SOCIEDAD › UN PUEBLO SIN LUGAR EN EL CEMENTERIO

Prohibido morirse

El intendente de una ciudad brasileña propuso un decreto que prohíba morirse a los vecinos porque el cementerio local no puede ser agrandado.

 Por Juan Arias *
Desde Río de Janeiro

Podría parecer una broma o un plagio de alguien que ha leído la última novela de José Saramago Las intermitencias de la muerte, pero no lo es. El alcalde de la ciudad de Biritiba-Mirim, a 80 kilómetros de la gran San Pa-blo, de 28.000 habitantes y famosa por sus reservas ambientales, Roberto Pereira da Silva, decidió prohibir a la gente morirse. Envió al Concejo Deliberante un proyecto de ley que será votado la semana que viene. En el proyecto está escrito: “Queda prohibido morir en Biritiba-Mirim. Los ciudadanos deberán cuidar de la salud para no fallecer”.
El proyecto prevé sanciones para los que, desobedeciendo las órdenes del alcalde, fallezcan igualmente. No se determina qué tipo de sanciones serán, aunque los enemigos del alcalde ironizan que no podrá tratarse de “pena de muerte”. ¿Se trata de un alcalde que perdió la cabeza? No. La mayor autoridad de Biritiba-Mirim sabe que su ley es anticonstitucional. El mismo lo reconoce, pero quiso ponerla a votación igualmente para llamar la atención del gobierno central acerca de un problema grave del pueblo: el cementerio está ya desbordando de cadáveres y no se les permite construir uno nuevo, porque el 89 por ciento del territorio es zona de manantiales de agua potable y el 11 por ciento pertenece a la Sierra del Mar, que es también zona ambiental protegida. Al mismo tiempo, un rosario de trámites burocráticos impide al alcalde buscar alguna solución viable. No hay allí lugar para los muertos.
El alcalde contó que se llevan, desde su construcción en 1910, enterrados ya a 50.000 en el cementerio de 10.000 metros cuadrados con sólo 3.500 sepulturas. La ciudad cuenta con una media de 25 defunciones por mes y ahora se espera que, aunque no sea más que por un efecto psicológico, por lo menos se reduzcan las muertes hasta resolver el problema. Un problema real ya que, según los técnicos, la sustancia, eliminada por los cuerpos en descomposición ya está contaminando la sábana de agua que se une con el río Tiete, lo que puede crear problemas de salud a los vivos.
Según el alcalde, la población está siendo generosa con las familias de los fallecidos permitiéndoles a veces enterrarlos en las sepulturas de los vecinos o amigos. Cuenta que hasta el sepulturero prestó la tumba de uno de sus familiares para enterrar a un niño fallecido. Y no es que el alcalde no haya tocado todas las teclas para resolver el problema. “Es que ya no hay, de verdad, donde enterrar más gente”, afirma Pereira, y añade: “Las autoridades centrales no nos dejan otra posibilidad a los biritibaneses que el no morirnos”. Las autoridades recurrieron a todas las autoridades, pero en todas partes se encuentran con impedimentos burocráticos en cadena que les impiden construir un nuevo cementerio. Hasta pensaron en construir uno vertical, aunque no les entusiasme demasiado la idea a los vecinos de la ciudad, pero tampoco eso se lo permiten. Cada autoridad a la que recurren les desvía a otra superior.
¿Tendrán que recurrir directamente al presidente Lula? Si las cosas continuasen así no les quedaría más remedio, porque además las familias que no tienen una sepultura de familia empiezan a cansarse de tener que pedir prestada la de algún conocido.
En la novela de Saramago, la gente no puede morirse, ni aunque quiera, porque la muerte decide jubilarse. En Biritiba-Mirim a la gente se le prohíbe morir, porque no hay lugar para que, según el mandato bíblico, los muertos puedan volver a la tierra, porque en esa ciudad no existe lugar para ellos. ¿Cómo no admitir que la realidad acaba emulando a la ficción? La población está perpleja. “No tenemos empleo, no tenemos salud, no tenemos nada y ahora ni siquiera podemos morirnos”, se desahoga Amarildo do Prado, uno de los ciudadanos del lugar, que no quiere perder el derecho “a morirse en paz”.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.

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El proyecto del intendente Pereira da Silva prevé multas para quienes no cumplan con la medida.
 
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