En todo un barrio del Bajo Flores, el gobierno porteño inició el cambio de los techos de chapa porque fueron construidos con una sustancia considerada cancerígena. Pero las obras fueron suspendidas en forma imprevista porque una vecina denunció que el material se estaría manipulando en forma riesgosa para la salud de los vecinos y de los trabajadores que las llevan a cabo. Por ese motivo, la Justicia porteña ordenó paralizar los trabajos. Según el Instituto de la Vivienda porteño, las obras se realizan “teniendo en cuenta las normas de bioseguridad vigentes en la ciudad”.

Se trata del Barrio Illia, conformado por 614 viviendas populares, construidas en dos plantas, la mayoría de las cuales está construida con techos de chapas de fibrocemento. Las casas fueron construidas en 1987 por el entonces Instituto Municipal de la Vivienda. Pero unos años después se determinó que uno de los materiales principales que componen esas chapas, el asbesto, es perjudicial para la salud, con riesgos de provocar cáncer. Por eso, fue prohibido su uso en la construcción, tanto en las chapas de fibrocemento como en los tanques de agua del mismo material.

Los vecinos del Barrio Illia, después de reclamar durante años, consiguieron que el actual Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) reemplazara las chapas viejas por otras de hierro galvanizado y pintado. Pero una resolución judicial frenó los trabajos.

La medida preventiva fue ordenada por el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad Guillermo Treacy. “Al parecer no se tomaron los recaudos de seguridad necesarios para la remoción de los techos de unas 600 casas”, dijo Treacy a la agencia Télam al explicar su decisión. La orden impide la continuidad de las obras en esta zona del Bajo Flores, donde habitan 7200 personas, hasta el martes, cuando las autoridades del ICV y de la firma Rentsur SA, a cargo de las obras, den las explicaciones del caso.

El Barrio Illia está ubicado en el cruce de Avenida Riestra y Bonorino, frente a la Villa 1.11.14. Viven allí casi 7000 personas distribuidas en cinco manzanas. Y después de veinte años, ninguna de las familias logró escriturar su vivienda, porque “las casas fueron construidas sin respetar el Código de Edificación y hace falta que la Legislatura sancione una ley de excepción”, dijo Carmen González Recalde, delegada de la manzana 4.

Una mujer que vive en el barrio y es enfermera se negó a que reemplazaran el techo de su casa porque, argumentó, no se tomaban las previsiones para que no vuele asbesto por el aire y produzca contaminación, así como puso en duda el correcto manejo de las chapas descartadas. Un vecino confirmó a este diario que “los obreros suelen trabajar sin barbijos” y que “las chapas descartadas se almacenan en un baldío, al lado de una escuela, hasta que se las llevan en un contenedor”.

Sin embargo, el titulad del ICV, Claudio Freidín, explicó a Página/12 que “las obras se realizan respetando la legislación de la ciudad y la Ley nacional de preservación de residuos tóxicos: las chapas se transportan en un container, envueltas en un plástico, y luego son trasladadas a una planta de procesamiento de residuos peligrosos en la provincia de Córdoba”.

Según la Asociación Argentina de Expuestos al Amianto, esa sustancia es muy peligrosa para la salud, dado que “afecta al sistema respiratorio por la biopersistencia de las fibras en los pulmones, ya que al no ser eliminadas y permanecer intactas por muchos años, da tiempo a que el organismo desarrolle formaciones cancerosas”.