La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 48, Alicia Iermini, decretó el procesamiento a los dieciséis imputados por el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, que provocó la muerte de dos jóvenes y dejó un saldo de más de 50 heridos en septiembre de 2010. La medida alcanzó a los socios que administraban el local, a autoridades policiales y a cuatro ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habían sido sobreseídos o desafectados de la causa.

La jueza aplicó la figura de “cohecho activo” a los imputados Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto M. Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess y de “cohecho pasivo” a Martín Diego Farrell, Pablo Demian Saikauskas, Norberto Juan Cassano, Isaac Rasdolsky, Rodolfo Nicolás Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo Adolfo Erdman, Julio Alfredo González, Claudio César Lorenzo y Gustavo Fabián Lombardo. Todos fueron procesados bajo el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas graves y leves.

En línea con lo señalado por el fiscal Andrés Madrea, la magistrada reconoció como coautores del derrumbe a Yun, Dobrila, Kattan Coria y los hermanos Fliess, todos ellos integrantes de El Viejo Sabio, la sociedad que administraba el local. Los demás imputados, por su parte, habrían perpetrado lo propio desde cargos y funciones que ostentaban cada uno tanto en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en la Comisaría 25 de la Policía Federal Argentina.

Iermini también procesó a Vanesa Ileana Berkowski, en aquel entonces responsable de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien no quedó establecido que hubiera participado del pacto para la habilitación de Beara, la magistrada identificó que incumplió los deberes de funcionario público.

Además, la jueza estableció que los imputados contribuyeron por acción u omisión al incidente “desde la construcción deficiente del entrepiso, el otorgamiento de una habilitación que no se condecía con la realidad y la falta de controles que no permitieran hacer salir a la luz las diferentes falencias que tenía” el local.

Según la resolución, junto a los funcionarios fueron procesados los comisarios y subcomisarios de la 25, Cabezas, Acosta, Lombardo, Bachmann, Erdman, Lombardo y González.

En el caso de Rasdolsky, figura entre los acusados en su condición de arquitecto adscripto al registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones. Para la jueza, debió verificar la habilitación, la correspondencia entre los planos y el local y también cotejar los metros declarados por la parte solicitante. Los titulares de Beara habían declarado una superficie total de 491 metros cuadrados, pero los posteriores peritajes realizados por la Facultad de Ingeniería de la UBA demostraron que la superficie real era de 222 metros.

Respecto a la imputación de los ex integrantes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Martín Farrell y Pablo Saikauskas, la magistrada consideró que los imputados incumplieron con sus deberes ya que, si bien Farrell aseguró que “no podía dejar de otorgar la habilitación de Beara en atención a que cumplía con los requisitos formales”, sí había rechazado la de diversos comercios por desvirtuación de uso. Por su parte, si bien Saikauskas descuidó las obligaciones que tenía a su cargo al momento de tener una participación activa en el trámite de otorgamiento de las habilitaciones.

“Estamos ante una trama de complicidad entre empresarios, policías y funcionarios. Lo que pasó es un paso hacia adelante en la búsqueda de justicia”, afirmó Juan Lizarraga, papá de Ariana, quien falleció el 10 de septiembre de 2010 por el derrumbe del entrepiso de Beara.

“El pliego no prosperó y Farrell, que iba a ser ‘premiado’ con una designación para ser juez y había sido sobreseído de la causa, desde ayer es un procesado más y deberá dar respuesta ante la ley”, dijo Alicia Tagliaferro, madre de Leticia, que expresó que “su hija estaría viva” si estos funcionarios “no hubieran aceptado sobornos, tal como quedó probado en la instrucción”.

Juan Lizarraga explicó que el boliche “tenía una habilitación como casa de fiestas privadas pero hacían dos cumpleaños y 10 bailes y recitales por mes”. Según el familiar, “todo estaba en negro, todo era ilegal en Beara, así como en Caramel, el boliche lindero –que hoy funciona bajo el nombre de Rabbit– de los mismos dueños, también procesados en la causa”.

El 10 de septiembre de 2010, un entrepiso del boliche Beara, en Scalabrini Ortiz 1638 del barrio porteño de Palermo, cedió por exceso de público y por deficiencias en la construcción, causando la muerte de las jóvenes Adriana Beatriz Lizarraga (de 21 años) y Paula Leticia Provedo (de 20 años). En mayo de 2011, el fiscal de la causa, Andrés Madrea, informó por escrito al Ministerio de Seguridad sobre la investigación, que incluía la sospecha sobre presuntas coimas a policías. Las pericias demostraron que el entrepiso no resistía la cantidad de personas que estaban al momento del derrumbe y que había más personas de las permitidas dentro del boliche.