El titular de la UIF calificó a Ale como un "mafioso" que "hace 20 años que tiene una expansión continua y que ha llegado a tener candidatos a diputados y ha controlado el principal club de fútbol de Tucumán". Según la investigación, la banda delictiva que opera con Ale --en la que figuran dos mujeres imputadas en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón-- estaba "prácticamente instalada como en una especie de supra poder que llegó a controlar hasta sectores de la justicia".

El funcionario agregó que el grupo tiene "un empresa de taxis" a la que describió como "una estructura que abarca varias provincias, y son taxis que hacen los movimientos de mujeres a los prostíbulos y las trasladan sin saber a dónde van".

Por la magnitud de la banda delictiva, Sbatella subrayó la necesaria participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la UIF y 300 gendarmes en los allanamientos realizados en marzo pasado. "Hicimos una investigación previa para que en un solo día pudiéramos allanar 15 lugares en Tucumán y otra provincia, todos al mismo tiempo y los gendarmes que participaron fueron traídos de otro lugar para evitar lo que era vox populi: todo lo que estaba cerca era posible de ser controlado por este grupo", detalló.

El titular de la UIF, en diálogo con Radio Pública, precisó que en los allanamientos se secuestraron armas, se decomisó dinero y el núcleo principal fue embargado, y destacó que "la semana pasada se amplió el embargo a los 23 cómplices; por eso salimos ahora porque esperábamos que embargaran a todos los que nosotros imputábamos de lavado".

El funcionario resaltó que tiene buenas expectativas en el accionar de la Justicia, ya que "el juez que supervisaba los allanamientos posibilitó que se juntara gran cantidad de pruebas relacionadas con los otros delitos y además hubo protección ante las presiones cuando se secuestraron las armas".

Sbatella indicó que de las 23 personas que se solicitó a la justicia que llame a declaración indagatoria "los principales serían imputados como jefes de la asociación ilícita y trata de personas".

En tanto, el titular de la UIF resaltó que con la intervención de la justicia federal y con el trabajo de la Fundación Marita Verón "creemos que la expansión de prostíbulos se frenó, pero ellos tienen otras provincias y de alguna manera no ha parado".

Sbatella consideró que "al frenar la expansión y el uso económico de los bienes de la banda, que fueron decomisados, se genera la posibilidad de que eso se vaya desmantelando; pero se requiere no sólo de la justicia sino de la voluntad política de seguir".