SOCIEDAD › OPINIóN

A pesar de la condena

 Por Miguel Jorquera

El cura Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso deshonesto y corrupción de menores que tenía bajo su guarda, pero seguirá libre mientras la sentencia –que apelarán las querellas y la defensa– no quede firme. Una decisión que debe resolver el Tribunal de Casación, que no tiene límite de tiempo para pronunciarse. También podrá volver, casi sin restricción, al lugar que los propios jueces reconocieron en su sentencia como la escena del crimen: la Fundación Felices los Niños. El Tribunal Oral Nº1 de Morón sólo le fijó a su condenado un horario: “Podrá asistir a la Fundación de lunes a sábado en el horario de 7.30 a 18.30 y los domingos de 7 a 20 bajo la responsabilidad y acompañamiento de la persona que él designe”. Sólo prohibió “el contacto con menores de edad en lugares privados o a solas y acercarse a los tres jóvenes denunciantes”. Situaciones que “controlará” el acompañante que elija el propio cura.

Tras casi siete años de proceso judicial, Grassi estuvo preso apenas dos semanas en una celda policial, donde concedió varias entrevistas. Durante los nueve meses que duró el juicio oral pero no público, el cura se paró todos los días frente a las cámaras de TV apostadas fuera del tribunal para proclamar su “inocencia”. Durante todo ese tiempo, víctimas y testigos sufrieron extorsiones, aprietes, amenazas, robos, golpizas y a uno de ellos, Gabriel, hasta le pusieron un revólver en la cabeza para que desistiera de su denuncia. Dos de los chicos debieron refugiarse en el programa de testigos protegidos para salvaguardar sus vidas.

Cuando el tribunal leyó las costas que debía afrontar Grassi por su defensa, la lista llegó a casi una decena de los abogados penalistas más caros del país. La nómina abarcó desde el abogado de Alfredo Yabrán, Jorge Sandro, hasta las defensoras de Carlos Telleldín en la causa AMIA, Laura Fechino y Andrea Novello. Pero no incluyó al mediático Miguel Angel Pierri ni al fiscal de la Corte Internacional, Luis Moreno Ocampo, cuyos honorarios pagó el empresario Santiago Soldati. Tampoco a Luis Rapazzo, un gran conocedor de la familia judicial moronense, que ayer festejó abrazado a Raúl Portal el fallo, que midieron en términos deportivos. Para Grassi la condena en uno de los casos y las absoluciones en los otros dos fue “un empate”. Para su amigo Portal es “un triunfo 2 a 1”.

Después de larguísimos y traumáticos procesos personales, las víctimas de Grassi debieron vencer el temor de que la Justicia nunca mete preso a un poderoso para tomar la decisión de hacer las denuncias. El fallo de ayer les devolvió esa misma sensación de impunidad, a pesar de la condena.

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