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Por H. C.

Otras recomendaciones que recibirá hoy Felipe Solá son la creación de fiscalías especiales con competencia en la investigación de torturas y apremios ilegales; la designación de fiscales elegidos especialmente para esa tarea; la conformación de una policía judicial como auxiliar directa exclusiva de esos fiscales, dependiente de jueces y fiscales. “Si hay decisión política, los fondos para crearlas no son un problema”, señaló el fiscal Hugo Cañón. Además, que los organismos de DD.HH. estén habilitados para intervenir en casos de torturas, más allá que la víctima inicie o no personalmente una causa; ampliar las facultades de las víctimas en el proceso penal, independizándolas de las decisión del fiscal; poner en práctica el control y la sanción de funcionarios judiciales que no respeten los plazos legales del proceso o que dispongan detenciones en lugares no habilitados; desarrollar mecanismos para el control de la legalidad y eficiencia de las investigaciones policiales; establecer concursos públicos para la designación de funcionarios superiores del SPB; y un régimen de auditoría externa sobre las compras, licitaciones y gastos del SPB.