EL PAIS › OPINION

Ahora quiero ser mi fiscal

 Por Mario Wainfeld

Aun en un país donde prima la ligereza institucional, el paso dado ayer por Mauricio Macri pugna por un nuevo record. Un gobernante que pide su juicio político, que insta a sus legisladores a ser sus promotores es otro hallazgo argentino, aunque cabe reconocer que el jefe de Gobierno no es pionero en eso de creer que las normas son de látex, muy elásticas. Gestos de ese porte inducen a la ironía o a la indignación. El cronista optará por analizarlo políticamente y tomarlo con humor. Un poco por estilo, otro por razones de salud.

En términos políticos, Macri decidió pasar de la defensiva a la ofensiva y trocar una comisión investigadora por el juicio político. Tenía perdida, a plazo fijo, la objeción a la Comisión que sus legisladores habían sostenido en el recinto ¡hasta el martes inclusive! Y venía encerrado en su área, rechazando centros como podía.

El escenario mediático también se le mostraba adverso, hasta en las tapas y análisis de ayer de los diarios ligados a Papel Prensa y Expoagro. Ese devenir enardece al macrismo, que suele ser acunado con cariño por la cadena privada de medios. Quizá la recurrencia de malos tragos en ese territorio amigable sobredeterminó la vuelta de campana. El mandatario la anunció en una conferencia de prensa, breve, en la que nadie le preguntó (ni mucho menos controvirtió) si su jugada era legal. Por ahí son detalles irrelevantes para una prensa sosegada, en un sistema de baja intensidad republicana.

La comisión investigadora se haría realidad en semanas o en un mes. Así lo cifraban los números de la Legislatura donde PRO es primera minoría tras la decepcionante cosecha de Gabriela Michetti en las elecciones de 2009. La primera minoría es bastante para frenar el juicio político, como ocurrió anteayer con el pedido sobre tablas: la oposición unida no junta los dos tercios exigidos en estos casos.

La apuesta del jefe de Gobierno es soportar una investigación ineludible logrando que desemboque en absolución por el cuerpo. Absolución que, todo lo indica, podría conseguir en minoría. ¿Es más auspicioso ese horizonte? Así lo cree Jaime Durán Barba, el mentor de esas acciones en una fuerza cuyo líder es un principiante en política y que adolece una chocante carencia de cuadros. El ecuatoriano es un analista de opinión vivaracho y audaz, vaya usted a saber cuán sabio y profético. Un detalle digno de mención, en la incertidumbre: hace cuatro días el gurú ecuatoriano opinaba que la cuestión de las escuchas “le importa un carajo” a la opinión pública. Trascartón, incitó una maniobra de enorme volumen institucional, no exenta de peligros y de gran visibilidad. El cambio de tácticas diario parece desmentir la calma que menciona Macri como mantra, con excesiva asiduidad para convencer incrédulos.

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El régimen constitucional porteño sobre el juicio político se hizo conocido cuando fue acusado y destituido Aníbal Ibarra. Vale la pena refrescarlo, de todas formas. Como la Legislatura es unicameral ejerce dos funciones, la de acusar y la de juzgar que en el Congreso nacional están divididas entre Diputados y el Senado. Cuarenta y cinco legisladores (ya sorteados en la primera sesión con la nueva integración) conforman la Sala acusadora, los otros quince integran la Sala juzgadora.

Para admitir la acusación (y pasar al juzgamiento) hacen falta 30 votos de la sala acusadora. Según el porotómetro vigente al momento de confección de esta nota, el macrismo cuenta con 18 o 19 (siempre hay algún navegante en los Parlamentos nativos), restando 26 o 27 al archipiélago opositor. La cifra bastaría para zafar (raspando) a Macri, ése parece ser el destino manifiesto del juicio político, si la oposición se aviene a aceptarlo.

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El juicio político es una medida extrema, puede fundarse en mal desempeño (una causal amplísima) o en otra más ceñida, “la comisión de delito”. No es competencia de la Legislatura establecer si Macri delinquió en términos penales. Esa función concierne al Poder Judicial, que seguirá adelante con el expediente respectivo. En otra sobreactuación, Macri pidió que se acelerara su juicio oral, lo que contraría los tiempos y las rutinas judiciales. Deberá esperar los plazos y trámites pertinentes, que le vienen muy adversos, de ahí que busque un juego distractivo en otro terreno.

El juicio político no es un proceso penal, eso contraría la división de poderes. Autodenunciarse ante la Legislatura es un disparate, esa potestad corresponde a la oposición, que debe determinar los cargos. Mezclar las condiciones de fiscal, acusado y juez ridiculiza la lógica de cualquier tribunal, trasvierte los roles.

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Según el artículo 94 de la Constitución porteña, la Sala acusadora nombra “en su primera sesión anual” una comisión para investigar los hechos. Por disposición reglamentaria, la componen 13 diputados.

La redacción es imprecisa, no deja en claro si esa primera sesión es al comienzo del período legislativo o cuando se activa la Comisión. El cronista cree que la interpretación más armoniosa sería tenerla designada al comienzo, pero no primó ese criterio. El colectivo investigador no está designado, su formación dará lugar a la primera puja interesante. Su número debe guardar proporción con la distribución general de bancas: el PRO ocupa 24 bancas sobre 60, el cuarenta por ciento. Ese porcentual, medido sobre 13, arroja un resultado con porcentual: 5,2 diputados. En un ente investigador es razonable dar la derecha a la oposición, así lo reclama el grupo “A” (en el que milita PRO) en el Congreso nacional. Nadie creerá que el macrismo obrará con coherencia. Definir como se redondea será otro punto de disputa, primará la política y no la matemática ni la congruencia.

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Los diputados nacionales Francisco de Narváez y Felipe Solá corrieron en apoyo de su aliado, del que venían escindiéndose. Su análisis jurídico no es interesante, ni merece atención. El apego a la ley no es la característica más resonante de los compañeros peronistas. El Colorado supera esa tendencia porque pretende (al servicio de su ambición presidencial) que se decrete la inconstitucionalidad de la Constitución. Nuevamente, el núcleo de avales o críticas es político.

La diputada Elisa Carrió fue drástica para desaprobar la movida, el bloque de la Coalición Cívica es el mayor entre los opositores, con ocho integrantes, lo que da cuenta de la dispersión de ese espacio.

Para los opositores en general, la ofensiva de Macri es un intríngulis porque los coloca en una instancia que muchos no querían. Eso se sinceró en una de las votaciones del martes que arrojó un saldo contrario al juicio político.

El dilema que plantea la nueva instancia es falaz. Muchas personas pueden considerar criticable el accionar de Macri sin pretender destituirlo. Para una sanción tan extrema deben ponerse en la balanza el principio de la soberanía popular expresada en el voto y razones de prudencia política.

Macri fuerza un debate fariseo, dando por sellado su desenlace. Institucionalmente, el juicio político se transforma en una parodia donde el acusado elige el ámbito, porque dispone de diputados suficientes para bloquearlo.

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El cronista renuncia al uso de la bola de cristal, no pronosticará cuál será la repercusión del nuevo escenario en la opinión pública. Le parece que la sobreexposición es riesgosa. Y que la línea argumental de Macri (“Kirchner me persigue”) es imperfecta para responder a una Legislatura en la que, si prospera su moción, muchas otras fuerzas políticas harán cola para fustigarlo. Además, intuye un cimbronazo centrífugo en el Grupo “A” porque no es fácil pelearse en una Legislatura y ser novios en otra ubicada a quince cuadras de distancia. También le genera dudas cuán exitosa puede ser una absolución lograda en minoría. Pero los humores de “la gente” son difíciles de predecir. Habrá que ver.

Un juego parlamentario endemoniado y capcioso se abre, no será el primero pero igualmente es de lamentar cómo se distorsionan las leyes al servicio de cualquier operación política. O mediática.

Como el final verdadero, el del veredicto popular, está abierto, el cronista cierra con un extraño recuerdo que lo asaltó cuando se enteró de la movida. Evocó una nota de Diego Lucero, un elegantísimo cronista deportivo uruguayo que escribía en Clarín hace décadas. Lucero narraba (inventaba) la historia de un réferi bombero que intentaba con denuedo favorecer al equipo local. “Inclinaba” la cancha, decidía a su favor todas las jugadas dudosas, pero los locales jugaban mal y esa ayudita no le bastaba. En un momento, cerca del final, cuando el juego transcurría sin peligro de gol en el mediocampo, el árbitro salió corriendo, con la mano horizontal, hacia el área del cuadro visitante. “¿Qué cobró?” –le preguntó uno de sus jugadores, intuitivo–. “Penal pa’ nosotros”, se sinceró el juez. En un arbitraje así confía el ex presidente de Boca mientras habilita un despliegue parlamentario que puede resultar una caja de Pandora.

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