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La Corte bonaerense dio 24 horas a Solá para presentar un informe

Las declaraciones de los presos marcan la responsabilidad de los guardias. Dicen que impidieron que los compañeros ayudaran a evacuar el pabellón. El gobierno admite que no hubo motín. Ninguno de los muertos está herido, lo que desmiente la versión oficial de la lucha entre bandas.

 Por Horacio Cecchi

Al contrario de lo que intentaba el gobierno de Felipe Solá, el caso del penal de Magdalena se expandió a otras esferas: la Suprema Corte bonaerense dio un plazo de 24 horas para que el gobierno responda a su solicitud de informes sobre los hechos. A dos días del incendio del pabellón 16, en el que 32 presos murieron asfixiados o quemados como ratas, varios datos resultan relevantes en la reconstrucción del infierno de Magdalena: según las pericias preliminares, ninguno de los 32 muertos mostraba heridas de puntazos o cortes, típicos de las peleas entre presos, con lo que se descarta la versión oficial de que todo se originó en una descomunal batahola entre bandas. En segundo lugar, el argumento del motín fue dejado de lado incluso por los propios funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Por su lado, la fiscalía 4 continuó tomando testimonio a los presos del penal. La mayor parte son desgarradores, especialmente los de aquellos que participaron directamente en el intento de rescate. Pedazos de carne que se desprendían, cuerpos endurecidos, bomberos sin agua y guardias reprimiendo fueron lugar común en las testimoniales.
El máximo tribunal provincial emitió dos resoluciones vinculadas al incendio del pabellón 16. En la primera, dirigida al gobernador Felipe Solá, la Suprema Corte solicita que se informe sobre las causas que originaron los hechos, la cantidad de fallecidos, el número de heridos y lugares de internación, dónde fueron derivados los internos y cuántos quedaron alojados en el lugar. El último de los puntos pide se informe si en el lugar se hallaron elementos contundentes y otros fácilmente combustibles. Otra resolución estuvo dirigida a María del Carmen Falbo, procuradora general bonaerense. En ambos casos, el pedido de la Corte retornaba sobre los pasos del fallo de la Corte Suprema nacional –en el caso planteado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en relación con el hacinamiento en las cárceles bonaerenses– que obliga al gobierno a tomar medidas para solucionar la gravísima crisis carcelaria. La resolución dirigida a Solá tiene la formalidad diplomática de una solicitud y el rigor de un plazo límite de un día.
Entretanto, la fiscal María Laura D’Gregorio y su adjunto Sergio Delucis, continuaron tomando testimonio a los presos de la UP28. “En primer lugar estamos investigando la actuación de los funcionarios del Servicio –dijo D’Gregorio a Página/12–, porque son garantes de la integridad física de los presos. Se investiga qué fue lo que inició el incendio y lo que provocó las muertes. Hasta el momento, los informes preliminares no detectaron heridas típicas de facas. Todos murieron por asfixia”. La fiscal sostuvo que “no hubo tipicidad de motín. Los mismos presos, que tenían tomada la unidad, cuando pidieron nuestra presencia nos aseguraban que no había motivos para un motín, que no tenían reclamos para hacer y no habían tomado rehenes.”
La fiscalía tomó el domingo más de 30 testimonios de presos y ayer continuó con al menos una decena más. Ya se había tomado declaración a los guardias y por la tarde declaraba el jefe de la guardia externa, Cristian Núñez, que había sido golpeado en la cabeza. No se había determinado aún en qué circunstancia y lugar ocurrió la agresión. D’Gregorio dijo también que “todos los presos aluden a una pelea, pero no fue grupal. También, tres de los cuerpos estaban fajados (se cubren con aluminios del interior de los tetrabrik como una especie de malla metálica que los proteja en una pelea), pero no tenían heridas”. “Por ahora –sostuvo el fiscal Sergio Delucis–, lo que manifiestan los internos es que no había una situación en sí, no había reclamos, sino que actuaron ante la impotencia de ver cómo se estaban quemando sus pares”.
Los relatos de los presos son descriptivos y desgarradores. Y pese al esfuerzo del ministro de Justicia Eduardo Di Rocco (“no hubo abandono de persona”, aseguró a diestra y siniestra), también señalan la responsabilidad de la guardia. Según esos relatos, cuando los presos del15 comenzaron a percibir humo, gritos y rotura de vidrios, intentaron trepar al techo y saltar al patio del 16. “Los guardias nos tiraron con balas de goma y nos obligaron a permanecer tirados en el piso”, dijo uno de los internos. Como el fuego y los gritos avanzaban, los del 15 se desataron pese a la resistencia de la guardia y tomaron primero el pabellón 15, saltaron al patio del 16 y con mazas provistas por los bomberos y bancos abrieron un boquete. Los bomberos intervinieron pero no tuvieron agua. Las bombas contra incendio carecían de agua. Los extinguidores estaban sin fuerza. Los bomberos tuvieron que extender líneas desde sectores muy distantes y el agua salía sin presión. Siempre según el relato de los presos, abrieron otro boquete en la pared del pabellón siniestrado que da al 17, y por allí corrían hasta donde estaban los bomberos que mojaban las mantas con que se cubrían o les llenaban baldes de agua.

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Los guardias no cometieron abandono de persona, según aseguró el ministro de Justicia Di Rocco.
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