La ejecución del plan de obras para resolver el problema de la falta de vacantes en los jardines de infantes porteños registra atrasos de “hasta un año y cuatro meses”, según advirtió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la organización que promovió la acción judicial por este reclamo y que en febrero firmó un acta-acuerdo con el Gobierno de la Ciudad. Los atrasos se desprenden del cronograma establecido en el anexo de ese acuerdo. La organización también enuncia que el gobierno no cumplió con la obligación de presentar un plan de obras adicional, para cubrir el déficit en algunos distritos escolares. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, admitió a Página/12 esta última demora, que justificó en que no han “encontrado lugares para la construcción de los nuevos jardines”, pero negó la primera al afirmar que “el cronograma que figura en el acuerdo es viejo, corresponde a 2010 y puede haber sido incluido en el acta por error”. Las diferencias se dirimirán el viernes, en la primera audiencia judicial entre las partes, que encabezará la jueza Elena Liberatori, encargada de hacer cumplir el acuerdo.

La demanda por la falta de vacantes en nivel inicial había sido iniciada por ACIJ en 2006. Después de apelar dos fallos en contra, que lo obligaban a cubrir lugares para niños de 45 días a 5 años, el gobierno porteño se allanó a resolver el problema, cuando el caso llegó al Tribunal Superior porteño. Mediante un acta-acuerdo, se comprometió a cubrir en 2012 un total de 6385 vacantes. Ese convenio establecía la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación, ACIJ y la Asesoría General Tutelar de la Justicia porteña.

Martín Sigal, codirector de ACIJ, denunció ayer que “en casi cuatro meses desde la firma del acuerdo, no ha sido posible que los integrantes de la mesa de trabajo puedan contar con información completa y oportuna sobre las diversas acciones comprometidas en el convenio”. Elevó la queja en una nota al ministro Bullrich, el 8 de junio último, pero hasta ahora no tuvo respuesta.

El convenio fue firmado en febrero último. En un anexo se detallan 23 obras, con su correspondiente fecha de finalización. De ellas, 21 deberían estar concluidas este año y solo dos tienen plazo para 2012. “Pero en mayo nos entregaron un nuevo cronograma, según el cual 18 obras tienen demoras de entre tres y dieciséis meses”, advirtió Sigal. Con el nuevo cronograma, son diez las obras que finalizarán el año próximo.

Vale decir que son dos las obras que están finalizadas, las que, según Bullrich, representan “mil vacantes”. “Con las inauguraciones previstas este año vamos a cubrir el ciento por ciento de la población de 3 y 4 años”, prometió el ministro. De ser así, quedaría pendiente la solución para “unas dos mil vacantes para niños de cero a dos años”.

En el ministerio sostienen que los “desvíos” en las fechas “no obedecen a déficit de gestión, sino a redefiniciones”, y aseguran que pueden “explicar esos desvíos caso por caso”. Esa explicación, justamente, es lo que reclama ACIJ, ya que “no se ha presentado ninguna información que dé cuenta de los motivos de esos retrasos”.

Si bien con las 23 construcciones se cubrirían las 6385 vacantes prometidas, quedan algunos distritos escolares en los que sigue habiendo déficit, si se pretende que los niños vayan a jardines cercanos a sus domicilios y no deban ser derivados a otros. “Por eso el acuerdo incluía la obligación de presentar un plan de obras adicional para nueve de los veintiún distritos escolares”, precisó Sigal. Ese plan debía ser presentado antes del 31 de marzo de este año, pero el Ejecutivo porteño no lo hizo efectivo.

“Hemos buscado lugares para la construcción, publicado tres o cuatro avisos para comprar terrenos, pero no encontramos nada”, argumentó Bullrich. “Estamos pensando en la expropiación de un terreno o una casa, pero también podemos celebrar convenios con ONG religiosas o sociales para cubrir esos lugares”, agregó.

El acuerdo fue refrendado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Su ejecución será controlada por una intervención judicial, a cargo de la jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori. La jueza convocó para el viernes a la primera audiencia entre las partes. En esa ocasión designará a un veedor que será el encargado de verificar si se cumple con el acuerdo.