Un chico de 17 años detenido en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR) denunció a un agente del Servicio Penitenciario Provincial que lo golpeó y maltrató durante el traslado hasta la sede del juzgado de Menores de San Lorenzo, a cargo de Nelson Fogliato. El hombre fue relevado de su tarea y se le inició un sumario administrativo por lo que sus pares protestaron, mientras el adolescente debió ser alojado en otro dispositivo, dependiente de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, por orden del mismo juez y para preservarlo de posibles "pases de factura". La lógica de los penitenciarios en cuanto a que pueden agredir a las personas que custodian mientras son sacadas del IRAR para cumplir con distintas diligencias, permanece como un ritual aceptado entre ellos.

Desde la Dirección Provincial se sostiene que los casos que se presentan son puntuales por los controles que se realizan y que impiden que se generalice el uso de actitudes violentas. Débora Cotichini, titular de la dirección, sostuvo en relación con el caso del chico T. y de la gestión a su cargo, que dentro del IRAR se trabajó muchísimo en "ordenar los procesos del diario vivir como es el traslado de los chicos, por distintas razones y hacia distintos lugares". De ese trabajo surgió un protocolo de cómo conducirse cada vez que regresa un adolescente y que debe ser revisado para comprobar que esté bien y si no es así se da rápida intervención al juzgado correspondiente. Mientras tanto, el secretario de Asuntos Penitenciarios Leandro Corti dijo a este diario que no deben realizarse generalizaciones porque "no todos los hombres del SP se comportan violentamente" y desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Carmen Maidagan, afirmó que las agresiones son constantes y que "este problema sólo puede solucionarse si el Servicio Penitenciario deja de prestar funciones dentro del IRAR".

El agente del SP que golpeó a T. lo hizo durante el traslado de San Lorenzo al IRAR, el instituto donde desde unos meses atrás estaba alojado el joven. De regreso a la institución, cuando fue revisado y se constataron las lesiones, desde la dirección provincial se dio intervención al juzgado de Instrucción Nº 14 en turno a cargo de la jueza María Laura Sabatier. T. quiso denunciar a su agresor, un dato que no es menor porque en el imaginario de muchos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, está inscripto que quien denuncia a la policía por agresiones diversas "esto es cuando están en libertad , es "cagón" y "buchón" y esa suerte de regla se replica durante el encierro. La construcción de ese imaginario también tiene en cuenta que cuando se denunció, poco y nada hizo la Justicia.

En el juzgado de Fogliato, en San Lorenzo, el penitenciario denunció al chico por amenazas, pero el agente M., finalmente, fue separado de su cargo cuando de regreso al IRAR se constataron las escoriaciones en el cuerpo de T. y el juez ordenó que el chico no quedara alojado allí por temor a las represalias que pudiera recibir después de realizada la denuncia. La actitud violenta del agente del SP reeditó la práctica que se conoce como el manejo más común de la fuerza de seguridad, naturalizada durante muchísimo tiempo no sólo entre quienes formaban y forman el SP, sino también entre muchos civiles con el mismo manejo autoritario. De esas prácticas, tal vez el saldo más terrible fue la muerte del chico Néstor Salto, en 2007, que murió quemado en su celda sin que los entonces operadores civiles acudieran en su ayuda.

El secretario de Asuntos Penitenciarios Leandro Corti señaló que no todo el personal se comporta de la misma manera: "Soy enemigo de las generalizaciones, ya que hay hombres con seriedad y que trabajan con buena voluntad, por lo que no me parece responsable referirme a todos por igual. Por otra parte en el IRAR hay una presencia de personal civil muy fuerte y un protocolo para las situaciones de traslado por el que los chicos deben ser revisados, al regreso a la institución, una tarea que está a cargo de un enfermero o de un médico que dependen de la Dirección de Justicia Penal Juvenil". Para Corti, el Servicio Penitenciario comenzó a modificar su esquema de trabajo durante la gestión del ahora concejal Fernando Rosúa, en el último gobierno de Jorge Obeid. Después planteó que "todas las instituciones de encierro generan violencia, francamente determinante para quien está privado de su libertad como también para otros actores que intervienen en la dinámica de las instituciones de encierro". Corti agregó que los apremios que se producen son "casos puntuales" y que "de ninguna manera se puede hablar de una actitud colectiva"

Leandro Corti dijo además que los agentes que cumplen funciones en el IRAR hicieron un planteo en disconformidad con la separación de las tareas habituales y el traslado a Piñero del agente M. Sin embargo desde el personal civil se sostiene que el SP que hace la custodia en el exterior del IRAR llevó adelante un paro, por cuanto durante 6 días los chicos allí alojados no pudieron salir del edificio hacia el espacio que se conoce como campo de deportes.

Corti insistió en marcar que "a veces se genera una lógica simplista que enfrenta a civiles y penitenciarios y a veces estos últimos terminan siendo la variable de ajuste. Hay buena gente entre unos y otros", expresó.

La directora de Justicia Penal Juvenil Débora Cotichini reflexionó sobre la actitud del SP y recordó "que en el año y medio que transcurrió desde que se hizo cargo de su función es el tercer caso de jóvenes que presentan denuncias contra personas del Servicio Penitenciario por situaciones de maltrato". Cotichini también dijo que se trabajó mucho en ordenar y protocolizar "los procesos del diario vivir", como es el traslado de los chicos "en comisión". "De allí que cada vez que regresan son revisados por un enfermero o un médico para constatar si han sufrido maltratos. La lógica de las agresiones se fue modificando y las que se presentan son situaciones puntuales, de todos modos, se sabe que ante cualquier constatación de agresión debe darse intervención a un juzgado penal y así se hizo en el caso de T".

En cuanto a la cultura del no denunciar, Cotichini sostiene que "se trabaja también en desmontar la lógica tumbera, porque si bien los adolescentes están privados de libertad, hay que tratar que no se repique allí el modelo de los adultos en prisión" Como lo hizo otras veces la directora provincial señaló la función de los acompañantes juveniles en el IRAR como uno de los mayores aciertos "porque son ellos los que establecen una relación estrecha, una vivencia diaria con los jóvenes que en muchas oportunidades toman la confianza de decirles qué les pasa".

Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) la abogada Carmen Maidagan recordó que desde muchos años atrás las agresiones y malos tratos de parte del Servicio Penitenciario hacia los adolescentes "son sistemáticos y la respuesta oficial es sólo la separación de un agente. Si hay un problema constante queda claro que lo que no funciona es el sistema y el mismo problema seguirá existiendo mientras el SP esté allí. Hay que empezar a prevenir situaciones graves y esa prevención sólo puede concretarse si se saca a los penitenciarios del contacto con los adolescentes, algo que sostenemos desde hace mucho años".