Viernes, 20 de febrero de 2015
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La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ratificó el fallo del juez Horacio Alfonso que en diciembre resolvió suspender por seis meses la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El 9 de diciembre pasado el juez Alfonso dispuso una medida cautelar que suspendió la resolución de la Afsca que establecía el inicio de la adecuación de oficio para el multimedios. Ante esto, el organismo que conduce Martín Sabbatella pidió la apertura de la feria judicial para tratar el caso, lo que fue concedido por conjuez de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal, Antonio Rojas Salinas.
Alfonso había dictado la medida suspensiva a pedido del Grupo Clarín contra la decisión de la Afsca de disponer el desprendimiento forzoso de medios por exceder el número permitido por la ley 26.522. La Afsca apeló esa cautelar y advirtió que se trata de la misma figura que el Grupo Clarin utilizó como estrategia para dilatar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En su fallo, los camaristas María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni ratificaron esa medida cautelar y sostuvieron que no se advertía "suficiente entidad en los argumentos de la recurrente que justifiquen revertir la decisión adoptada sobre el punto por el magistrado de la primera instancia". La resolución sostiene que "la medida adoptada más que afectar el interés público lo preserva, en la medida en que la comunidad toda tiene interés republicano en el respeto al debido proceso en todo procedimiento administrativo".
El Gobierno había intentado que la propia Corte Suprema resolviera el expediente mediante un recurso de “per saltum” que fue rechazado por el máximo tribunal a fines de diciembre por “falta de fundamentación”.
El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, cuestionó el fallo de la Cámara y apuntó contra algunos miembros del Poder Judicial “que hacen todo lo posible por impedir que el Poder Ejecutivo lleve adelante sus acciones de Gobierno”.
Consideró que el fallo “es otra grosera expresión de esa parte del Poder Judicial que decidió ponerse a disposición de los intereses de las grandes corporaciones económicas y mediáticas”.
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