Un grupo de diputadas provinciales, junto a integrantes de organizaciones de mujeres se presentaron a la Justicia para pedir que se investigue la existencia de una red de locales que pertenecen a Juan Cabrera, conocido como el Indio Blanco, en los cuales se ejerce la prostitución. La presentación judicial, que data de dos meses atrás, menciona a La Rosa, de Callao 125 bis y el Palacio Berlusconi, de Sarmiento 1112, y se basa en notas periodísticas de este diario y La Capital. La investigación quedó a cargo del fiscal Eduardo Federico Valdes Tietjen y del juez Héctor Nuñez Cartelle. La noticia trascendió ayer, cuando todavía no se habían tomado las medidas de prueba solicitadas por las denunciantes. "Este era un tema que estaba en manos de la fiscalía, que debía llevar adelante medidas", expresó Alicia Gutiérrez, molesta porque la difusión de la denuncia "obstaculiza la investigación".

La denuncia fue presentada en marzo por las legisladoras provinciales Gutiérrez, Mónica Peralta y Lucrecia Aranda, del Frente Progresista y Oscar Urruty, del Frente para Victoria. También la firmaron Susana Chiarotti y Analía Aucía, de Cladem, Susana Moncalvillo, de Indeso e Inés Cozzi, del MEDH. Los denunciantes pidieron que se investigue los dos locales mencionados, a partir de la posible infracción a ley 12.331, y los tratados internacionales ratificados por la Argentina, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Otro de los tratados que refieren los denunciantes es la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificada en la Argentina por Ley nº 11.925 y del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Para los denunciantes, el Estado tiene el deber de castigar la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas.

Una de las condiciones para que esta investigación prosperara era que no se hiciera pública, ya que su difusión podía complicar la recolección de las pruebas. "Nosotros habíamos hecho la presentación y no hicimos ninguna declaración publica porque estábamos a la espera de que la fiscalía y los jueces tomaran las medidas de investigación que correspondieran a estos hechos. Nos llama la atención que se hayan dado a publicidad, no sé con qué intención ni tampoco quiénes informaron a la prensa de esta denuncia", se limitó a decir Gutiérrez, ayer, ante la pregunta de Rosario/12.

La denuncia toma extractos de la nota titulada "El templo de los machos", que publicó Página/12 el 15 de enero pasado. También menciona una nota publicada por La Capital, el 21 de febrero pasado, donde detalla las características del palacio Berlusconi.

Para los denunciantes, es "público y notorio" que allí se ejerce la prostitución. De hecho, la propia Chiarotti, de las organizaciones que defienden los derechos de las Mujeres Insgenar y Cladem, hacía hecho una presentación ante la Municipalidad para que no se difunda "La Rosa sexy bar" en los folletos del Etur. En ese tema también tomó cartas la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, quien solicitó a la Municipalidad que inspeccione el local ubicado en el barrio Pichincha, ya que el rubro no figura en la ordenanza que regula la instalación de bares y confiterías. En la Argentina no está prohibido el ejercicio de la prostitución, pero sí la existencia de prostíbulos donde se explote la prostitución ajena.