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Comunicación popular y universidad

Tomando como base una experiencia realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Sol Benavente y Santiago Castellano aportan testimonios y reflexionan sobre la responsabilidad de la universidad pública ante la nueva ley de SCA y los espacios que se abren a las organizaciones sociales.

 Por Sol Benavente y Santiago Castellano *

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 ha instalado un debate en la agenda pública sobre la concentración de medios, que permite a las organizaciones sociales visualizar nuevos desafíos y demandas comunicacionales que la Universidad Pública tiene la voluntad de responder.

“Estamos evaluando la posibilidad de montar una radio, necesitamos saber cuál es el presupuesto que se necesita, la programación mínima, el lugar físico necesario”, afirman los referentes de la Asociación Civil Aguafuertes de la Comuna 7 de Flores; por su parte, desde el Centro Juvenil y Cultural El Telar, de Moreno, enfatizan: “Queremos encarar un proyecto radial con jóvenes y queremos hacernos de insumos para apoyarlos”.

Así como a raíz de la crisis de 2001 las organizaciones asumieron la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades extremas de los sectores más vulnerables, hoy, con un país fortalecido y en constante crecimiento, las urgencias ceden lugar a nuevas acciones y emprendimientos que constituyen a su vez una oportunidad para las organizaciones para reflexionar, fortalecerse y crecer.

De este modo, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA convocó en diciembre a los Cursos y Talleres de Comunicación Popular, organizados por la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación, que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) dictó como cierre de las jornadas realizadas en Universidades Nacionales durante la segunda parte del año. Participaron más de cien miembros de medios comunitarios y organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre los que se encontraban escuelas, centros de salud, gobiernos municipales, sindicatos y agrupaciones políticas de la Capital y Gran Buenos Aires, así como organizaciones del interior de la provincia y de La Pampa, dando cuenta del interés de numerosos miembros de la sociedad civil ante el nuevo escenario mediático.

Oscar Magarola, titular del Taller Anual de la Orientación (TAO) en Comunicación Comunitaria de la UBA, asegura que aún no está instalada en las organizaciones de la sociedad civil la cuestión de la comunicación como un factor clave para la sustentabilidad y el desarrollo de sus proyectos. “Es preciso que la planificación de diversas estrategias de comunicación interna y externa sean regulares y frecuentes, para lo que es necesario que exista un acompañamiento, capacitación y monitoreo en las organizaciones, a fin de que las mismas instituyan prácticas comunicacionales. A su vez, resulta fundamental clarificar de qué hablamos cuando nos referimos a la ‘participación’, tanto en la discusión interna de las organizaciones, como en su relación con la comunidad, el Estado y otros actores, ya que esto llevará a repensar los horizontes, acuerdos y formas de sustentabilidad de las mismas.”

Gustavo Bulla, director nacional de Supervisión y Evaluación del Afsca, destaca los puntos que la nueva ley plantea como oportunidades para las organizaciones y los medios comunitarios: el Estado reserva un 33 por ciento del espectro radioeléctrico para las mismas, plantea cuotas de producción nacional de contenidos, federaliza la comunicación impidiendo formas de concentración mediática y habilita la participación ciudadana a través de audiencias públicas para la renovación de licencias. “Esto le da sentido a la frase ‘las frecuencias son de todos nosotros’”, afirma.

Por su parte, Alejandro Verano, director de Radio y Televisión Argentina, destaca la importancia de fomentar encuentros en los que la Universidad puede aportar a las organizaciones toda la experiencia y conocimientos construidos a lo largo de años en las carreras de Comunicación del país, y manifiesta “la necesidad de reestructurar la matriz de producción comunicacional, a través de nuevos contenidos, con nuevos formatos y estéticas, que surjan desde el trabajo de las organizaciones y medios populares, junto con el cambio cultural necesario que es el desafío mayor a asumir en el campo mediático”.

Julio Ojeda, del Centro Comunitario Km.45 y Comedor Vida, de La Matanza, comenta: “Me interesa a futuro profundizar el conocimiento sobre la reglamentación de la Ley, ya que es una oportunidad única para conseguir una pluralidad de voces”.

“Estas jornadas fueron el primer paso de un proyecto a largo plazo, que nuestra Secretaría desarrollará a partir de 2011, a través del Programa de Comunicación Popular de la Facultad de Ciencias Sociales, mediante líneas de acción en cuatro áreas: Formación continua, Asistencia técnica, Fortalecimiento institucional y Asistencia financiera, para darles sustentabilidad a los proyectos en las organizaciones”, asegura Alejandro Enrique, secretario de la SEU de Sociales.

* SEU Facultad de Ciencias Sociales UBA.

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