Desde Santa Rosa, La Pampa

Desde el aire, la sombra del helicóptero se recorta sobre el manto de tierra seca. Es un día sin viento en el oeste de La Pampa, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa. La desertificación de la llanura deja crecer un follaje ralo, sin árboles ni animales, salvo en algún excepcional corral que no altera la monotonía del paisaje. Y allí está el río Atuel, o lo que quedó de él a más de 60 años del inicio de la construcción de un complejo de represas en Mendoza que desabasteció su caudal en la provincia pampeana. El presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), Javier Bogantes, sobrevoló la zona afectada para evaluar los daños por el corte del río, a raíz de una denuncia contra el gobierno mendocino. Evaluó que “se trata del acaparamiento unilateral, que está causando la muerte del sistema hidrológico y un daño social enorme”, y definió que la situación es de “una gran injusticia”.

La demanda ante el organismo internacional de Justicia alternativa fue realizada por la Fundación Chadileuvú, una ONG que pide, de base, el restablecimiento de un caudal de agua mínimo constante. En 2008, un convenio marco firmado por los gobernadores de Mendoza y La Pampa, y por el gobierno nacional –representado por los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Planificación, Julio De Vido–, estableció la división del total de agua registrada en partes iguales para las dos jurisdicciones. El acuerdo, sin embargo, debía ser ratificado por las legislaturas provinciales. La de Mendoza “lo cajoneó y continuó realizando obras de forma unilateral”, acusa el presidente de la organización querellante, Héctor Gómez. Página/12 intentó comunicarse con el Departamento General de Irrigación de Mendoza, pero su titular, Eduardo Frigerio, no respondió los llamados.

El conflicto se remonta al año 1947, cuando la construcción de la primera represa del Sistema Nihuiles cortó el caudal del río durante varias décadas. En 1987, la Corte Suprema de Justicia estableció la interprovincialidad del río, sin que eso lograra devolver un caudal mínimo constante para La Pampa. Hoy, Mendoza utiliza el agua como fuente de energía eléctrica, consumo humano y para el regadío, especialmente, de viñedos, mientras que unas 400 mil hectáreas pampeanas –según estiman desde la fundación– son afectadas por la falta de agua y se encuentran en proceso de desertificación.

“Pedimos que devuelvan a La Pampa el caudal mínimo fluvio-ecológico que permita la viabilidad del sistema, para recuperar los humedales y tener la posibilidad de un área productiva”, explica a este diario Gómez, en camino por la Ruta Provincial Nº 10 hacia el punto del que partirá el helicóptero en Algarrobo del Aguila, el único pueblo que resiste, con poco más de 600 habitantes, a la vera del río Atuel. Al volante, el agrónomo Leandro Altoaguirre, de la organización Alihuel, destaca que el problema está en que, en el regadío de campos mendocinos, “el 73 por ciento del agua se desperdicia, cuando si se invirtiera en un sistema de riego más moderno como el de goteo, el agua rendiría para La Pampa, algunas zonas podrían tener un destino productivo similar al de General Alvear, en Mendoza, (donde hay grandes viñedos).

El fallo del TLA no será vinculante, pero “la provincia de Mendoza deberá enfrentar la presión de una mirada internacional sobre el manejo claramente injusto que hacen del agua”, señala Gómez. Por su parte, el diputado provincial, también miembro de Chadileuvú, Martín Berhongaray, afirma que “los responsables son tanto el Estado nacional, porque siendo tutor de La Pampa –que eran tierras federales– consintió y financió la construcción de las represas, como Mendoza, por su reticencia a constituir un ente administrativo común de la cuenca y por no realizar obras para obtener un excedente de agua destinado a La Pampa”.

En Algarrobo del Aguila aguarda el helicóptero dispuesto por Defensa Civil a través de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia. Suben el titular de esa cartera, Juan Pablo Morisori, el presidente del TLA, legisladores e investigadores. Morisori afirmará a Página/12 que “la intervención del TLA es muy útil en la lucha, histórica y dispar, por el agua” y que “la secretaría continuará dando todo el apoyo político necesario en la presentación de la causa”. Por su parte, el director de Investigación Hídrica de la secretaría, Raúl Hernández, advierte que el conflicto “es un cáncer para el oeste pampeano”, ya que “produjo un vaciamiento de habitantes y un empobrecimiento enorme que hace del Estado el principal inversor”.

Ya a unos 100 metros del suelo y con un ruido ensordecedor, el hidrólogo Pablo Dormes, a cargo de una investigación sobre el río Atuel, señala en un mapa la trayectoria del helicóptero, que pasa primero por el cauce pampeano del Atuel y luego por un tramo mendocino. El río nace en la Cordillera de los Andes, en el límite con Chile, y desciende por Mendoza. Luego, según este diario pudo ver, muere con un caudal muy bajo en el Arroyo de la Barda, La Pampa. Sin embargo, originalmente el cauce se ramificaba en otros brazos y confluía en el río Salado.

Según Dormes, el régimen del río fue “alterado drásticamente”: los escurrimientos se producen sólo durante el invierno, cuando Mendoza no está regando, “por la baja eficiencia de riego, debido a que el exceso de agua inyectada al suelo es drenada por la pendiente hacia el cauce del río en La Pampa. Antes el agua era dulce, pero ahora tiene niveles altos de salinización. Los bañados producidos por el río Atuel y Salado permitían una rica pastura para el ganado”. Por otro lado, la reciente construcción de un canal marginal, que nace al sur de la localidad de San Rafael hasta la localidad de Carmensa, “logrará que el agua más pura de la montaña no llegue a La Pampa, el agua que recibirá la provincia será todavía de menor calidad”.

Tras una parada en General Alvear, donde se encuentra el último dique del sistema Los Nihuiles, el reconocimiento de la zona en conflicto termina en Carmensa, Mendoza. Bogantes, el presidente del TLA, evalúa que “la desertificación va a seguir aumentando porque se trata de una zona semiárida que está perdiendo la potencialidad hídrica”. El problema, dice, “ya no es sólo de Mendoza o de La Pampa”. “Es la sociedad argentina que va a sufrir la pérdida de un importantísimo ecosistema, que está siendo vulnerado por una política específica de Mendoza”, opina. La audiencia oral y pública en que se juzgará la problemática se realizará el año próximo en la Facultad de Derecho de la UBA.

Informe: Rocío Magnani.