SOCIEDAD › PIDEN LA INDAGATORIA DEL DIRECTOR DE HABILITACIONES Y OTRAS ONCE PERSONAS POR LA TRAGEDIA EN BEARA

Funcionarios imputados por el derrumbe

El fiscal imputó por “estrago doloso seguido de muerte” a cuatro funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control y a los cinco propietarios de Beara. Es el mismo delito por el que condenaron a Chabán.

 Por Eduardo Videla

Un fiscal pidió que se cite a declaración indagatoria al director de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad, Martín Farrell, y a otros dos funcionarios de su área, por el derrumbe en el boliche Beara Lounge, que provocó la muerte de dos chicas. Los funcionarios están acusados por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”, la misma figura por la que fue condenado el empresario Omar Chabán por la tragedia de República Cromañón. Bajo la misma figura, el fiscal también pidió que declaren los cinco socios del boliche, el relacionista público que organizó la fiesta en la que se produjo el derrumbe, dos profesionales encargados de aprobar la obra del entrepiso y un inspector. Según su razonamiento, el boliche Beara no estaba tan correctamente habilitado como sugirieron las autoridades porteñas: una funcionaria del propio gobierno había advertido que no se permitiera a Beara la actividad como “casa de fiestas privadas” porque funcionaba como una discoteca encubierta.

El fiscal Andrés Madrea le pidió a la jueza de Instrucción Alicia Iermini, a cargo de la causa, la indagatoria de Farrell y de sus sobordinados, el jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano, y el director de Habilitaciones Especiales, Pablo Seiskuscas. La firma de los tres funcionarios aparece suscribiendo la habilitación de Beara, otorgada el 21 de agosto de 2009, como “casa para fiestas privadas”.

La acusación se extiende a los responsables de la firma El Viejo Sabio SA, la sociedad que administraba Beara Lounge. Según el fiscal, Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Iván Fliess, Roberto Kattan Coria y Ronaldo Fliess, socios de esa firma, habrían realizado gestiones conducentes para lograr una habilitación como “casa de fiestas privadas” con la intención de que el lugar se utilice como local bailable, con el fin de evitar mayores costos y exigencias y eludir los controles posteriores.

Tanto el comportamiento de los empresarios como el de los funcionarios habría “coadyuvado” para obtener el mismo resultado: la desvirtuación de la actividad podría estar directamente relacionada con la tragedia ocurrida.

Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que, de acuerdo con la acusación fiscal, los funcionarios habrían incumplido la misión de realizar la supervisión y los controles necesarios para evitar que ocurra un accidente trágico como el que ocurrió, en tanto que los empresarios habrían faltado a su obligación de custodia de las personas que habían concurrido al lugar. En esas actitudes estaría configurada la figura del dolo.

A la lista de imputados, el fiscal sumó al inspector del gobierno porteño Carlos Mustapich, quien avaló la habilitación del local después de concurrir al lugar; al maestro mayor de obras Gustavo Amaru, quien intervino como personal técnico en el trámite de habilitación del entrepiso, y al arquitecto Isaac Rasdolsky, verificador de habilitaciones contratado por la ciudad. La Justicia cuenta, por ahora, con la pericia realizada por los Bomberos de la Policía Federal, que concluye que “el colapso de la estructura metálica se produjo por deficiencias en el sistema de anclaje”.

La nómina de imputados se completa con el empresario Maximiliano Fratino, el relacionista público que organizó el baile en que se produjo la tragedia. La investigación busca determinar si Fratino pagó 4500 pesos a los músicos y 5000 por el alquiler de Beara e invitó a 150 personas que concurrieron gratis a un evento que no estuvo auspiciado por ninguna marca. El fiscal pidió además que a ninguno de los imputados se les permita salir del país.

La tragedia de Beara se produjo el 10 de septiembre último a las 3.50, cuando parte del entrepiso del local, ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, se derrumbó y aplastó a las personas que estaban por debajo. Como consecuencia de ese episodio, fallecieron las jóvenes Ariana Beatriz Lizarraga y Paula Leticia Provedo, mientras que otras treinta personas recibieron heridas de distinto tipo.

Para el fiscal, resulta clave la advertencia que la directora de Verificación y Control, Vanesa Berkowsky, le formuló a Farrell el 3 de agosto de 2009. Allí, después de detallar que el local había sido clausurado el 22 de abril de 2008 por “obstrucción al procedimiento inspectivo”, y el 2 de junio de 2009 “por funcionar como local de baile clase C sin encontrarse inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables ni contar con la respectiva habilitación otorgada”, solicitó “el rechazo de la habilitación solicitada” por los responsables de Beara.

Farrell ignoró esa recomendación realizada por escrito y, veintiún días después, le concedió la habilitación.

Beara, ya habilitado como café y restaurante, sumó así la categoría de “casa de fiestas privadas”, un rubro que permite la realización de shows en vivo siempre que no se vendan entradas y los concurrentes lo hagan con invitaciones. Pero el boliche utilizaba esa habilitación como pantalla para organizar bailes y shows, a los que se ingresaba pagando consumiciones, según se pudo comprobar en su sitio web y lo ratificaron varios testigos.

La figura de “estrago doloso seguido de muerte” es similar a la aplicada para los acusados por la tragedia de Cromañón. En ese caso, Omar Chabán recibió una condena a 20 años de prisión por ser el principal responsable de la organización del recital que terminó con la muerte de 194 personas. También fueron condenados el manager de Callejeros y el comisario encargado de la seguridad del local. Los funcionarios del gobierno porteño recibieron una pena menor, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según fuentes judiciales, en este caso, la situación de los funcionarios sería diferente. “En Cromañón se los sancionó por no hacer inspecciones. Acá, hicieron inspecciones y otorgaron la habilitación sabiendo que la actividad encubierta del local era la de un local bailable”, explicaron.

Por lo pronto, los empresarios Yun, Dobrila e Iván Fliess solicitaron la eximición de prisión, y la jueza Iermini se las concedió, bajo caución real de 20 mil pesos y la figura de estrago culposo, es decir, sin intención. Iermini aceptó la semana pasada como querellante en la causa al padre de una de las chicas muertas, Ariana Beatriz Lizarraga.

El fiscal también solicitó el testimonio de todas las personas que estaban dentro de Beara y que resultaron lesionadas, y requirió las fotografías y filmaciones obtenidas por el público a través de cámaras y teléfonos celulares, el día del hecho. También pidió que se cite a la directora Berkowski y se requiera a la Facultad de Ingeniería de la UBA un peritaje técnico sobre la estructura colapsada.

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Según el fiscal, Beara no estaba tan correctamente habilitado como sugirieron las autoridades.
Imagen: Martín Quintana
 
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