El resultado opaco de la primera etapa de la reapertura del canje de bonos en cesación de pagos vuelve a revelar que el aislamiento forzado de las finanzas globales ha sido uno de los activos más importantes del período económico-político inaugurado en 2003. El deambular del equipo económico por las principales plazas especulativas para publicitar el trueque de papeles de deuda, en el mismo momento en que se precipitó la debacle del euro, refleja la vulnerabilidad de países endeudados cuando quedan atrapados de las reglas de funcionamiento de las finanzas globales. Estas tienen las características de exacerbar la volatilidad de los mercados y de aumentar considerablemente el peligro de contagio. Mantenerse alejado de ese casino global ha sido una resignada aunque oportuna estrategia de preservar el estrecho margen de autonomía de la política económica doméstica. La segunda ronda del canje más el objetivo de emitir un nuevo título público por 1000 millones de dólares bajo legislación extranjera, ambas operaciones coordinadas por los bancos Barclays, Citi y Deutsche, regresó al país a ese perturbador escenario financiero. El magro saldo de esa incursión terminó de desestimar esas evaluaciones apresuradas con escasa rigurosidad técnica acerca de que la oferta era muy ventajosa para los bonistas. Además debería servir como una prueba más del riesgo que implica quedar subordinado a los inestables mercados, que hoy exhiben una crisis de proporciones en Europa.

Convocar a otra vuelta del canje de 2005 tuvo el objetivo explícito de mostrar la posibilidad de concluir el default 2001 como dato positivo de la actual gestión gubernamental. También pretende normalizar las cuentas financieras para facilitar el acceso al crédito internacional de los Estados, nacional y provinciales, y para el sector privado. El sendero elegido para alcanzar esos fines marca la diferencia entre saber delimitar el accionar oficial en ese tipo de transacciones y quedar enganchado de la perversa dinámica del negocio especulativo global. A esta altura, con la sucesión de crisis durante la década del noventa y las que estallaron en el corazón del capitalismo global, en Estados Unidos 2008 y Europa 2010, la segunda opción no es recomendable. Esta fue la que transitó esta etapa del canje.

Esta operación que concluye el 7 de junio, aunque su momento más relevante ya ha terminado, estuvo liderada por bancos internacionales que finalmente no pudieron garantizar el piso mínimo de aceptación comprometido de 10 mil millones de dólares (el monto ingresado fue de unos 8500 millones, el 46 por ciento del total). Falta el segmento de pequeños y medianos inversores, con un objetivo de captura entre 1500 y 3000 millones de dólares. Con ese resultado seguirán en condición de default de 8000 a 10.000 millones de dólares en bonos, sin incluir unos 500 millones de dólares de títulos Brady y la deuda de alrededor de 7000 millones del Club de París. Esos bancos organizadores, además, han tenido la fortuna de que sus respectivos Estados salieran en auxilio para evitar la quiebra debido a los descalabros especulativos de sus balances. Se diseñó un esquema de difusión y marketing entre inversores, conocido como road show, donde la plana mayor de Economía buscó seducir a grandes y pequeños inversores. Tarea usual en los noventa que hubieran podido delegar en los financistas contratados para evitar ese indecoroso papel. De ese modo se hubiera evitado la confusión y establecido con más claridad quiénes eran los beneficiarios de esta operación.

Los inversores con bonos en default, que no han cobrado ni un dólar desde 2001 y cuyas demandas judiciales de suerte diversa no les han permitido recuperar ni un solo billete en casi diez años, son los que deberían haber estado más interesados en participar. El Gobierno le ha concedido, con el aval mayoritario de las fuerzas políticas en el Congreso, una segunda oportunidad, instancia controvertida, puesto que en 2005 se había asegurado que no se habilitaría la revancha. Pese a ello y a pesar de ser beneficiarios de una situación no esperada, lanzada la operación grandes fondos internacionales, fondos buitre, lobbistas de bancos estadounidenses e italianos que defraudaron a sus clientes con bonos argentinos, como Nicola Stock, cuestionaron la oferta por insuficiente. Se trata de una tergiversación del proceso que el equipo económico no supo desmontar. Los principales beneficiarios de la reapertura del canje son los tenedores de bonos en default. Si no lo consideraron así, la responsabilidad por mantener activos impagos les corresponderá a ellos, aspecto que Argentina podrá exponer en los diversos juicios que enfrenta en tribunales de Nueva York, Europa y en el Ciadi (tribunal dependiente del Banco Mundial), ahora con más argumentos debido a la voluntad de pago expresada por el país.

No sólo reapareció la figura de organizador con bancos internacionales y los road show mendicantes por Estados Unidos y Europa, sino que el canje estuvo acompañado con la intención de emitir un nuevo bono por 1000 millones de dólares. El anuncio de esa colocación reinstaló en la consideración pública el indicador riesgo país y la opinión de las calificadoras de riesgo. La evolución de ese índice determina la posibilidad o no de emisión de deuda en el mercado a una tasa de interés adecuada, que el Palacio de Hacienda definió en un dígito. A la vez reingresaron en el escenario las que hoy, luego de los impresionantes papelones en recientes crisis globales, son impresentables calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch). Como si tuvieran autoridad después de sonoros fracasos en su trabajo, informan sobre cuál podría ser la nota para la economía argentina según el resultado del canje y de la colocación de ese título público. La política doméstica queda así a merced de la evaluación de un grupo de analistas cuya mayor virtud es equivocarse en el diagnóstico y en las consiguientes recomendaciones. Esos expertos son agentes funcionales para preservar la hegemonía de las finanzas, estableciendo eslóganes simplistas que dominan los mercados. Su relevancia deriva de que deja de importar si sus sentencias son correctas o falsas, sino que la opinión promedio del mercado crea que son verdaderas. De esa forma fortalecen su intervención calificando sus “creencias” como fundamentales, imponiéndolas en el saber convencional como si fueran verdades reveladas.

Se sabe que cuando se manifiesta la intención de salir a pedir fondos, el mercado comienza el implacable disciplinamiento ante la exteriorización de necesidad de recursos. El país deja de marcar los ritmos de su financiamiento, sino que quedan en manos de los banqueros. Frente a ese potente factor de distorsión de la capacidad de gestión de un gobierno, la clausura de esa ventanilla por el castigo de haber declarado el default obligó a mantener el esquema de superávit gemelos (fiscal y comercial). Esto permitió eludir condicionalidades a la política económica. También descartó a esos hombres de las finanzas que brindan cátedra sobre lo que se debe hacer en materia económica, cuando sólo buscan garantizar el cobro de la deuda o embolsar suculentas comisiones, en este caso abonadas por los bonistas.

Del mismo modo que se ha huido de la auditoría del FMI porque ha demostrado más de una vez que sus recetas son de fracaso, también resulta recomendable escapar de esa fantasía de prosperidad ingresando en la perversa dinámica de las finanzas globales. Ya se conoce que se trata solamente de un camino con desenlace perturbador.