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Los obispos no creen en las leyes más duras

La reunión episcopal que terminó ayer emitió un documento tomando distancia de “la severidad de la ley” como solución al problema de seguridad. “Hay que construir justicia.”

 Por Washington Uranga

El Episcopado católico tomó prudente distancia respecto de soluciones al problema de seguridad que no prioricen a la persona y la “construcción de la sociedad basada en la justicia”, afirmando que “es ilusorio buscar solamente en la severidad de la ley el encaminar a nuestros jóvenes en el bien y en el respeto a la vida y a los bienes ajenos”. La afirmación, que forma parte del comunicado final de la asamblea episcopal que se cerró ayer en San Miguel (Buenos Aires) después de una semana de deliberaciones, recoge la opinión mayoritaria de los obispos, que en sus intervenciones mostraron preocupación por soluciones al tema de seguridad que no contemplen el problema en su integralidad. Los obispos utilizaron también su breve declaración, titulada “Necesitamos ser Nación”, para recordar que “el aborto es un crimen que mata al más indefenso de los seres” y para insistir en su demanda de reforma política y de políticas de Estado, reclamo que también ha sido planteado por varios de los obispos en forma personal a funcionarios de gobierno de distintas áreas.
Los obispos exhortaron a los propios cristianos para que vivan “de una manera totalmente nueva, desterrando de nosotros los criterios y comportamientos sociales contrarios al bien común y no acordes con el Evangelio de Jesús. Este pedido dio pie también para deslizar una crítica a la dirigencia del país al señalar que el propio Evangelio “nos manda resistir el mal con el bien, y no ceder a la corrupción por pequeña que fuere”. Agregan que “no podemos olvidar que nuestra crisis es fruto de innumerables claudicaciones en la conducta moral de los ciudadanos, en particular de sus dirigentes”.
Para el Episcopado la Argentina aún no ha superado la crisis, y las causas profundas de la misma siguen tendiendo raíces en la moral y en una errada concepción del bien común” y en la “crisis de valores que en su momento culminante se manifestó en disgregación, desencuentro y ruptura de vínculos, y cuyo saldo más negativo fue la polarización social que nos afecta y que se hace visible en tantos signos de pobreza y exclusión”. Atenuando la afirmación, los obispos dicen que “sabemos que revertir este proceso demandará mucho tiempo y heroicos esfuerzos”. En la misma línea de pensamiento, señalan los obispos que “nuestra visión exitista nos puede hacer ilusionar una vez más en que nuestra salvación consiste en el incipiente repunte económico por el que atravesamos”. Consideran que “sólo podremos salir de ella (de la crisis) con ‘hombres y mujeres honestos y capaces, que amen y sirvan a la Patria’, que cumplan sus deberes y no se contenten únicamente con exigir sus derechos”.
El texto episcopal rescata el diálogo como una herramienta eficaz para la construcción de alternativas. En este sentido, el pronunciamiento guarda coherencia con la decisión de volver a poner el esfuerzo de la jerarquía en alimentar la experiencia del “Diálogo argentino”, en general, y de respaldar iniciativas particulares del mismo tipo, como la que está llevando a cabo en Santiago del Estero el obispo Juan Carlos Maccarone.
“Si las causas de la crisis son tan hondas, el camino a recorrer será arduo y no exento de sacrificios”, advierte el documento episcopal. “Las experiencias de diálogo, en la búsqueda de comunión y de reconciliación, que en lo peor de la crisis nos permitieron dar los primeros pasos, son las que debemos seguir profundizando, excluyendo toda forma de violencia que vulnere los derechos de terceros.”
Piden los obispos profundizar “las experiencias de diálogo, de la búsqueda de la comunión y la reconciliación”, reivindicando “el camino de las reformas profundas que permitan restablecer una mayor confiabilidad en los representantes del pueblo y un renovado fortalecimiento de los poderes del Estado” y las “políticas consensuadas que trasciendan a personas y gobiernos y faciliten una participación ciudadana más amplia, que impedirá la acumulación de poder en unos pocos y ayudará a desterrar los caudillismos y personalismos que tanto mal han causado a nuestro pueblo, debilitando las instituciones”.
La cuestión social tampoco estuvo ausente de la agenda episcopal. Varios de los obispos incluyeron apreciaciones sobre la situación social en su “mirada pastoral” sobre la realidad. En la declaración final, la jerarquía católica decidió vincular aquel tema con el de la inseguridad señalando que “la inseguridad ciudadana –que mueve multitudes– también tiene su origen en la carencia de valores, pero advertimos de otra inseguridad que alcanza a muchos hermanos nuestros: la de las familias campesinas, aborígenes y de algunos sectores urbanos que no tienen acceso a la tierra o se les desconoce la propiedad”. Asumiendo como propias algunas de las reivindicaciones que han sido clásicas en los reclamos de los aborígenes, los obispos denunciaron ahora “la venta indiscriminada de grandes extensiones en las que se desmonta el bosque nativo, poniendo en peligro el medio ambiente, casa común en la que todos debemos vivir”.

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