SOCIEDAD › OPINIóN

Promover la incineración es retroceder décadas

 Por Cecilia Allen * y Juan Carlos Villalonga**

Como organizaciones que trabajamos por el cumplimiento de la Ley Basura Cero nos es imprescindible aclarar una serie de puntos incluidos en la nota publicada el día 24 de junio por el jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Rodríguez Simón, que resultan sumamente preocupantes.

Resulta alarmante que desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires se promueva una actividad que está expresamente prohibida por ley; éste es el caso de la incineración de residuos sólidos urbanos. También es preocupante que quien impulsa esta tecnología contaminante y derrochadora de recursos forme parte nada menos que del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Le recordamos una vez más al señor Rodríguez Simón que cuando se elaboró la ley 1854, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se dio un extenso debate en torno de este artículo. Tras un amplio proceso de consulta a diversos sectores –incluidas las empresas de incineración–, fue decisión de la Legislatura prohibir “la combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía” hasta tanto se llegue a reducir el enterramiento de residuos en un 75 por ciento, meta que, demás está decir, aún no se ha alcanzado. Debemos recordarle también al señor Rodríguez Simón que los representantes del macrismo en aquel momento apoyaron con su voto a la Ley 1854.

No es verdad que haya sistemas de combustión “absolutamente limpios, no contaminantes y sin impacto ambiental negativo” y tampoco es cierto que la Unión Europea (UE) permita la incineración como único método de tratamiento. La UE establece una jerarquía de manejo de residuos que tiene como primer paso la reducción, al igual que la Ley Basura Cero. Los incineradores de residuos son fuente de emisión de centenares de sustancias dañinas y numerosos estudios científicos dan cuenta de que los ciudadanos que trabajan en plantas de incineración o viven cerca de ellas registran índices más altos de enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas, hipertensión, alteraciones en los órganos reproductivos, entre otros. En el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes, firmado por más de 150 países en el marco de la ONU, la incineración está clasificada como una de las principales fuentes de emisión de dioxinas y furanos. El propio Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo presentado por Argentina recomienda “promover la prohibición de la incineración como tecnología de tratamiento y disposición final de este tipo de residuos, incluyendo la utilización de éstos como insumo para la producción de energía”. Es escandaloso que funcionarios públicos promuevan una actividad prohibida por ley y que contradice los compromisos asumidos por el país ante la comunidad internacional.

Por otro lado, cuando se prohibió la incineración, se tuvo en cuenta que el modelo de Basura Cero, adoptado como principio orientador por la ley 1854, es totalmente incompatible con la incineración de residuos. La misma Legislatura tomó muy en cuenta que permitir la incineración de residuos pondría en riesgo los programas de reciclaje, reducción y reutilización de residuos. No hace falta decir que lo que plantea Rodríguez Simón implica un retroceso nefasto.

Tampoco es cierto que la incineración contribuya al faltante de energía. De hecho, la incineración derrocha más energía de la que genera, ya que todos los materiales que quema deben ser fabricados nuevamente y ese proceso requiere mucha más energía que la que puede capturar un incinerador. Se puede generar energía de un modo verdaderamente sustentable incorporando la biodigestión de residuos orgánicos. Esto además permitiría reducir el enterramiento de estos residuos, que además de representar la mitad de los residuos que enterramos son los que más problemas generan en los rellenos “sanitarios” (emisión de gases de efecto invernadero, malos olores, lixiviados, combustiones espontáneas, etc.). Pero como vemos, el gobierno de la Ciudad solo está dispuesto a soluciones simplistas que no tienen en cuenta la salud de la población ni los impactos ambientales.

El concepto Basura Cero como principio orientador marca un cambio radical con el modo en que se venían tratando los residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Los mecanismos que otorga la Ley Basura Cero al Poder Ejecutivo no “se limitan” a los que menciona el funcionario, sino que abarcan todo el circuito de los residuos: herramientas para que los fabricantes rediseñen los productos y envases difíciles o imposibles de reciclar; un esquema de separación de residuos en origen y recolección diferenciada de residuos; el establecimiento de centros de selección de residuos secos; métodos de tratamiento de residuos (por ejemplo, compostaje y biodigestión); programas de educación y campañas publicitarias; promoción de compra de productos reciclados o reutilizados; un esquema de incentivos y penalidades que además garantiza la prioridad a los recuperadores urbanos en tareas de recolección y trabajo en los centros de selección; la conformación de una comisión multisectorial de seguimiento de la ley, entre otras.

Más del 80 por ciento de los residuos que se generan en la ciudad de Buenos Aires es aprovechable. Si quienes integran el Ministerio de Ambiente y Espacio Público realmente tienen un “compromiso irreductible” con la reducción de la basura y la recuperación los instamos a poner contenedores para separar los residuos en toda la ciudad; terminar de construir los cinco centros verdes de selección de materiales secos y equiparlos adecuadamente para que puedan trabajar allí los recuperadores urbanos; realizar una campaña masiva, eficiente y permanente de comunicación a la ciudadanía; poner en marcha un programa de separación en origen y tratamiento de residuos orgánicos de restaurantes, bares, hoteles y mercados a través del compostaje y/o la biodigestión; restaurar la comisión de seguimiento de la ley del modo abierto y participativo que ha tenido hasta ahora. Es decir, los exhortamos a cumplir la ley.

* Coordinadora Regional de la Alianza Global Antiincineración (GAIA).

** Director político de Greenpeace Argentina.

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