La resolución, publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), señala que hace 15 días la Corte esperaba respuesta a los oficios librados tanto al Consejo de la Magistratura como a los ministerios de Justicia y de Seguridad con un pedido similar al que se hizo público esta tarde.

Entre las medidas reclamadas por los magistrados están la designación de jueces y camaristas vacantes, así como la mejora edilicia y la habilitación de nuevas unidades carcelarias para los presos por delitos federales. Además, los jueces solicitan que se incorporen más efectivos de la Policía Federal dedicado a estas investigaciones para evitar pedir la colaboración de las fuerzas provinciales.

La solicitud del máximo tribunal fue elaborada a partir de un encuentro convocado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para discutir la adopción de medidas de cooperación para el control del narcotráfico en el norte del país. Según el CIJ, esa reunión fue realizada el 18 de septiembre y contó con la asistencia de Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Miguel Medina, juez federal de Salta, y Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, entre otros.

Tras la reunión, el 24 de octubre, la Corte recibió el informe de la jurisdicción Salta-Jujuy, firmado por Villada y Roberto Loutayf Ranea, y un día después, otro documento con un radiografía de la situación en Tucumán, realizado por los jueces federales Daniel Bejas y Fernando Poviña.

En particular, el informe de la justicia salteña reclama una mayor presencia de fuerzas federales para "prevenir los conflictos que se avizoran a corto plazo ante la presencia de miles de personas que se están radicando en la zona dedicadas al tráfico de estupefacientes, contrabando y otras actividades ilícitas".

El informe elaborado por los camaristas salteños asegura que frente un incremento del 52 por ciento de las causas judiciales en la jurisdicción entre 2005 y 2012, las referidas a narcotráfico subieron un 84,6 por ciento y que "la mayoría de los detenidos del norte son bolivianos y peruanos.

También aluden a un "colapso del sistema carcelario" y enfatizan que la demanda legal de trasladar a los presos, en su mayoría de origen extranjero a zonas próximas a su residencia, no puede ser satisfecha. Los reclamos concretos se ciñen a la demanda de duplicar las plazas de la unidad penal de Cerrillos, en Salta, y construir otra o bien en la jujeña Yuto o en las salteñas Tartagal u Orán, así como un edificio federal único en Jujuy y otro en Salta, de una sede judicial en Tartagal.

Además, los jueces urgen por la creación de un gabinete criminológico para el seguimiento y control de los casos de narcotráfico y trata así como de dos centros de tratamiento de adictos y en la designación de jueces en juzgados ya creados, como el Tartagal.

En un informe de similares características, los magistrados federales Bejas y Poviña destacan que en Tucumán la dotación de la dirección de la Policía federal dedicada e hacer inteligencia en caso de drogas y crimen organizado solo tiene cuatro agentes, lo que obliga a los jueces a requerir la colaboración de la policía provincial.

El requerimiento emitido hoy por el máximo tribunal fue firmado por Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.