Las FARC "exigen a quienes (...) nos conminan a hacer claridades y sentar posición sobre el importante asunto de víctimas del conflicto a que le rindan cuentas al país por su responsabilidad inocultable en la imposición de la tragedia bélica que ha sumergido a Colombia en una profunda crisis humanitaria", dijo la guerrilla en un comunicado leído por su delegado Jesús Santrích, antes de ingresar a la segunda jornada de conversaciones, en La Habana, Cuba.

La demanda fue una respuesta al negociador del gobierno, Humberto de la Calle, quien anteayer dijo públicamente que las fuerzas revolucionarias debían "responder" por los fallecidos y secuestrados durante el conflicto. Este reclamo llegó luego de que Sandra Ramírez, viuda del fundador de las FARC Manuel Marulanda, declarara que la guerrilla mantenía en su poder a un grupo de militares y policías colombianos.

Las declaraciones de Ramírez fueron desmentidas inmediatamente por Rodrigo Granda, miembro del equipo negociador de las FARC, quien se hizo eco del documento que acusa al gobierno de "negar la existencia de los prisioneros de guerra, de los presos políticos y de conciencia que suman ya alrededor de 8 mil entre hombres y mujeres, y que sobreviven hacinados en las cárceles" de ese país.

Ramírez confirmó, además, que ayer se entregó en la embajada de Ecuador en La Habana el documento en que solicita a los gobiernos de ese país y de Colombia, así como al Comité Internacional de la Cruz Roja, "la repatriación" de los restos mortales de los combatientes de las FARC abatidos en Sucumbíos (Ecuador).

El gobierno y la guerrilla reanudaron el miércoles sus conversaciones en La Habana, tras un receso de cinco días, para tratar poner fin al conflicto colombiano, el más antiguo en América Latina, y que ha causado unos 600 mil muertos, 15 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados, según las cifras estatales.