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La última discusión del aumento tarifario pedido por ASSA en noviembre de 2011, y que terminó con la resolución 092/11 del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente dejó abierto un necesario debate. Recordemos que la autoridad de aplicación tomó sólo parcialmente la resolución 816/11 del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), desestimando los topes propuestos para cada banda de usuarios, relativizando la importancia de fijar un compromiso concreto de colocación de medidores y de realización de obras, y en tal sentido obviando el planteo de ligar la tercera evolución tarifaria al efectivo cumplimiento de la meta.

El proceso de discusión duró 50 días, con diferentes pedidos de informes a la Empresa, convocatoria al Consejo de Usuarios del ENRESS, amplia difusión pública y dos Audiencias Públicas, una en Santa Fe y otra en Rosario, donde pudo escucharse a Asociaciones de Usuarios, Ambientalistas, Profesionales y Cooperativas dar su opinión, así como a la empresa exponer su situación. Nunca la discusión de un aumento tarifario está exenta de fricciones, menos aún cuando la dimensión de la propuesta que realizaba ASSA era del 138 por ciento. Pero en virtud de todo el proceso de discusión realizado, el ENRESS llegó a proponer un aumento menor, progresivo, escalonado según franjas de usuarios y atado a la realización de obras de Rehabilitación y Mejoras como a la colocación de medidores, todas demandas manifiestas de los usuarios en las Audiencias Públicas.

Como la resolución del ENRESS sirve de sustento al acto ministerial, pero sin embargo no es acabadamente tenida en cuenta, en virtud de que las autoridades se basan en el carácter "no vinculante" (Contrato Transitorio Decreto 1358/07 y 42624/09, que dicho sea de paso vencía tres días después), creo que llegó el momento de asumir la discusión de fondo: Las Empresas Públicas ¿deben o no ser Reguladas y Controladas?

Los entes reguladores, aún reconociendo antecedentes anteriores, nacieron en la Argentina al calor de los procesos de privatización de los 90'. En tal contexto muchos ciudadanos tienen recuerdos negativos de demandas incumplidas, obras no realizadas, renegociación permanente y reclamos eternos, muchos de los cuales siguen pendientes hoy con empresas públicas, como la falta de presión de agua o las obstrucciones cloacales. Pues bien, en el momento de su fundación los entes debían intermediar en la relación entre el concedente (Estado), el concesionario (Privado) y los ciudadanos (Usuarios), buscando el efectivo cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de los usuarios, que nunca se cumplieron. Los autores más progresistas, como Agustín Gordillo, proponían la figura del "juez interesado", en que el ente debía desnivelar la balanza a favor del elemento más débil de la ecuación, los usuarios.

En la primera década del siglo XXI el fracaso del proceso privatizador y la deserción de los privados abrió las puertas a la recuperación de las empresas y la reinversión del estado en saneamiento. A partir de aquí concedente (Estado) y concesionario (Empresa), pasaron a ser la misma cosa ya que, por ejemplo, en Santa Fe la provincia es mayoritariamente dueña de ASSA.

Entre las principales críticas de la regulación en la etapa privada estuvo la asimetría de información y la tendencia a la cooptación de los reguladores por parte de la empresa privada. Siendo ésta una nueva etapa, en que cabría haber aprendido de las experiencias del pasado, y leyendo las resoluciones del Ente y del Ministerio puede apreciarse claramente que la tensión regulador﷓regulado sigue atravesando estas dos temáticas: ¿Qué calidad de información llega al ente? y ¿qué Autonomía tiene el ente para regular, controlar y sancionar? En suma, el deseo de cooptación mutó de lo privado a lo público. En este punto es válido mencionar el "síndrome oficialista﷓opositor", que dice que cuando uno es opositor ve con buenos ojos la regulación y el control, pero cuando es oficialista la relativiza. Creo que este año tenemos una inmejorable oportunidad de trascender las diferencias partidarias y buscar un nuevo marco regulatorio que represente a todos los santafesinos más allá de sus distintos colores partidarios.

Se ha utilizado el argumento de que las empresas ya no son privadas para plantear la falta de necesidad de un organismo técnico especializado de regulación y control de los distintos sistemas de saneamiento que hay en la provincia, municipios, cooperativas, comunas y en especial ASSA, otras voces han planteado quitarle autonomía o poder decisorio sobre tarifas, planes de inversión o evaluación de la calidad del producto o del servicio, utilizando como excusa el cambio de paradigma de lo privado a lo público.

Diciendo de antemano que a mi entender esta discusión debe darse con la sociedad en su conjunto, y que el nuevo marco regulatorio a elaborarse este año debe tomar las propuestas de ese proceso, quisiera hacer algunas preguntas recordando que concedente y concesionario son la misma cosa: ¿puede auto﷓regularse el dueño de los servicios?, o sea al momento de incumplir con una meta, ¿el dueño será objetivo consigo mismo? Al momento de una falta ¿se sancionará? ¿es razonable que la relación entre precio y calidad de los servicios sea fijada por el dueño? ¿será justo o priorizará otras necesidades que pueden ser legítimas pero ajenas al proceso sanitario? En este punto quisiera aclarar que si bien la regulación nació en el marco del proceso privatizador, su principal razón de ser no está en el carácter público o privado de la empresa concesionaria, sino en el hecho de que se trata de monopolios naturales, o sea un usuario de agua o cloacas no puede recurrir a otra empresa en caso de abusos o malos servicios, está compelido a mantenerse en la misma, ya que no hay competencia posible al no ser viable la duplicación de redes y si a esto se le suma el "complejo del concedente", la situación se agudiza (el dueño que concede los servicios a una empresa está poco proclive a reconocer los defectos de la misma).

Por otra parte, la empresa pública no está exenta de externalidades. Así como en el modelo privado la lógica búsqueda de rentabilidad de los accionistas podía inducir ineficacias, falta de cumplimiento de obras o deterioro de la relación entre precio y calidad, en el modelo público también está sujeta a distintas necesidades políticas como el orden de prioridades que cada gobierno le da a sus inversiones. Quiero aclarar que formo parte de un movimiento de ciudadanos santafesinos que luchó activamente para recuperar la empresa de agua y que está convencido del modelo público de prestación con el mismo énfasis con que defiendo la participación, la regulación y el control en los servicios sanitarios, ya que no quisiera ser cómplice de que dentro de 10 años volvamos a repetir la historia. En el modelo anterior, el privado buscaba rentabilidad, en el público el estado busca salud para su población. El estado provincial ha subido sus inversiones en ASSA del 2006 al 2011, ¿pero qué pasa cuando no alcanza?, como lo demuestran los indicadores del servicio. ¿Debe un regulador exigir mayor inversión para cumplir con los objetivos de calidad, cantidad, regularidad y continuidad o debe comprender las limitaciones? Para los que creemos en el proceso regulatorio, la tensión Regulador﷓Regulado lejos de ser una interferencia es un ciclo que tiende a la mejora continua de los sistemas.

En un mundo, un país y una provincia sedientos de regulación creo que llegó la hora de discutir si las empresas públicas deben o no ser reguladas y controladas, si la participación declamada en las audiencias públicas merece respeto o no, si a una empresa pública se la debe sancionar por incumplimiento o se debe ser permisivo con ella, si la relación entre el precio y la calidad del producto es o no la correcta, si las resoluciones del ente son sólo un consejo o son vinculantes.

*Integrante del directorio del ENRESS.