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Cuando era parte de la escuela de suboficiales del Ejército, Raimundo Heredia se sumó a uno de los intentos de golpe del incansable ex general Miguel Angel Iñíguez con tanta mala suerte que, como muchos, terminó detenido antes de los alzamientos. En 1976 tenía un puesto de trabajo más o menos serio, pero después del golpe, dice, “me echaron por terrorista”. Como en la Capital no podía trabajar porque la Federal le pedía documentos, después del despido hizo cerrajería, plomería y hasta trabajó de hachero en casa de amigos. Ahora tiene 73 años y alcanzó la edad de la jubilación: “Pero cuando llegás al Anses –dice– siempre aparece un bache”.
Raimundo pertenece al grupo de los viejos detenidos políticos que impulsa la promulgación de la ley de reparación histórica, pero su caso da cuenta además del universo que atraviesa buena parte de su generación. Como a muchos de los sobrevivientes, a lo largo de la vida su filiación política lo dejó sin trabajo, pero además le impidió obtener un trabajo formal. Un tema que, entonces, muchos ni siquiera consideraban, pero que hoy es un problema frente a la edad. “Hay una gran cantidad de muertos, los sobrevivientes son un islote”, dice Carlos Lafforgue, del Archivo de la Memoria. “Muchos compañeros hoy tienen entre 65 o 70 años. Vivieron o viven en condiciones de marginalidad o de pobreza, porque las listas negras les impedían conseguir certificados de buena conducta para trabajar en blanco o pensar en los aportes de una jubilación y hoy ni siquiera la tienen.”