El ministro de Transparencia de Brasil, Fabiano Silveira, renunció a su cargo después de que se divulgaran grabaciones de conversaciones en las que recomienda medidas para frenar las investigaciones por corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Silveira entregó una carta al presidente interino de Brasil, Michel Temer, en la que presenta su renuncia "irrevocable" al cargo, que era reclamada por sindicatos de su propia cartera, funcionarios de otros ministerios y hasta por el capítulo brasileño del grupo Transparencia Internacional (TI). Antes, Temer había confirmado al funcionario al considerar que "hasta ahora" no existían elementos para ordenar su salida del gabinete.

El domingo TV Globo divulgó nuevos audios aportados por Sérgio Machado, ex presidente de Transpetro, subsidiaria de Petrobras, que se acogió al régimen de delación premiada (información a cambio de una reducción de la pena que le corresponde). En los audios, Silveira, antes de ser nombrado ministro, critica a la operación Lava Jato, de investigación de la corrupción en la petrolera estatal, y aconseja cómo actuar ante uno de los investigados, el presidente del Senado, Renan Calheiros, para enfrentar las acusaciones. La grabación fue realizada el 24 de febrero pasado, informó TV Globo, que tuvo acceso al audio.

Machado grabó a varios miembros y aliados del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) como Romero Jucá, mano derecha de Temer, quien la semana pasada dejó el Ministerio de Planeamiento por un audio en el que llamaba a derrocar a Dilma Rousseff para poner freno a las investigaciones por la corrupción en Petrobras. Calheiros y el ex presidente José Sarney también se convirtieron en víctimas de las grabaciones de Machado, cuyo potencial alcance aún no puede ser precisado.

Según la presidenta Dilma Rousseff, separada del cargo mientras responde al juicio político que puede llevar a su destitución, la difusión de esas grabaciones, como aquella en la que Jucá afirma que para frenar el Lava Jato había que destituirla, demuestran que el proceso en su contra es un “golpe de Estado” que tiene por objeto “proteger” a los corruptos.