SOCIEDAD › UNA FAMILIA QUE SE VE FORZADA A VIVIR EN UN BARRIO PRIVADO

En jaula de oro

Los Cingolani compraron hace cinco años un terreno en Pilar para edificar su casa. Sin autorización municipal, sus vecinos decidieron cerrar el barrio y dejar adentro una calle. En la Municipalidad aseguran que hay unas 50 urbanizaciones cerradas con irregularidades similares.

 Por Andrea Ferrari

A Mariano y Silvana Cingolani no les gustan los barrios privados. Cinco años atrás, cuando aún no estaban casados, se decidieron a comprar un lote sobre la calle San Antonio, de Pilar, y soñaron con edificar ahí su casa y su vida. Hoy la casa está en pie y los Cingolani viven allí con sus dos hijos, pero todo lo demás cambió. La calle San Antonio tiene ahora alambrados y ellos quedaron encerrados dentro del barrio privado “Segundas Colinas”, que sus vecinos crearon usurpando terreno público. Los Cingolani decidieron denunciar ante la Municipalidad de Pilar la ilegalidad del procedimiento. No es el único caso. Funcionarios municipales admitieron a Página/12 que en el distrito hay unas cincuenta urbanizaciones que están siendo investigadas por diversas irregularidades y que varias de ellas incorporaron calles, en una virtual privatización forzosa del espacio público. Hasta ahora, sin embargo, ninguna topadora tiró los alambrados. El terreno que ahora constituye las Segundas Colinas era un campo sembrado hasta que su dueño original, Bruno Geranio, se decidió a lotearlo y ponerlo en venta. Cuando Mariano Cingolani compró su parcela, apenas había en la zona algunas casas de fin de semana.
–En un momento se empezó a alambrar y se planteó la necesidad de poner seguridad –cuenta Cingolani–. A mí en principio no me parecía mal que entre todos pagáramos un vigilante, más que nada para evitar que se robaran los alambrados o los materiales de construcción. Sin embargo, ellos cada vez querían más restricciones para que fuera más seguro. Pero yo no resigno mis libertades por vivir en un lugar así.
En el barrio hay unos cien terrenos, de los cuales algo más de la mitad está vendido. El resto permanece en manos del dueño original, quien parece ser el principal beneficiado por el cierre ilegal del barrio, ya que la cotización de las tierras sube notablemente cuando se trata de una urbanización cerrada. La mayoría de los vecinos de entonces estuvo de acuerdo y tras varias reuniones a las que los Cingolani no fueron el plan siguió adelante.
–Yo me asesoré con un abogado y me dijeron que sin mi consentimiento firmado no podían hacer un barrio privado –dice–. Entonces ignoré todo lo que pedían. Después empezaron los problemas.
Para llegar a la casa de los Cingolani, hoy es necesario tomar la calle Savio hasta que aparece un letrero que anuncia el barrio privado Segundas Colinas y otro que advierte que cuentan con “vigilancia armada”. En la casilla de entrada, el visitante debe anunciarse. Según cuenta Mariano, los requisitos exigidos varían según el vigilante de turno.
–A algunos le piden el seguro del auto, a otros les dan un papel que tienen que entregar al irse con la firma del propietario. A otros, nada. Una vez a una amiga mía que acababa de operarse de una rodilla la hicieron caminar desde la entrada hasta mi casa porque no tenía el seguro.
El incidente más grave se produjo el pasado enero, cuando tras festejar el cumpleaños de la hija mayor de los Cingolani, un familiar quiso retirarse pero no lo dejaron porque no tenía el papel firmado.
–Volvió a casa y llamamos a la policía. Hicimos una denuncia por privación ilegítima de la libertad. Pero cuando la policía llegó, ya los guardias no pedían nada.
Cingolani cree que estos episodios buscan “molestarme para hacerme reaccionar”. No sólo porque presentó una denuncia sobre la ilegalidad del barrio privado en la Municipalidad, sino también porque se niega a pagar las expensas que le reclaman, algo más de cien pesos mensuales. Muestra un resumen de gastos con membrete de la Administración Mindlin Tarrab, donde aparece como moroso, con una deuda superior a los 2000 pesos. Allí invitan a los propietarios a pagar sus expensas con cheques a favor de Bruno Geranio, es decir el dueño original de los terrenos.
–Una vez también me colocaron los containers con basura en la puerta de mi casa –dice–, como si no hubiera espacio.
Y señala la verde inmensidad en su entorno.
Negocios verdes
La explosión inmobiliaria en la zona de Pilar, iniciada unos diez años atrás, elevó poderosamente los precios de todos los terrenos de barrios privados y countries. Es decir que bastaba estar tras un cerco para cotizar mejor y muchos de los llamados desarrolladores decidieron instalar el alambrado sin decir agua va. En realidad, la gestión para crear este tipo de urbanizaciones cerradas requiere de tiempo y dinero. En caso de que el predio incluya una calle (aunque en muchos casos son calles no abiertas a la circulación pública, pero aun así, de propiedad municipal), la Municipalidad debe considerar si es posible cerrarla y tras la correspondiente tasación el empresario puede comprarla.
En épocas en que los terrenos de Pilar se compraban a ojos cerrados, detener un proyecto a la espera de los permisos correspondientes era mal negocio. Tal como admiten en la propia Municipalidad (ver aparte), algunos desarrolladores hicieron gestiones “por izquierda” y consiguieron apurar el expediente. Otros se instalaron de hecho. Como Segundas Colinas.
Pero muchos de los propietarios en esos barrios ilegales compraron sus terrenos sin hacer consulta legal alguna, creyendo en los folletos que les prometían el paraíso verde y seguro. Después se enteraron de que habían sido estafados. Una estafa que aún se mantiene, ya que, aunque tras la devaluación y la crisis el negocio no es lo que era antes, esas urbanizaciones siguen ofreciendo terrenos en un inexistente barrio cerrado.
Las reglas
Cingolani nunca se imaginó viviendo en un barrio cerrado.
–Es como vivir en un departamento –dice–, tenés que acatar un montón de leyes, buenas o estúpidas.
Las leyes en las Segundas Colinas las define una asociación sin fines de lucro que conformaron los propietarios. El Diarito, boletín que se edita en el barrio, menciona algunas:
- Antes de comenzar una obra nueva, todos los propietarios deberán comunicarlo a la comisión directiva, la que deberá manifestar su aprobación.
- La construcción deberá mantener el orden y estilo del barrio, queda expresamente prohibido la construcción de viviendas precarias, construcciones de chapa, madera u otro material similar de baja calidad.
- Se permitirá la instalación de cercos vivos en el eje divisorio entre los lotes, como también vallas o alambrados. No podrán instalarse muros como eje divisorio de más de un metro de altura.
Cingolani dice que no cumple con ninguna norma de esta autoridad que desconoce. Y que tiene problemas por las reformas que realiza en su casa.
–Intenté que me dieran una llave del portón que cierra San Antonio, para que pudiera entrar la camioneta con materiales, sin esperar a que venga el guardia.
Se lo negaron. También le envían intimaciones para que pagara las expensas.
–No sé si nos vamos a quedar acá, hay muchas dificultades –dice con pesar, y mira ese entorno en el que años atrás soñó su casa y que ahora está rodeado por el cerco, convertido en uno más de los barrios que prometen un paraíso rigurosamente vigilado.

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Mariano Cingolani, atrapado en un barrio cerrado contra el que emprendió una batalla personal hasta ahora sin mucho éxito.
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