La impunidad era política de Estado. Los genocidas caminaban por las calles. La apropiación de bebés y los vuelos de la muerte eran justificados en televisión. La organización política era estigmatizada. Los docentes acampaban. Los piquetes asomaban. La violencia institucional se alimentaba de los indultos, la obediencia debida y el punto final y salía por las calles a imponer el gatillo fácil. Mientras, los pañuelos blancos seguían en las plazas, en las rondas, en las calles.

Era 1995. Era un país dependiente, sin Patria Grande, con deuda social. En ese momento de la historia, nos pusimos un nombre colectivo H.I.J.O.S.: Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Nos organizamos para luchar por el Juicio y Castigo a los genocidas, por la libertad de los presos políticos, por la reconstrucción de los lazos sociales rotos por el terrorismo de Estado. De la mano de las Madres, Abuelas y Familiares, al “no te metás” le respondimos con organización y fuimos por más: levantamos las banderas de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y culturales en las que militaron los 30.000 compañeros detenidosdesaparecidos. Nos organizamos en regionales en todo el país y otros lugares del mundo. Los testimonios, las anécdotas, los dolores, las ideas, empezaron a rondar con los mates y fortalecimos nuestra lucha con la convicción de que somos todos hijos e hijas de la misma historia, esa que viene de lejos con cada compromiso con las causas justas. Por eso decimos que nacimos en sus luchas y que viven en las nuestras. Nos parieron hombres y mujeres que lucharon por un país para todos, pero se los llevaron por un país para pocos.

Quienes quisieron impedir ese país grande y justo, lo hicieron con una dictadura cívicomilitar. Impusieron el terror y el miedo con el objetivo de instalar un plan económico, social, político y cultural de exclusión. Desde la cúpula de la Iglesia, la corporación judicial, los grupos económicos y las Fuerzas Armadas, con la participación de Estados Unidos, pretendieron aniquilar toda forma de organización política. Con las puertas abiertas por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), los genocidas que ocuparon la Casa Rosada el 24 de marzo de 1976 produjeron miles de exiliados, asesinados, detenidosdesaparecidos y presas y presos políticos. La ausencia de justicia benefició a esos culpables, por eso construimos el escrache: una herramienta política para la construcción de la condena social y la visibilización de la impunidad. ¡Si no hay justicia, hay escrache!, dijimos por los barrios para denunciar dónde vivían los torturadores y apropiadores. Definitivamente, los genocidas no habían logrado ni el silencio ni el olvido: nuestro pueblo sostuvo siempre vigente el reclamo por el Juicio y Castigo y la lucha por la restitución de la identidad de los nietos y nietas.

Por eso, mucho tiempo después (demasiado), llegó el momento histórico en el que los genocidas fueron llevados a los tribunales para ser juzgados y condenados. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en el 2003 con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, reconoció en políticas de Estado la condena social sostenida por nuestro pueblo: ¡qué lejos quedó el piso cuando condenaron por primera vez a perpetua a los genocidas Videla y Menéndez! ¡Qué abrazos más largos aprendimos a darnos cuando apareció un nieto o nieta de las Abuelas, uno de nuestros hermanos! Pero ese momento de justicias tuvo su dolor inesperado: volvieron a desaparecer a Jorge Julio López. Volvieron a actuar como grupo de tareas. Julio era testigo en el juicio al genocida Etchecolatz. Julio éramos todos, porque sin su verdad, sin la de todos los sobrevivientes, difícil sería tener los juicios. Ese mensaje de miedo para los testigos obtuvo el repudio masivo que confirmó que el pueblo no permite más golpes a la democracia. Pasaron casi 10 años y todavía seguimos exigiendo saber qué pasó con Julio López y el Juicio y Castigo para los culpables. ¡Los juzga un Tribunal; los condenamos todos!, dijimos por todo el país para difundir los juicios a los genocidas y convocar a participar. Una vez más, al miedo le respondimos con organización y militancia.

En ese camino, en el 2015 cumplimos los 20 años de lucha de la Red Nacional de H.I.J.O.S.: 20 años desafiando lo imposible. En los primeros encuentros a mediados de los 90, costaba armar la imagen de los genocidas presos. Luchábamos por eso, pero con los verdugos sueltos e impunes, parecía lejano, imposible. Con militancia y la decisión política de dos presidentes para que seamos parte del tejido de la Patria Grande, recuperamos la posibilidad de tener un país más cercano al que quisieron construir los 30.000 compañeros detenidosdesaparecidos. Y para eso era fundamental que los asesinos del pueblo dejaran de estar impunes. Así, empezamos a escuchar a los jueces y juezas decir “prisión perpetua” y que esa fuera la condena para más de 600 genocidas. Seguimos exigiendo el Juicio y Castigo para todos los genocidas. En este sentido, denunciamos que todavía continúa la impunidad para los genocidas civiles, como Blaquier, Massot y Magnetto.

Tenemos muchos recuerdos de todos estos años de lucha: el primer encuentro nacional en Córdoba, el escrache a la Sociedad Rural Argentina, la declaración del Día Nacional de la Vergüenza por la asunción del genocida Bussi como gobernador de Tucumán, la impugnación a Patti para impedir que ocupara un lugar en el Congreso, el escrache a Astiz en Tribunales y el día en el que las Madres nos traspasaron el pañuelo blanco, son parte de nuestra historia colectiva.

Esta democracia de más de 32 años tuvo que ser defendida muchas veces. Nadie olvida los levantamientos de los carapintadas, ni la masacre de diciembre del 2001 contra la rebelión popular, cuando el pueblo volvió a ser víctima de políticas de exclusión y represión, con más de 30 asesinados en todo el país y las Madres nuevamente reprimidas en Plaza de Mayo. Nadie olvida. Como tampoco olvidamos la desaparición forzada de Miguel Brú, ni lo que hicieron con Luciano Arruga, ni los asesinatos de Fuentealba, Cabezas, Darío, Maxi y Mariano Ferreyra. Por eso, a 40 años del golpe genocida, nos sentimos nuevamente convocados y convocadas a defender la democracia, porque el cambio de gobierno está significando a diario la vulneración de derechos: miles de personas despedidas en el Estado y el sector privado, la criminalización de la protesta, la profundización de prácticas de violencia institucional, la persecución política a militantes, con el extremo de que hoy Milagro Sala sea una presa política.

Tenemos que defender firmemente nuestra democracia y, ahora que las corporaciones volvieron a la Casa Rosada y Estados Unidos retorna a la región, debemos reafirmar que no permitiremos ni un paso atrás. Este 24 de marzo, como cada año, marchamos en todo el país. Esta vez, con 40 años de lucha, memoria y militancia, denunciando que sin derechos no hay democracia.