense. Sin embargo, es una constante que aparezcan la campaña y la oferta no sólo cuando la seguridad de las personas está en riesgo, sino cuando hace falta establecer cabeceras de playa antes de lanzar un ataque frontal contra las amenazas de algún proyecto que ponga en cuestión los intereses y valores que son propios de la derecha. Pese a que la teoría y la práctica han demostrado que son los pobres las víctimas principales de la violencia urbana, las prédicas de los Patti suelen convencer con más facilidad a las pequeñas burguesías desclasadas –alguna vez llamadas “lumpenburguesía”– y de ellas hacia arriba. A las quejas constantes por la inseguridad urbana, a las campañas mediáticas acerca de lo mismo, a los compromisos de los futuros gobernantes, a las conductas de las fuerzas de seguridad, habrá que prestarles la máxima atención, para mejorar la calidad de vida de la población, en primer lugar, pero también para separar la paja del trigo, o sea lo que es preocupación legítima de las campañas interesadas en desestabilizar la evolución de la libertad en el país.

Durante el primer período “K” fueron incesantes los ataques contra la política gubernamental en materia de derechos humanos, acusándola de revanchismo montonero o demagogia lisa y llana, en nombre de una “reconciliación” que hiciera borrón y cuenta nueva, no obstante las abrumadoras pruebas que desmienten los argumentos sobre los errores y excesos para explicar las crueldades terroristas. Pese al compromiso del Poder Ejecutivo, que resistió las presiones de todo tamaño, incluso las ocasionales inflexiones en las propias filas, las redes de complicidades no pudieron ser desmanteladas, empezando por muchos estrados judiciales en todo el país que cajonearon durante los sucesivos gobiernos elegidos por el voto popular, con absoluta premeditación y alevosía, las causas abiertas contra un par de centenares de violadores de derechos humanos.

La desaparición de J.J. López, después de contribuir con su testimonio a la condena de Etchecolatz, es el símbolo de la capacidad operativa que conservan las células del terror o, si se prefiere, de la incompetencia, deliberada o no, de los órganos de seguridad de la democracia. Hay procedimientos viciosos que perduran, como puede deducirse de la información conocida acerca de la remoción del jefe de inteligencia del Ejército, por orden directa de la ministra Nilda Garré, confirmada en la cartera de Defensa para el próximo período, previa consulta con el Presidente, debido a información proporcionada por el espionaje del Estado sobre actividades conspirativas indebidas, aunque la SIDE aclaró que no controla teléfonos sin orden judicial. Estas menciones son escasas comparadas con la extensa nómina de datos, hechos, pistas y sospechas que confirman la pervivencia del pasado que puede parecer remoto, pero no lo es tanto, en nichos de la organización institucional, económica, cultural y social, cuyos poderes no son despreciables. Las referencias citadas tienen más que nada el propósito de mostrar que la voluntad presidencial, aunque indispensable y meritoria, no alcanza para reconstruir en plenitud los principios democráticos de la convivencia. A esa determinación hay que seguirle sumando la marcha de las organizaciones no gubernamentales que están empeñadas en la misma causa de reparación, de verdad y de justicia, una tarea que no estará cumplida antes del mediano plazo, dicho esto para los impacientes.

Reconstruir el Estado, el mercado y la sociedad sobre bases de la democracia republicana, dos conceptos que se menean en toda clase de discursos, supone el desmantelamiento de la añosa organización en corporaciones que controló el poder durante la mayor parte del siglo XX. El partido militar, al servicio de los conservadores, que incluía en roles subordinados a las fuerzas de seguridad, era una de esas corporaciones, vinculada por demasiados conductos a la eclesiástica, ya que ambas se atribuían (aún lo hacen) el rol de última línea de defensa de los mentados “valores del ser nacional, patria, religión y familia”. No están habituados, a lo mejor ni siquiera preparados culturalmente, a convivir con los riesgos de la libertad, a tolerar las diferencias y a tener la humildad de considerar las ideas de los otros. También los hay, con la misma predisposición al dogma, entre los civiles, tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando se escuchan discursos que con trivialidad usan calificativos como fascista para criticar al Gobierno, es suficiente para advertir las zonas oscuras en la cultura política nacional. Si fuera fascista, como se dice, sería obligación de las fuerzas democráticas organizar la resistencia, por todos los medios a su alcance, para deponer a tan descalificada como despótica autoridad. ¿Esa es la conducta apropiada en la actual situación nacional? ¿No será que los acusadores están proponiéndose para encabezar un gobierno provisional, una vez depuesto el régimen “fascista”? No hay que exagerar en la escala del razonamiento, no es para tanto. De todos modos, entre los méritos que puede atribuirse el Presidente que se despide habrá que contabilizar la (mala) calidad de sus oponentes.

De la misma (mala) confección el Gobierno tiene aliados, algunos por voluntad y otros porque no encontraron opción de alternativa, todavía. Entre las corporaciones ubicadas en esa posición habría que mencionar, antes que ninguna, a la sindical, renuente si las hay a dejar paso a cualquier tipo de renovación. Kirchner está a punto de abandonar la Casa Rosada, pero antes debería usar sus atributos para disponer la libertad de agremiación, según las normas y las prácticas del Occidente democrático. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) viene reclamando desde hace una década por sus derechos a la personería gremial, monopolizada en la actualidad por los miembros de la CGT. La libertad siempre implica riesgos y, en este caso, aun los gobiernos no peronistas, como el de la Alianza, temieron que los sindicatos tradicionales se convirtieran en el grupo de choque de todas las otras corporaciones que soportan la convivencia democrática como una amenaza a la propia existencia. Sería un tema de polémica mediática que duraría, ya se sabe, hasta el próximo motivo de escándalo.

Los cambios en la estructura sindical andarían mucho más lentos que en cualquier cálculo porque los relevos de este tipo no se improvisan de un día para el otro y, además, los propios trabajadores se encargarían de revisar en detalle las novedades antes de adoptarlas. Si no lo hace la norma, igual sucederá, como está pasando ya con el denominado sindicalismo de base, del tipo que funciona en los trenes subterráneos, y llegará el momento en que las estructuras gerenciales del gremialismo que fundó Perón a mediados del siglo pasado dejarán de ser útiles como muro de contención y, por lo tanto, se convertirán más en una carga que en un alivio. ¿Que se vienen los zurdos? Con ocho millones de pobres y tres millones en la indigencia, no hace falta que lleguen las izquierdas. Basta y sobra con que se agote la paciencia de los que han esperado y confiado en el compromiso de restituirles la dignidad del trabajo. Esta semana, la CTA, la Federación Agraria, Apymes y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentaron una propuesta al futuro gobierno para que convoque a una paritaria social que amplíe el número y la calidad de los participantes de un posible pacto social, partiendo de una premisa más que razonable: “No puede haber un modelo de acumulación con inclusión social si no es mediante una equitativa distribución de la riqueza”. ¿Habrá alguien que se atreva a negar en público la razón de esta demanda?

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