SANTA FE › LOS FISCALES SOBRE LAS DENUNCIAS DE COACCION CONTRA EL GOBERNADOR BONFATTI.

"Es un tema de competencia federal"

Lo ratificaron por escrito ante la decisión del juez federal de objetar su competencia en el caso que investiga las amenazas que recibió Bonfatti durante la huelga policial. Dicen que el juzgado soslayó "toda explicación razonable".

 Por José Maggi

Los fiscales federales Walter Rodríguez y Adolfo Villatte volvieron a sostener en un escrito que la causa por coacción al gobernador Antonio Bonfatti en medio del levantamiento policial de diciembre último "es de competencia federal". Los fiscales remarcaron que los mensajes de texto recibidos por el mandatario santafesino fueron inspirados en su investidura y originados "en un conflicto generalizado que conmovió a gran parte del territorio nacional", en conexidad con el reclamo policial de diciembre que es investigado en otra causa por sedición. Tras el contrapunto entre justicia provincial y federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría dirimir el conflicto.

Rodríguez y Villatte presentaron un dictamen en el que replicaron la resolución por la que el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe rechazó su competencia en la causa que investiga una serie de amenazas por mensajes de texto que el gobernador de esa provincia, Antonio Bonfatti, recibió durante el reclamo policial de diciembre del año pasado.

Rodríguez -fiscal federal ante los juzgados de Primera Instancia de Santa Fe- y Villatte -fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario- manifestaron a través de un escrito que la decisión del 27 de febrero del Juzgado Federal de la capital provincial -por la que no aceptó su intervención- "omitió refutar las razones invocadas" brindadas por ellos y la justicia local, argumentando que "los hechos tienen estricta motivación particular", lo que descartaría el trámite en el fuero federal.

"Contrariamente a lo sostenido por la sede judicial creemos encontrarnos ante coacciones estrictamente inspiradas en la investidura del mandatario y originadas en un conflicto generalizado que conmovió a gran parte del territorio nacional; pues justamente el titular del Poder Ejecutivo provincial tiene facultades para otorgar los reclamos de naturaleza laboral del personal de seguridad, que constituyeron la finalidad perseguida" durante los episodios de diciembre, que encuadran dentro de los artículos 149 ter y 229 del Código Penal. Dichos apartados versan sobre coacciones y sedición, respectivamente.

Es decir que las coacciones habrían estado dirigidas a Bonfatti en su carácter de gobernador, "lo cual genera una considerable distancia con aquellos hechos que provienen en abstracto de una 'motivación particular'", precisaron los fiscales. Pero el juzgado, de acuerdo a Rodríguez y Villatte, "ha soslayado toda explicación razonada tendiente a justificar que las coacciones" hayan sido orientadas a él como un individuo particular, es decir, sin contemplar su rol institucional.

Como no se acreditó que las amenazas hayan sido por un motivo particular, los fiscales no descartan "que exista la posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus instituciones".

En ese sentido, recordaron que se tramita un expediente con "copiosa documentación" donde se investiga el delito de sedición -en el que interviene Rodríguez, que es la causa Nº 343/2014- y las conclusiones a las que arribó la Comisión de Fiscales creada por la Procuradora General de la Nación -de la que formó parte Villatte-, "absolutamente desconocida en la resolución aquí cuestionada".

El juez también había declinado su intervención en la causa por sedición y el fiscal Rodríguez apeló esa decisión. Por la conexidad entre ambos procesos, los fiscales dictaminaron que "corresponde suspender el trámite del recurso de apelación oportunamente interpuesto" en el expediente en el que se investiga el levantamiento policial, "con el objeto de evitar la posibilidad del dictado de resoluciones contradictorias por parte de las distintas instancias judiciales".

De esa forma, y dado que el juzgado provincial y el federal rechazan su competencia, los fiscales federales dejaron sentada su posición ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirima la cuestión, si la jueza provincial -que en un principio había rechazado la competencia- se mantiene en su posición de no aceptar su intervención en el expediente.

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Durante la huelga un grupo de ex policías mando SMS intimidatorios al celular de Bonfatti.
Imagen: Andrés Macera.
 
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