EL PAíS

La conjura

Por H. V.

La referencia que Kirchner hizo en España a las presiones que sufrió antes de asumir para que se cerraran los juicios por violaciones a los derechos humanos no es casual. Aunque no dio nombres, entre quienes le plantearon la cuestión estuvieron el ex senador Eduardo Duhalde y su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Duhalde acababa de indultar a Mohamed Seineldín, Enrique Gorriarán y dos decenas de civiles y militares que junto a ellos se alzaron en armas durante gobiernos constitucionales. En un diálogo con el diario de Daniel Hadad, el encargado provisional de la Defensa y las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina agregó: “Los jueces no saben qué hacer, con detenciones que muchas veces son injustas, con unas Fuerzas Armadas que han tenido un comportamiento ejemplar en los últimos años. Permanentemente no se puede estar sobre ellas. No imagino un país que no cierre las heridas”. El jefe de Estado Mayor del Ejército y su secretario político, generales Ricardo Brinzoni y Daniel Reimundes, habían negociado un acuerdo con el cardumen menemista en la Corte Suprema de Justicia. La Nación publicó en esos días que emisarios de Brinzoni, “le hicieron saber a Kirchner que la Corte está dispuesta a convalidar las leyes de punto final y de obediencia debida si, por su parte, el candidato les promete que no arremeterá contra el tribunal”. El diario que entonces dirigía Claudio Escribano agregó con una metáfora marinera que Kirchner estaría dispuesto a no “agitar las aguas si la Corte convalida el punto final”. ¿Cuál era su fuente? Luego de citar a Rafael Bielsa, a quien llamó “eventual ministro de Justicia de Kirchner”, el diario dijo que deberían declarar ante la justicia 300 militares en actividad y concluyó que “Kirchner no quiere ese escenario. Y calcula que si la Corte clausura los juicios contra los militares, no será él sino el tribunal el que asuma el costo frente a la opinión pública”. Bielsa confirmó que Brinzoni le había suministrado el alarmista número de 300 oficiales en actividad citados a declarar. La mayor sorpresa en la conformación del gabinete fue su aparición en otro ministerio. Kirchner mantuvo en secreto sus decisiones hasta pocas horas antes de asumir. José Pampuro difundía desde el gobierno las condiciones del plan canje y también se inclinaba por la confirmación en sus cargos de los cuatro jefes de Estado Mayor. En un reportaje Pampuro sostuvo que los dos temas principales para las Fuerzas Armadas eran el escaso presupuesto, que dificultaba el funcionamiento, y la validez de las leyes de punto final y de obediencia debida. En otras declaraciones agregó que “hay que mirar hacia el futuro, porque se está iniciando un nuevo camino” y “reabrir situaciones que en la historia argentina ya fueron analizadas y vistas no se condice con la orientación general del gobierno”. Kirchner contrarió cada una de esas posiciones, descabezó la cúpula castrense que había celebrado el pacto, impulsó el juicio político de los jueces de la Corte Suprema y propugnó la nulidad de las leyes y decretos impulsados por Alfonsín y Menem para garantizar la impunidad. Una vez que comenzó a hablar, no debería descartarse que Kirchner brindara más detalles de esa combinación que desbarató.

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