Como era de prever, la diputada Elisa Carrió no aportó ningún nombre concreto ni forma de ingreso al país ni modo de actuación del supuesto comando iraní-venezolano que según afirma mató al fiscal Alberto Nisman. Carrió tampoco explicó cómo ese comando se hizo de la pistola de Diego Lagomarsino para cometer el asesinato y, de hecho, ni siquiera vinculó al informático con el homicidio. La legisladora se amparó en el derecho al secreto que tiene, según ella, por ser “representante del pueblo” y por lo tanto se negó a decir de dónde sacó la información.

“Pareció una novela de James Bond”, describió uno de los presentes en el testimonio de cuatro horas que brindó la diputada. En concreto, habló de una especie de alianza secreta internacional entre autoridades de Irán, Venezuela y la Argentina, con tecnología nuclear de por medio y un comando que contó con una zona liberada que brindó la empresa de custodia de Le Parc, Seguridad Integral Empresaria SA (SIE), a la que le adjudicó vínculos con la Secretaría de Inteligencia y con el aparato que supuestamente comanda el jefe del Ejército, César Milani. SIE es una empresa de envergadura que custodia algunas de las más grandes compañías del país, incluyendo Quilmes, los shoppings propiedad de IRSA o KMPG una de las grandes auditoras del mundo, con sucursales en 155 países. SIE sacó un comunicado rechazando cualquier vínculo con la ex SIDE. Un dato curioso es que Carrió mencionó que también hubo zona liberada brindada por fuerzas policiales pero que, según ella, no responden a Sergio Berni sino a Aníbal Fernández.

La fiscalía chequeará los datos aportados en un escrito y en su testimonio. Pero no hay ningún aporte preciso sobre la muerte del fiscal ni cómo se habría producido, ni cómo entraron los supuestos asesinos ni cómo salieron. Tampoco hay ningún nombre ni referencias a cómo ingresaron a la Argentina. Respecto de sus fuentes, la diputada se consideró con derecho a no revelarlas. Su relato coincide con el que últimamente se origina en la derecha republicana e israelí.