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El Senado rechazó el tratamiento de los superpoderes y la oposición perdió la votación del Consejo de la Magistratura y los DNU

Luego de que el Grupo A no consiguiera los dos tercios necesarios para incluir en la sesión de hoy el proyecto de eliminación de los superpoderes, que volverá a comisiones, los presidentes de los bloques de la Cámara alta acordaron debatir en el recinto la reforma al Consejo de la Magistratura, la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, ambos rechazados a la hora de votar, y el proyecto de regulación de las empresas de medicina prepagas, que tanto oficialistas como opositores descontaban que se aprobaría con las modificaciones propuestas por el ministro Juan Manzur. La iniciativa volvería a Diputados, entonces, reemplazando a la Secretaría de Comercio por el Ministerio Salud como órgano regulador, y excluyendo del nuevo régimen a las obras sociales y a las cooperativas.

El oficialismo logró devolver, por 36 votos a favor y 33 en contra, el proyecto de los llamados superpoderes a las comisiones correspondientes, cuestión que generó una larga discusión entre el Frente para la Victoria y la oposición sobre las condiciones en que debía sesionar la Cámara, ya que el proyecto no contaba con un dictamen de mayoría. La iniciativa, que llegaba con media sanción de Diputados, eliminaba todas las facultades extraordinarias que ahora mantiene el Poder Ejecutivo.

El 21 de agosto de 2009, el Senado había aprobado la norma enviada por la presidenta, Cristina Kirchner, que fijaba un techo del 5 por ciento del presupuesto a la reasignación de partidas, pero la iniciativa fue modificada en la Cámara baja, que eliminó la cesión de facultades del Congreso en favor del Ejecutivo, que la oposición consideró, en su momento, un triunfo. Con la resolución de hoy, el proyecto deberá ser discutido en comisiones antes de llegar al recinto.

Durante la sesión, la Cámara alta rechazó también por 38 votos a favor -los del oficialismo y los de los senadores por La Pampa, Carlos Verna y María de los Angeles Higonetsus- y 31 en contra, las reformas al Consejo de la Magistratura promovidas por la oposición en Diputados, que contemplaba aumentar de 13 a 18 el número de sus integrantes, con lo que la oposición se proponía debilitar la presencia del oficialismo sobre el organismo encargado de seleccionar y juzgar a los jueces.

El kirchnerista Nicolás Fernández señaló que el Consejo "tiene un funcionamiento que debe ser destacado" y que la representación del poder político "está legitimada por más de 20 millones de argentinos que votan cada dos años, en tanto que las corporaciones son respaldadas por 20 mil, en el caso de los abogados, y por 600 o 700, en el caso de los jueces". "Es mentira que el oficialismo tiene poder de veto", advirtió el senador por Santa Cruz, y agregó que "el único argumento de la oposición es que se trata de un proyecto enviado por la Presidenta".

El titular del bloque del FpV, Miguel Ángel Pichetto, criticó a la oposición porque "no puso pasión" en las reformas y "ahora es un debate tardío" porque todos los sectores ya eligieron sus representantes. "No sé por qué se exponen a perder: tienen una vocación por la derrota", chicaneó Pichetto.

A su vez, el radical Ernesto Sanz, quien fue miembro del Consejo, afirmó que el punto central de la reforma atacaba "el veto que ejerce el oficialismo". A favor de la reforma argumentaron la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso, y la cordobesa Norma Morandini, el socialista Rubén Giustiniani.

La oposición sufrió otra derrota al no lograr los votos suficientes para aprobar el proyecto que proponía mayores límites al uso oficial de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), por cuyo rechazo votaron 36 votos, contra 29. La iniciativa que había sido aprobado por la Cámara de Diputados imponía la exigencia de que todos los DNU debían ser aprobados por ambas cámaras del Congreso, proyecto que según el oficialista Fernández "resta calidad institucional y viola la Constitución Nacional".

Morales, por su parte, objetó el uso de los DNU y lo ejemplificó con el hecho de que en 2008 se usó un decreto para distribuir 48 mil millones, en 2009 36 mil millones y ayer la presidenta, Cristina Kirchner, firmó otro por 59.871 millones para usar los excedentes de la recaudación contemplada en el Presupuesto del año en curso. "El Gobierno está en el mejor de los mundos: sin presupuesto y con la plena vigencia de los DNU", opinó Morales.

Giustinuani rechazó el "uso abusivo" de los DNU que realizaron los últimos gobiernos, al sostener que Raúl Alfonsín sancionó 10 resoluciones de ese tipo, mientras Carlos Menem firmó 525 en sus diez años de gobierno.

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