ECONOMíA › TEMAS DE DEBATE: EL LUGAR DEL AGRO EN UN PROYECTO DE DESARROLLO

¿Motor o complemento para crecer?

El conflicto por las retenciones móviles a las exportaciones de granos pasó, pero la discusión sobre el lugar que debe ocupar el campo sigue vigente. Qué riesgos supone apostar por un modelo basado sólo en las ventajas comparativas de la producción agropecuaria.

Producción: Tomás Lukin


Integración con inclusión

Por Alejandro Rofman *

Un proyecto de desarrollo nacional aparece como la herramienta más apta para encaminar la sociedad argentina hacia la construcción de un país solidario, inclusivo e integrado, en donde las actividades productivas se intervinculen y apunten a producir bienes y servicios para una nación que privilegie la distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, con justicia social. Este enunciado general implica que cada sector de actividad, en este caso el agropecuario, está obligado a garantizar determinadas condiciones tales que concuerden con el objetivo de desarrollo de la sociedad argentina previamente enunciado.

En la historia del país, desde la organización nacional a nuestros días, en pocas ocasiones se explicitaron proyectos de desarrollo. Vale la pena recordar, al respecto, el programa de la Generación del 80, de integración de la economía argentina a la división internacional del trabajo como país agroexportador y el del peronismo del ’45, que impulsó decididamente la conformación de un país industrializado, con fuerte intervención estatal y plena inclusión social, con decidido respaldo popular. Iniciativas de similar envergadura, finalmente, se pueden advertir en el programa “desarrollista” enunciado en 1958: inversión en industria pesada y semipesada e infraestructura, aunque con poca atención a la problemática social y a la equidad distributiva. Finalmente, el proyecto de la última dictadura militar, fuertemente regresivo en lo social y de aliento pleno al desarrollo de la especulación financiera, fue el último programa claramente enunciado el 2 de abril de 1976 y apoyado por los sectores más concentrados y enriquecidos de la sociedad argentina.

Nuestro postulado inicial pretende recoger el integral y racional aprovechamiento de las ventajas comparativas del agro pampeano de 1880, capitalizar la experiencia inclusiva y redistributiva del ’45 e incorporar un esfuerzo decidido a la industrialización, como en el ’58, aunque sobre bases de plena participación del capital nacional y criterios de distribución de los frutos del crecimiento con justicia social. El agro, sobre todo el pampeano, con un reparto originario de las tierras altamente desigual, obtuvo siempre elevados niveles de renta diferencial fruto de la fertilidad relativamente alta de la Pampa Húmeda con relación a otras áreas productoras del mundo. Esa renta alimentó el crecimiento de la Argentina agroexportadora y volcada al exterior, tanto por sus mercados como por la afluencia de la fuerza de trabajo. Pero cuando la Argentina se urbanizó y creció, tal perfil monosectorial fue insuficiente, y hoy sería incapaz de dar cobijo laboral y subsistencia a la población actual.

La presencia de la industria y los servicios sofisticados apareció, después de los ’30, como una opción de hierro. Y la renta diferencial de la tierra se constituyó, y aún lo hace, en el sustento básico para montar una actividad productiva urbana que necesariamente complete el perfil de una sociedad integrada y con pleno empleo. Y allí se desató el conflicto aún subsistente. Un proyecto integrador va a seguir presentando tensiones permanentes entre el sector que disfruta de ventajas de la naturaleza y dispone de excedentes para financiar al otro, que tiene que construir perdurables ventajas competitivas y que necesita tiempos extensos.

El Estado actuó, en la era de la sustitución de importaciones, con instrumentos idóneos para intervenir en la captación de los excedentes agrarios, como el IAPI, entre 1946 y 1953. En etapas más recientes impuso derechos de exportación, como fuente de ahorro de origen externo, a fin de financiar las inversiones productivas en las áreas urbanas.

La puja actual tiene, por supuesto, diferentes protagonistas que los históricos, pero no cambia su esencia original. El agro exportador ya no es solamente pampeano, aunque el mundo sojero le ha dado –con la intervención de abundante capital financiero– un peso decisivo. Es, al mismo tiempo, motor de industrias de apoyo y de insumos variados. El interior no pampeano también interviene en la agroexportación con productos industrializados, que no generan renta diferencial, pero ocupan mucha fuerza de trabajo, asentada en las fincas, con diversificación productiva y empleo familiar. Para afirmar un proyecto nacional de desarrollo como el enunciado inicialmente es preciso integrar la heterogénea y dinámica agroindustria pampeana a su rol esencial: abrir el camino a una actividad productiva urbana apta para dar empleo a millones de sus habitantes, garantizando que el perfil emergente del proyecto incorpore, como enunciado central, equidad y justicia social para todos y la imprescindible sustentabilidad ambiental.

* Investigador del Conicet.


Diversificar y especializar

Por Javier Rodríguez *

El debate sobre el desarrollo económico del país y el rol que en él tiene el sector agropecuario ha estado y está signado por la confrontación con una posición muy singular: aquella que sostiene que el país debe especializarse exclusivamente en tal producción, o a lo sumo en sus derivados. Podría pensarse que se trata de un debate acerca de si el país debe especializarse sectorialmente o diversificar su producción. Sin embargo, quienes planteamos la necesidad de la diversificación, entendemos que tal diversificación sectorial conlleva una especialización en determinadas producciones específicas. Por ello, el contenido real del debate no es el antagonismo entre la diversificación y la especialización sino que el mismo gira en torno de si debe excluirse o no la producción industrial, dadas las ventajas que tiene la producción agropecuaria.

La discusión acerca de que una nación se autoexcluya de la producción industrial sonaría realmente extraña en casi cualquier país, pero no en la Argentina. Esta propuesta fue impulsada y justificada a partir de la última dictadura militar, bajo el pretexto de la búsqueda de una mayor productividad promedio de la economía argentina.

La idea era sencilla, aunque no del todo explicitada: si en la Argentina el sector agropecuario tiene una mayor productividad que el sector industrial, una forma de incrementar la productividad media era que en la Argentina se abandonara la producción industrial, para especializarse en la producción agropecuaria. La desindustrialización fue defendida así como una búsqueda de mayor productividad. El resultado concreto fue el cierre de fábricas industriales en un proceso muy poco visto en otros países. Consecuencias de la desindustrialización fueron la sostenida caída del salario real, el incremento sin precedentes del desempleo, y hasta dos violentos episodios (1989 y 2001) de saqueos a comercios, que evidenciaron el deterioro de las condiciones de vida.

La tesis de la necesidad de autoexcluirse de la producción industrial es objeto de al menos cuatro grandes críticas, además de la observación de sus resultados concretos, que son elocuentes. En primer lugar, el argumento de la especialización se contradice con la historia de los países desarrollados, incluso con la de EE.UU., Canadá o Australia (que tienen importantes exportaciones agropecuarias). Todos estos países cuentan con un fuerte sector industrial, a tal punto que el desarrollo económico a nivel mundial es entendido casi como sinónimo del crecimiento de la industria.

En segundo lugar, los diversos estudios acerca de los términos de intercambio muestran que, a lo largo del siglo XX, el deterioro de los precios de los productos primarios con respecto a los industriales fue de casi el 1 por ciento anual. Otros trabajos muestran que el alza de los precios internacionales de las materias primas suelen ser situaciones temporales y que los altos precios no garantizan per se el desarrollo de los países.

Un tercer argumento de peso en contra de la autoexclusión de la producción industrial tiene que ver con la forma en que se distribuye la riqueza. La ausencia de determinado sector de la producción –en particular la industria– tiene como consecuencia intrínseca un menor nivel de empleo. Por el contrario, una industria fuerte, junto con sus encadenamientos productivos, permite mantener bajas tasas de desempleo y, en consecuencia, mejores condiciones de vida.

En cuarto lugar, la innovación y el desarrollo en nuevas tecnologías no es un proceso que pueda llevarse adelante en un sector aislado sino todo lo contrario. Tampoco es cierto que toda la tecnología pueda importarse, sin requerir de adaptación o de desarrollos locales. En consecuencia, incluso para que el sector agropecuario pueda mantener su competitividad internacional es fundamental contar con otras industrias (química, metalmecánica, etc.) que puedan innovar o difundir sus innovaciones.

Es cierto que el largo proceso de desindustrialización 1976-2001 ha dejado a la industria en la Argentina con un atraso relativo considerable, incluso con respecto a otros países de la región. Ello obliga a que, para acortar la brecha, la industria deba crecer y aumentar su productividad a altas tasas. No se trata de reproducir o mantener las condiciones de atraso relativo sino de impulsar un desarrollo que permita acortar esas distancias. En abierta contraposición al esquema de autoexclusión sectorial, surge la necesidad de impulsar el desarrollo de los distintos sectores. Ello requiere de estrategias comerciales internacionales que se nieguen a acatar pasivamente cierto rol en la división internacional del trabajo. También requiere de políticas para el desarrollo productivo, que trasciendan las meras señales actuales de precios.

* Investigador del Cenda y de la UBA.

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