Los conductores que crucen las vías con las barreras bajas o aquellos que invadan con sus vehículos las ciclovías o los carriles exclusivos del Metrobús o los motociclistas que circulen sin casco serán sancionados con el retiro temporario de sus licencias de conducir, de acuerdo con una ley aprobada ayer por la Legislatura porteña. De esta manera, se endurecen las sanciones para las faltas graves de tránsito y, a la vez, se adecua la norma local a la Ley Nacional de Tránsito, que en algunos casos prevé esa penalización. La norma fue aprobada por 51 votos a favor y dos abstenciones.

El proyecto presentado por la diputada Raquel Herrero (PRO) cobró impulso a partir de la tragedia de Flores –en la que un tren arrolló a un colectivo que cruzó con las barreras semibajas, con un saldo de once muertos–, al punto de que el ítem que sanciona a quienes crucen un paso a nivel en infracción fue incluido a último momento.

La norma sancionada ayer prevé el retiro de la licencia de conducir en trece casos: cuando estuviera vencida o adulterada, o el titular se encuentre inhabilitado para conducir o hayan disminuido sus condiciones psicofísicas o esté inhabilitado para conducir, el retiro será definitivo. Pero cuando el conductor supere los límites de alcohol en sangre, o circule a una velocidad sea 40 kilómetros por hora mayor a la velocidad máxima para esa arteria, o el que cruce un semáforo en rojo superando la velocidad máxima de esa calle o avenida, o circule en moto sin casco, se le retendrá la licencia pero a cambio se le entregará un comprobante con el cual podrá seguir conduciendo durante cuarenta días. Lo mismo ocurrirá si circula por las ciclovías sin estar autorizado, si usa el carril del metrobús o si cruza (o inicie el cruce de) las vías con las barreras bajas.

–¿Cuál es el sentido de retirar la licencia pero permitir que el infractor siga conduciendo? –le preguntó Página/12 a la autora del proyecto.

–El objetivo es la concientización. Cuando se retira la licencia se entiende que el peligro terminó. El infractor no debería volver a incurrir en infracciones para evitarse los trastornos para recuperar el documento.

En discrepancia con ese criterio, la diputada Diana Maffía (Coalición Cívica) presentó una objeción al proyecto argumentando que se trata de una medida “coercitiva y recaudatoria, ya que se le retiene la licencia al infractor para apurar el pago de la multa”.

En efecto, el autor de la falta al que se le retiene el registro tiene cuarenta días de plazo para presentarse ante la Unidad Administrativa de Faltas o la Justicia Correccional y, según corresponda, pagar la multa o someterse al descuento de puntos, si es pertinente, para poder recuperar su permiso de conducir.

Hasta ahora, la retención de la licencia sólo se aplica a quienes tienen ese documento vencido, con datos desactualizados o está adulterada. “Adaptamos el Código de Tránsito y Transporte local a la ley nacional, pero además le incorporamos situaciones propias de la ciudad, como las ciclovías y el metrobús”, argumentó Herrero. “Y además le incorporamos el cruce con barreras bajas, que no está en la ley nacional”, agregó.

Todas las infracciones contempladas por la nueva ley ya tenían sanciones de multas, en algunos casos quita de puntos o la retención del vehículo, en los casos de conductores que manejan en estado de ebriedad. Ahora se agrega una nueva sanción a las infracciones mencionadas. Se equiparan de esta manera infracciones graves como circular a más de cien kilómetros por hora por una avenida con la invasión de la ciclovía o conducir sin casco.

En el debate hubo discusiones particulares sobre algunos puntos. Por ejemplo, el PRO no logró imponer la sanción para los que conduzcan “bajo la acción de cualquier sustancia que disminuya su aptitud para conducir”, ya que resulta “imposible” determinar de manera fehaciente la magnitud de sustancia necesaria para afectar la conducción. Tampoco logró imponer el retiro de la licencia para aquellos conductores que no lleven consigo el certificado de cobertura del seguro del automotor.

Si bien votó a favor del proyecto, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, cuestionó al PRO porque no quiso tratar un pedido de informes de su autoría sobre las campañas de prevención de accidentes viales que realiza el gobierno porteño.