SOCIEDAD › PARA EL JUEZ, UNO SERíA EL AUTOR MATERIAL Y LOS OTROS CINCO, PARTíCIPES NECESARIOS

Seis preventivas por el caso Candela

El magistrado avaló así la hipótesis de la fiscalía, que atribuye el crimen a una venganza contra el padre de la nena. Aún no adoptó una decisión sobre el supuesto autor intelectual, que está detenido. Hay un prófugo.

El juez de Morón Alfredo Meade dictó anoche la prisión preventiva a seis de los siete imputados por el crimen de Candela Rodríguez. Tras una audiencia con algunos de los acusados, con sus abogados, el fiscal y los abogados querellantes, el magistrado avaló así el pedido de la fiscalía y de los abogados querellantes, quienes consideran que hay suficientes elementos para que sigan detenidos hasta el juicio oral. “Planteamos que la expectativa de la pena, que es prisión perpetua, es muy alta como para que sean excarcelados”, comentó a este diario Fabián Améndola, representante de la familia de Candela. Según fuentes judiciales, Meade pidió a los defensores que argumenten sobre si correspondía liberar a los imputados pero no sobre la prueba consignada en el expediente. “Ya tenía escrita la resolución antes de que entremos”, dijo uno de ellos.

Las prisiones preventivas fueron dictadas ayer para Gladys Cabrera, dueña de la casa de Kiernan 992, donde se encontraron restos de ADN de Candela; su vecino Ramón Altamirano, Alberto Espínola, Gabriel Gómez, Guillermo López y Hugo Bermúdez. Este último está acusado de ser el autor material del crimen cometido hace más de un mes, según se presume, en la vivienda de la calle Kiernan, en el partido de Hurlingham. Los otros cinco fueron imputados como “partícipes necesarios” del asesinato.

De la reunión concretada al mediodía en los tribunales de Morón, en Colón y Almirante Brown, participaron cuatro de los siete acusados: Altamirano, Espíndola, Gómez y López. Según comentaron fuentes judiciales, la audiencia duró 40 minutos. El abogado Rodrigo González, quien defiende a Gómez y López, señaló que ambos no tienen antecedentes y definió como “incongruentes” a los testigos de identidad reservada que complican a sus defendidos, quienes insistieron en que son inocentes.

El carpintero Altamirano “se puso a llorar como un chico de cuatro años ante el juez, explicándole que es un hombre de trabajo que no sabe por qué está metido en esta situación”, aseguró su abogado, Matías Morla, quien argumentó a Meade que Altamirano no se iba a escapar si le devolvían la libertad. Antes de la audiencia, Morla aseguró que su defendido, de seguir detenido, “va a ser un preso político”.

“En el expediente, hasta ahora, no se probó que Gladys Cabrera tuviera vinculación con Bermúdez ni con ninguno de los imputados de la causa”, dijo ayer el abogado de la mujer, Pablo Carpaneto. Su colega Alberto Domínguez afirmó que “no hay pruebas” para confirmar la prisión preventiva de Espíndola, un albañil señalado por un testigo de identidad reservada, e insistió en que la presión mediática explica el accionar judicial. El juez, dijo, “está cuidando su sillón y el del fiscal porque no quieren problemas”.

En la audiencia también estuvo Sergio Dutres, abogado de Héctor “El Topo” Moreira, supuesto autor intelectual del crimen, según el fiscal Marcelo Tavolaro. El Topo, quien aún no tiene pedido de prisión preventiva, pidió ayer declarar para desligarse de la causa. “En todo momento desconoce tener algún tipo de relación con Candela y su mamá, pero sí aceptó que conoció al papá de la nena desde hace años”, señaló Dutres. Para el fiscal, Moreira ordenó esta “venganza no convencional” debido a un “vuelto” o “ajuste” contra el padre de la niña.

Pese a los intentos de los defensores, quienes solicitaron la audiencia, el escrito de más de cien fojas redactado por el juez sigue los criterios del fiscal. El elevado monto de una posible pena implica “peligros procesales”, como el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, según el dictamen de Tavolaro. Según fuentes judiciales, el juez también hizo lugar al pedido de detención para otro sospechoso, identificado como Leonardo Jara, de 25 años, y quien podría haber engañado a la niña e incluso está sospechado de ser quien la abusaba sexualmente.

La hipótesis de una venganza contra el padre de la niña esgrimida por el fiscal se basa en una supuesta relación delictiva entre Moreira y Rodríguez y una traición. Para Tavolaro, Rodríguez, preso hace un año y medio, es más poderoso en el mundo del hampa y por eso El Topo se valió de “terceras personas” más pesadas, como Bermúdez, lo que “le facilitaría las cosas”. Entre los “códigos de la calle” que no deben quebrarse, agregó Tavolaro, figuran “la deslealtad y la traición, que son motivación más que suficiente para llevar adelante alguna acción vengativa”.

Con el “trabajo” encargado, Bermúdez habría decidido recurrir a “otros nexos criminales”, señaló Tavolaro. Ahí entrarían Espíndola, Gómez, López y Jara. Este último aportó “las herramientas de información y conocimiento sobre la víctima, que le posibilitaron la ‘captación y el mecanismo de engaño’ sobre Candela Sol Rodríguez, obteniendo su sumisión voluntaria”. De la detención de Jara, quien ya quedó formalmente prófugo en la causa, depende en buena parte el éxito de la investigación. El fiscal cree que, como mínimo, jugó a ser “noviecito” de la víctima.

El fiscal consideró que la niña estuvo también cautiva en Charrúas 1081, propiedad del carpintero Altamirano, quien habría participado como “cuidador” los primeros días. De acuerdo con el requerimiento de prisión preventiva, Candela no fue secuestrada, salió por su voluntad de su casa, en Coraceros 2552, el 22 de agosto. Según trascendió ayer, los investigadores creen que a la nena le prometieron llevarla a ver a su padre a la cárcel u otra promesa “que permitiera a la víctima vincularse con los protagonistas criminales necesarios, de una manera no involuntaria, no violenta ni agresiva”.

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Una de las imputadas es la dueña de la casa de la calle Kiernan, donde se supone que tuvieron a Candela.
 
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